Cuando las Cortes Generales aprobaron la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el objetivo fundamental era llenar un vacío legislativo y político que supliera la ausencia de una legislación y de una política rural propias, que se había cubierto parcialmente con reglamentos y políticas derivadas de la Unión Europea. Por primera vez durante nuestro actual periodo democrático íbamos a disponer de una ley de rango estatal en materia de desarrollo rural.

El desarrollo rural no ha existido como concepto, ignorando y despreciando la capacidad y la propia existencia de cerca de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas. Las actividades que se desarrollan en el medio rural son de una importancia decisiva en nuestro sistema productivo, no solo por el empleo y riqueza que generan, sino porque estructuran el territorio, fijan población, son difícilmente deslocalizables y constituyen una reserva de materias primas imprescindible para la seguridad alimentaria de nuestro país.