Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

Tras siete años de negociaciones en el seno de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en noviembre de 2001 la Conferencia de la FAO aprobó el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. El Tratado entró en vigor en 2004, después de que lo ratificaran 40 gobiernos.

Su finalidad es garantizar la seguridad alimentaria por medio de la conservación, el intercambio y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFFA) mundiales, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. En él se reconocen asimismo los Derechos del agricultor, con sujeción a las legislaciones nacionales, con el fin de: a) proteger el conocimiento tradicional pertinente para los RFAA; b) garantizar el derecho a participar en condiciones de igualdad en la distribución de beneficios procedentes de la utilización de los RFAA; c) garantizar el derecho a participar en la adopción de decisiones nacionales sobre cuestiones relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de los RFAA. El Tratado establece el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios para facilitar el intercambio de germoplasma vegetal y la distribución de beneficios a través del Acuerdo normalizado de transferencia de material.

Este Tratado jurídicamente vinculante abarca todos los recursos fitogenéticos de interés para la alimentación y la agricultura, y está en consonancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Ningún país es autosuficiente en lo que respecta a los recursos fitogenéticos, por lo que la cooperación internacional y el intercambio de recursos genéticos son de importancia fundamental y constituyen condiciones necesarias para la seguridad alimentaria. A través del Tratado, los países acordaron crear un sistema multilateral a fin de facilitar el acceso a los principales recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y compartir de forma justa y equitativa los beneficios derivados de ese acceso.

El Tratado reconoce la enorme contribución que los agricultores y sus comunidades han realizado y continúan realizando para la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos. Esta es la base para los Derechos del agricultor, que comprenden la protección de los saberes tradicionales y el derecho a participar equitativamente en el reparto de beneficios y en los procesos nacionales de adopción de decisiones acerca de los recursos fitogenéticos. El Tratado responsabiliza a los gobiernos de la aplicación de estos derechos.