Los países de América Latina y el Caribe no pueden permitirse postergar la inversión en su capital más prometedor para el futuro del campo: las mujeres y hombres jóvenes que actualmente habitan los territorios rurales de la región.

Diversos acuerdos y compromisos internacionales han señalado el papel central de la juventud para la consecución de un modelo de desarrollo que beneficie a todas las personas. En el mundo rural, se trata de una premisa y, al mismo tiempo, de un desafío, porque las expectativas de vida de los jóvenes rurales no necesariamente son las mismas que las de sus padres.

Desde la mirada de los derechos humanos, las mujeres y hombres jóvenes no sólo son sujetos de derechos y obligaciones, también son potenciales agentes de cambio para sus comunidades, porque de su involucramiento efectivo depende el éxito de diversas políticas de desarrollo social y el traspaso generacional del desarrollo.

Desde una mirada económica, son los jóvenes quienes pueden dinamizar las actividades productivas rurales y sostener el crecimiento económico en el campo. Por eso, invertir en la juventud rural es una apuesta segura.

Sin embargo, en el caso de las jóvenes rurales, aún queda mucho por hacer.

A diferencia de los hombres, las mujeres jóvenes se hacen cargo de responsabilidades adicionales como el trabajo doméstico y de cuidados. En consecuencia, tienden a trabajar más horas en total, pero menos horas remuneradas.

De hecho, su implicación en el trabajo doméstico hace que sea alta su proporción entre aquellos que no estudian ni trabajan. Una problemática asociada a esta situación es que, debido a la falta de ingresos y recursos productivos propios, las jóvenes viven una fuerte dependencia del padre o su pareja, lo que resulta en muchos casos en situaciones de control y abuso de poder.

Las jóvenes rurales también necesitan que en sus comunidades se discutan abiertamente temas que las afectan de manera directa, como las desigualdades de género y la violencia sexual y reproductiva, entre otras situaciones que les impiden vivir en plena autonomía.

Por esta razón es urgente generar, mediante políticas de atención específica, oportunidades para que las jóvenes se involucren en actividades económicas con mayor autonomía.