Muchos sin reconocimiento y marginados

El 90% de los pescadores de captura y trabajadores de la pesca en el mundo pertenecen a la pesca en pequeña escala, y esta aporta más del 50% de la captura de peces en los países en desarrollo. Sin embargo, las comunidades de pescadores artesanales muchas veces son las más pobres y las más marginadas política y socialmente. Esta marginación muchas veces significa que estas comunidades carecen de acceso a servicios básicos como el agua potable y la vivienda, pero también a los servicios de escolarización y salud.

La mayoría de los trabajos pertenecen al sector informal. Las ganancias son inestables, en parte porque las capturas de peces varían con las estaciones. En algunos casos, no hay planes de protección social a los que tengan acceso los pescadores y los trabajadores del sector pesquero. En otros casos, existen planes, pero para los pescadores y trabajadores de la pesca podría ser difícil unirse a los regímenes de seguridad social que requieren el pago de una cuota mensual.

En general, la pesca se considera una ocupación muy peligrosa y, a menudo, los trabajadores deben soportar largas horas de trabajo y malas condiciones de salud y seguridad ocupacional. La violencia, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, el abuso sexual y la falta de seguridad en el mar, en algunos casos, pueden aumentar la vulnerabilidad de los pequeños pescadores.

Acoplar el desarrollo social con la gestión sostenible de la pesca

Para que se reconozcan los derechos de los pescadores y trabajadores del pescado es fundamental que se les consulte sobre las decisiones que les afectan y los recursos de los que dependen. Los trabajadores formales e informales a lo largo de toda la cadena de valor de la pesca deben poder trabajar en condiciones decentes y con remuneración. Esto incluye a los trabajadores migrantes, que desempeñan un papel importante en la pesca a nivel mundial. El trabajo forzado, la violencia y la servidumbre por deudas deben terminar.

Reconociendo las circunstancias distintivas de los pescadores, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) busca promover su inclusión económica y fortalecer su resiliencia y seguridad de medios de vida a través de la expansión y adecuación de los programas de protección social. Apoya el fortalecimiento de las capacidades nacionales al aumentar la comprensión de las barreras que enfrentan las pesquerías de pequeña escala para acceder a la protección social.

Las Directrices PPE llaman al desarrollo económico y social de las comunidades de pequeños pescadores para que puedan disfrutar de sus derechos humanos. Se exhorta a los gobiernos a garantizar que las normas internacionales se incorporen en las legislaciones nacionales. Esto incluye el derecho a un nivel de vida adecuado, el trabajo decente, y asegurar el suministro de sanidad, educación y otras necesidades esenciales.

Las Directrices PPE recomiendan que los Estados inviertan en el desarrollo humano de las comunidades de pequeños pescadores, y que integren la seguridad y la salud ocupacional en la gestión de la pesca. La seguridad social, el acceso al crédito y los regímenes de seguros son otra importante recomendación a los Estados para fortalecer las comunidades de pequeños pescadores. Los Estados también tienen la responsabilidad de poner en práctica las leyes que regulan la seguridad en el mar, y dar acceso a capacitación y equipo de seguridad.

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