Acceso a la financiación agrícola

Las políticas deben tratar las restricciones en los mercados financieros rurales, ya afecten a la oferta o a la demanda, dada la situación subóptima en la que los proveedores de servicios financieros informales son los dominantes en las áreas rurales. Existen grandes oportunidades de mejorar la flexibilidad, la diversidad, el precio y la difusión de los productos y los servicios financieros mediante instituciones financieras formales.

Las políticas que aspiren a mejorar el acceso a la financiación agrícola y rural (créditos, ahorros, pagos, seguros y otros productos para la gestión de riesgos) deberían complementarse mutuamente entre agencias gubernamentales, en especial los ministerios de Finanzas, de Agricultura y de Asuntos Sociales, así como los bancos centrales y los reguladores de los mercados financieros. Estas políticas también deberían establecer sinergias con iniciativas de instituciones financieras y de empresas de agronegocios privadas, para asegurar que las intervenciones públicas tengan cierta envergadura y sean rentables al reducir las restricciones en los mercados financieros rurales.

Las políticas deberían alentar y fomentar las innovaciones a nivel de cooperación, de procesos, de productos y de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) que mejoren la prestación de servicios y productos financieros centrados en los clientes y movidos por la demanda para un gran abanico de clientes rurales, centrándose sobre todo en segmentos tradicionalmente excluidos, como las familias agricultoras, las pequeñas y medianas empresas de agronegocios, las mujeres, los jóvenes y la población indígena.

Tras crisis globales como el cambio climático, los conflictos y las pandemias las políticas deberían aspirar a fomentar el acceso y el uso de un conjunto de servicios financieros que puedan ayudar a la población rural a sobrellevar el impacto de la crisis, sobre todo en lo que respecta a los grupos más vulnerables, como los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes. Estos servicios incluyen programas de transferencias monetarias que pueden contribuir a asegurar una resiliencia adecuada de los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de grandes segmentos vulnerables de la población rural, así como créditos a corto y medio plazo para microempresas y pequeñas y medianas empresas, que pueden ayudarlas a afrontar las alteraciones inevitables en su negocio causadas por los confinamientos, las restricciones de movimientos y los consiguientes descensos de demanda. En el contexto de esta respuesta normativa, es imposible exagerar la importancia de promover un proceso general de digitalización de los servicios financieros a nivel nacional, tanto desde el lado de la oferta como el de la demanda de dichos servicios.