En Venezuela desde el inicio del gobierno del ex presidente Hugo Chávez hasta el actual mandato del presidente Nicolás Maduro, el compromiso político con la agricultura familiar ha sido evidente.

Para comenzar, destaca que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela condena el latifundio y dispone que el Estado debe desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social. Para asegurar el cambio necesario en el ámbito rural, se ha instrumentado un marco legal: la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. A través de ella, se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria.

Ciertamente, en Venezuela, pese a algunos avances iniciales logrados a través de la Ley de Reforma Agraria de 1960, pasados más de 40 años, la estructura de la tenencia de la tierra no varió en lo fundamental y no se logró un desarrollo agrario significativo, ni se elevó de manera sustancial la calidad de vida de la población campesina. Según el Censo Agrícola de 1998, elaborado por la Oficina Central Estadística e Información (actual Instituto Nacional de Estadísticas), el 5% de los propietarios agrícolas acaparaban el 75% de las tierras.

Así, rememorando, y junto a lo ya mencionado, encontramos acciones como el decreto de reforma agraria denominado “Guerra contra el latifundio” de 2005, el cual se encuentra dirigido a los grandes latifundios que han sido dejados ociosos o han sido empleados por debajo de su productividad. Este, a diferencia de lo estipulado en la Ley de Tierras de 2001, mediante el cual el Instituto Nacional de Tierras (INTI) había distribuido unas 2.2 millones de hectáreas a cooperativas que eran propiedad del Estado, ahora comienzan a ser entregadas a los campesinos.

Desde entonces se han tomado otras acciones. Se encuentra la creación de la Misión AgroVenezuela, la cual busca garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, a través de la asistencia técnica, dotación de insumos y financiamiento de los productores agrícolas; y a la que pueden acudir todas las personas que deseen incorporarse a la producción nacional de alimentos.