La insistencia en las condiciones de desventaja de las mujeres que las mostraron, con evidencias empíricas, en los primeros puestos en la pobreza, como víctimas de violencia, y con la pesada carga de trabajo que ha implicado su participación económica en el mercado de trabajo y su participación política, ha sido sin duda la forma de visibilización de la condición de desigualdad estructural en las que se encuentran  las bases iniciales para exigir y conquistar sus derechos.

Desde otra perspectiva, se enfatizó en el reconocimiento de sus aportes como su trabajo en la economía, en la cultura, en el desarrollo, pero en desigualdad de condiciones. Este reconocimiento discursivo acerca de las contribuciones de las mujeres, y en particular de las mujeres rurales no encuentra correspondencia con la realidad que presenta una marcada desigualdad en el acceso a recursos educativos, tecnológicos, de tierra, crédito y otros recursos productivos, que ha conducido a que la agenda política de las mujeres rurales ya no sea solo de reconocimiento social y cultural,  sino de redistribución económica.