Las estrategias de desarrollo rural son herramientas que permiten a los países de América Latina y el Caribe hacer del campo un referente de progreso económico, un baluarte de riqueza cultural y un reservorio de alimentos para toda la población.

Por eso, el desarrollo rural, entendido como la concreción de un entorno que permite el ejercicio pleno derechos económicos, ambientales y sociales, encuentra un gran obstáculo ante la falta de autonomía de las mujeres rurales.

Es sabido que en el medio rural aún persisten desigualdades de género en el acceso a la tierra, los bienes de producción, la asistencia técnica y los recursos naturales. Y a estas limitaciones se agrega la exclusión que viven las mujeres en el mercado laboral, así como la poca valoración de su trabajo productivo y de sus contribuciones en la conformación y reproducción del tejido social.

Así como las mujeres ven fuertemente amenazada su autonomía económica, también sufren desigualdades y amenazas para su autonomía física y política, siendo más víctimas de violencia y también teniendo menos oportunidades de ejercer liderazgos y participar en la vida pública de sus comunidades.

Menos oportunidades para las mujeres son menos oportunidades para el campo: Si las políticas estatales orientadas al desarrollo rural no revierten las desigualdades de género, entonces están agudizando la exclusión de las mujeres. Y el desarrollo no es desarrollo.

Por esta razón, las políticas de desarrollo rural tienen un rol clave en la deconstrucción de los estereotipos de género que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos de las mujeres rurales.

Los países de América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de promover acciones que apunten al mismo tiempo al crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad de género.

El hilo conductor es necesariamente el empoderamiento de las mujeres, porque solamente así podrán ejercer toda su autonomía económica, física y política.