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FAO en Guatemala

Guatemala en una mirada

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

Según datos de la ENCOVI 2014, la pobreza total  afecta al 59.3% de la población guatemalteca -, 23.4% en pobreza extrema. Esto significa un preocupante aumento con referencia al 2006, donde la pobreza total afectaba al 51.2% de la población, y la pobreza extrema al 15.3%. Esto significa un aumento de 8 puntos porcentuales en pobreza extrema. En 2015, Guatemala ocupó la posición 128 de 188 países, en el índice de Desarrollo Humano1, ubicándose en la categoría de países con desarrollo humano medio.  La posición que ocupan los demás países de Centroamérica es mejor que la de Guatemala, Nicaragua (125), Honduras (131), El Salvador (116) y Costa Rica (69). Además, en términos económicos, Guatemala es el quinto país más desigual de América Latina y el Caribe, con un Coeficiente de Gini de 55.9%.

La situación de Inseguridad Alimentaria en Guatemala no ha tenido cambios sustanciales del 2011 al 20142. Cuatro de cada cinco hogares en Guatemala viven en inseguridad alimentaria: 40% de los hogares viven en inseguridad alimentaria leve (caracterizada principalmente porque existe incertidumbre y preocupación por los suministros alimentarios y se hacen ajustes en el presupuesto del hogar que afectan la calidad de la dieta ), 25% de los hogares están en Inseguridad Alimentaria Moderada (caracterizada porque además de la calidad de los alimentos se limita su cantidad) y finalmente 12% de los hogares en Guatemala viven en Inseguridad Alimentaria Severa (hogares donde ya se experimenta el hambre y pasan hasta un día sin poder comer, situación que afecta tanto adultos como niños en el hogar).

En Guatemala, el suministro global de alimentos es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de toda la población, y va en deterioro año con año. Una de las causas la constituye la condición incipiente de políticas que incentiven la producción de alimentos y al modelo agrario orientado a la exportación; a lo que se adiciona los efectos del cambio climático.

El aumento de la disponibilidad de alimentos de origen animal no se refleja en el mejoramiento de la ingesta, debido a la amplia asimetría existente en la obtención de ingresos. Adicionalmente la deficitaria infraestructura productiva (sistemas de riego), restringe el proceso de desarrollo de procesos productivos.

El desaparecimiento de especies vegetales nativas ligadas a los ecosistemas y los cambios en los patrones de consumo de la población; así como falta de cultura y educación alimentaria y nutricional han motivado que la variedad y calidad nutritiva de la ingesta se haya reducido, afectando de manera significativa el escenario nutricional del país.

Las inadecuadas condiciones ambientales, las deficientes condiciones de salud de los individuos y la inocuidad de los alimentos, inciden en el aprovechamiento de los nutrientes ingeridos por las familias, constituyendo un factor adicional que acentúa las condiciones nutricionales del país.

Guatemala fue uno de los primeros países de América Latina que emitió una ley sobre seguridad alimentaria, en el año 2005, los esfuerzos institucionales para combatir el hambre se manifiestan con mayor atención a partir del año 2002 en el que el país sufrió una severa sequía y caída de los precios del café, uno de los principales productos de exportación nacional.

La Ley del SINASAN (Decreto 32-2005), fue una ley novedosa siendo tomada como ejemplo por legislaturas de otros países. Esta ley generaba y daba nacimiento a toda una institucionalidad gubernativa en el país, y permitía una enorme participación desde las comunidades, los municipios, los departamentos y a nivel nacional.

Con los grandes retos que Guatemala enfrenta en términos de pobreza, inseguridad alimentaria, y los constantes impactos que el cambio climático genera en las poblaciones rurales más vulnerables, los esfuerzos fiscales no son suficientes para afrontar la problemática.

AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO RURAL INTEGRAL

El Estado guatemalteco se encuentra obligado a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones para alcanzar progresiva y permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida (PNDRI, 2009). Es necesario que el derecho al desarrollo constituya la premisa bajo la cual el Estado oriente su accionar por medio de instrumentos de gestión pública, en aras de abordar las diversas problemáticas y carencias que actualmente afectan a un gran número de personas. En este marco, el desarrollo debe centrar sus intervenciones en el ser humano, definirse como un proceso global de carácter económico, social, cultural y político que tienda al «[...] mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y distribución de los beneficios que de él se derivan». (Sistema de Naciones Unidas, 1986), teniendo como fin el desarrollo humano sostenible de las poblaciones que habitan las áreas rurales. Aun cuando no hay una definición generalizada a nivel mundial sobre que denominamos desarrollo rural, todas las normativas antes descritas coinciden en señalar que es un proceso mediante el cual se mejora la calidad de vida de la población rural. En ese sentido, por definición, no puede haber desarrollo rural al margen del desarrollo humano (ICEFI 2014).

La República de Guatemala, a través del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, las Metas de Desarrollo plasmadas en los Objetivos del Milenio y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial –ECADERT-,  se encuentra comprometida ante la comunidad internacional para generar condiciones que promuevan el desarrollo rural integral (PNDRI, 2009). 
La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el artículo 118 que “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional”. Los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA), también señala la necesidad de sustentar la paz firme y duradera sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común, que responda a las necesidades de toda la población, reiterando la necesidad de superar las situaciones de pobreza, desigualdad, marginación social y política, que se han producido en el país especialmente en el área rural, sobre todo en las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, menores de edad y mujeres. Dicho Acuerdo es la base que sustenta las luchas sociales por la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI-  y la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral en el Congreso de la República.

En el contexto nacional se conceptualiza el desarrollo rural integral en los instrumentos normativos como “Un proceso fundado en una visión territorial del espacio rural, constituido a partir de determinadas dinámicas territoriales (que obviamente son sociales y contradictorias) y en donde el Estado (en sus diferentes niveles) se pone al centro del mismo para impulsar y favorecer, no sólo el crecimiento económico, son también, las políticas públicas integralmente concebidas que lo viabilicen (articulación de políticas sociales y económicas), asì como la distribución de activos productivos, para que la población esté en condiciones de aprovechar, de manera equitativa, las oportunidades de desarrollo humano, en un contexto nacional caracterizado por la multiculturalidad y con garantía de la sostenibilidad ambiental (Zapata, 2009).

II. SITUACIÓN ACTUAL
Se reconoce que la distribución desigual del desarrollo en el territorio de Guatemala afecta negativamente sobre todo a las áreas rurales, especialmente a grupos vulnerables como mujeres, pueblos indígenas y campesinos, quienes recurrentemente también son los más afectados por fenómenos climatológicos que afectan negativamente sus medios de vida. Las condiciones de insalubridad, bajo nivel educativo, carencia de servicios básicos, desempleo y pobreza que han caracterizado a estas áreas se mantienen prácticamente inalteradas, a pesar de algunos logros en los indicadores de carácter macroeconómico (K’atun 2032).  Sin duda ha habido intervenciones del Estado en el área rural, pero éstas no han logrado afectar positivamente las condiciones estructurales e históricas que impiden el desarrollo de los territorios rurales (Adrián Zapata, 2015). Es decir, resulta evidente que el modelo de desarrollo rural en el país ha sido concentrador, excluyente e insostenible.

La reducción y/o eliminación de la pobreza es el mayor desafío que afronta el país; por ello, es uno de los temas de primer orden que las políticas públicas deben atender. Según la Encovi 2011 (INE, 2011), más de la mitad de la población guatemalteca se encuentra por debajo de la línea de pobreza (53.71%). La reducción de la problemática ha sido considerablemente lenta y ha estado marcada por retrocesos y estancamientos; además, existe una limitada movilidad social de la pobreza, pues la gente que nace en un hogar pobre está condenada a seguirlo siendo, en su mayoría (K’atun 2032).

La pobreza también es condicionada por elementos como el modelo de desarrollo económico y de generación de empleo; inequidades y exclusión en acceso a salud, protección social y educación; insostenibilidad ambiental; falta de gobernanza y débil institucionalidad; alta conflictividad; dinámicas de población urbano y rural; inseguridad alimentaria y hambre, entre otros. Por ejemplo la inseguridad alimentaria y nutricional limita la capacidad de desarrollo de un país, ya que determina las capacidades físicas, mentales y sociales de sus habitantes (K’atun 2032).

El principal instrumento nacional en materia de desarrollo rural lo constituye la Política nacional de desarrollo rural integral (PNDRI), que es una política multi e intersectorial, que reconoce como «Sujeto Priorizado», la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales.  Definiendo a la economía rural, indígena y campesina, como el sujeto económico que, contando con el rol rector del Estado y su acción como promotor del Desarrollo Rural Integral, se constituirá en un actor fundamental del desarrollo rural, entendiendo éste como el desarrollo humano integral de las poblaciones que habitan en esos territorios.

El Plan de implementación de esta política propone los caminos del desarrollo rural siguientes: El Camino Campesino, el Camino del emprendimiento y la inversión para la generación de empleo, El Camino de la Inclusión Social, El Camino de los Caminos, El camino del Empoderamiento Socio-político, El Camino del Diálogo y la Concertación para la acción, y El Camino de la Luz y la Energía que representan una visión complementaria que debería allanar la ruta de intervención estatal para superar las resistencias y obstáculos que los sectores tradicionales de poder y las visiones ortodoxas han limitado a programas de asistencia social y alimentaria.


USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS ANTE CRISIS Y DESASTRES

Guatemala se caracteriza por tener alta diversidad biológica, un espacio relativamente pequeño, que favorece la presencia de una significativa y singular diversidad de ecosistemas. El país cuenta con once ecorregiones  y doce zonas de vida siendo la que más predomina los Bosques Húmedos de Péten- Veracruz (76.65%) y Bosque muy húmedo subtropical cálido (23.78%), respectivamente. Para el año 2014 se reportaron 328 áreas protegidas que representan un área de 34,402.63 km2, equivalente al 30.65% del territorio Nacional, la cual se encuentra bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

A pesar de que el CONAP es el administrador del 30.65% del territorio nacional las asignaciones presupuestarias que recibe reflejan debilidades relativas a las prioridades asociadas con la diversidad biológica. Durante el periodo comprendido entre 2008 y 2013, la mayor asignación presupuestaria represento el 0.16 % (Q92,362,605.00) del presupuesto total del Estado. Para el resto de años, el promedio anual de asignación presupuestaria fue de 0.13 %. Los bajos porcentajes de asignación presupuestaria han repercutido en la gestión administrativa que se hace dentro de las áreas protegidas ya que no llega a satisfacer las demandas mínimas para cumplir con los objetivos de conservación, durante el año 2011 y 2012 la efectividad de manejo de la áreas protegidas fue  de 370 puntos en una escala de 1000 puntos, (poco aceptable).

Los esfuerzos por evitar que la superficie cubierta por bosques disminuya en el país no han sido suficientes, para el  año 2001 el porcentaje de la superficie cubierta con bosques fue de 38.1% mientras que para el año 2012 fue de 33.7%, es decir que en un periodo de doce años la cobertura forestal se redujo en 4.36%, equivalente a una pérdida anual de 39,777.1 hectáreas. Un estudio realizado por el  Grupo Interinstitucional de monitoreo del Bosque y Uso de la Tierra (Gimbot) en el año 2014, revelo que para el periodo comprendido del 2001 al 2010 se estimó una pérdida neta de cobertura 437,827 hectárea, las cuales fueron sustituidas  en orden de impacto negativo por tierras para producción de cultivos anuales y pastizales, palma africana, procesos de urbanización y producción de hule.

Por otro lado, la disponibilidad de recursos hídricos en el país ha sido estimada en 97,120 millones de m3, distribuidos de forma irregular en 3 vertientes y 38 cuencas. Se estima que el aprovechamiento de este recurso es clave para el 70 por ciento de las actividades que conforman el Producto Interno Bruto (PIB). El riego sirve, además, como insumo para el 18 por ciento del total de las exportaciones. De esta forma, se calcula que la generación directa del valor agregado del agua es equivalente al 5.6 por ciento del PIB, expresado en una suma cercana a Q13,400,000.00 anuales. Sin embargo, el precio financiero económico es cero, con excepción del agua potable y algunas veces la de riego (Segeplan, 2006). Además, pese a la demostrada disponibilidad del recurso, en algunas áreas se manifiestan síntomas de estrés hídrico: sequias en zonas agrícolas (Corredor Seco), Escasez de agua para consumo humano (ciudad capital) y demanda insatisfecha de agua en varias regiones del país.

Durante el periodo comprendido entre 2001 y 2010, la tendencia en la utilización del agua a nivel nacional aumento gradualmente, pasando de más de 14 millones de m3 en 2001, a un poco más de 20 millones, en 2010,  es decir que paso del 15.29% a 20.61%.  Para  este mismo periodo se estima un promedio de utilización, en metros cúbicos por persona, de 1,332.04/año, valor considerado como aceptable. Según las  Naciones Unidas indican que, si una región dispone de menos de 1,000 m3 de agua/habitante/año, presenta riesgo hídrico3. Con los porcentajes de regulación o gestión del agua alcanzados en el país, es de esperarse que en el área rural la producción agrícola para el autoconsumo este supeditada a la precipitación pluvial y, en algunos casos, a la extracción mediante sistemas de riego poco eficientes, sin embargo, independientemente de cómo se obtenga el líquido, no genera costos significativos en las actividades productivas (principalmente la agricultura extensiva, que capta la mayor parte de los caudales de los cuerpos de agua, dejando sin acceso a este recurso, a las comunidades que se encuentran en la parte baja de las cuencas).

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Para el cumplimiento de los acuerdos signados por el país, el  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, (MARN) ha implementado prohibiciones, normativas y licencias ambientales de importación, entre otros. En el año 2003, el MARN emitió el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental,  el cual dio origen al Sistema Nacional de Licencias Ambientales de Importación. Estas licencias se basan en cuotas de importación por sector y por empresa, así como en la aplicación de desincentivos a las importaciones de Substancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), e incentivos a las Importaciones no SAO. Asimismo, en 2005 se crea la Unidad Técnica Especializada de Ozono, adscrita al MARN, cuya función principal es implementar acciones nacionales para el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales.

Guatemala fue declarado el primer país de la región centroamericana y, de forma anticipada, como un país libre de importaciones de Cloro Flurocarbono (CFC) y consumo cero desde el año 2009. También ha habido una tendencia a la disminución del Bromuro de Metilo (CH3BR); sin embargo, esta sustancia se continuará utilizando en un promedio de 30-40 toneladas métricas anuales, únicamente para usos cuarentenarios y a partir de licencias ambientales de importación otorgadas por el MARN al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa). Entre otros controles, se cuenta han realizado acciones en de la Normativa NIMF-15 (relacionada con el tratamiento de embalajes de madera utilizada en el comercio internacional); Esto es aceptado por el Protocolo de Montreal en tanto se encuentran sustitutos del CH3BR para usos especiales.

Según el calendario de eliminación de SAO en el país, entre 2002 y 2009 se permitió el consumo de 736 toneladas de CFC. Sin embargo, solo fueron importadas (consumidas) 529.4 toneladas, lo cual equivale a eliminar o dejar de utilizar 206.6 toneladas de CFC en un periodo de siete años. La eliminación de 206.6 toneladas de CFC es equivalente a suprimir 206.6 toneladas de PAO4 y 2,189.96 toneladas de CO2 equivalente5. Para el caso del HB3R el comportamiento en cuanto a importaciones fue similar, para eta sustancia se permitió la importaron 5,009.29 toneladas  entre el periodo de 2016 a 2014, sin embargo solo se importaron 3,503.04 toneladas de CH3BR, lo cual es equivalente a eliminar o dejar de utilizar 1,506.25 toneladas de CH3BR que, a su vez, equivalen a eliminar 903.75 toneladas de PAO6 y 7,531.25 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2)  equivalente7.

En cuanto a las emisiones y absorciones de CO2,  Guatemala  ha realizado tres inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que reflejan un aumento en las emisiones de CO2 per cápita, las cuales pasaron de 0.84, en 1990, a 0.99 en el año 2005. Esto equivale a un incremento del 17.85 por ciento en un lapso de quince años. Por su parte, las absorciones disminuyeron en un 62.18 por ciento, pasando de 42,903.73 Giga gramos (Gg) a 16,227 Gg, en el mismo periodo de tiempo.

Uno de los factores relacionados con el aumento en la producción de CO2 es el incremento del parque vehicular. Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2012, la cantidad de vehículos aumento en un 221 por ciento, con un promedio de 187,024 vehículos por año.  Otros factores relacionados con el aumento en las emisiones de CO2 son los incendios forestales y el cambio en el uso de la tierra. La silvicultura y el cambio en el uso de la tierra son la principal fuente generadora de CO2, situación que ocurre debido a la conversión de suelos con cobertura vegetal en suelos de uso agrícola y/o ganadero. Como consecuencia de esta trasformación, se estimaron 8,264.1355 Gg de CO2 emitidos en el año 2005 (este valor incluye la biomasa quemada y en descomposición).

En términos generales, existe una fuerte tendencia hacia la reducción de la capacidad de fijación de carbono, situación que se ve reflejada en la estimación de emisiones por unidades de uso de la tierra. Para las tierras forestales se calculó una disminución en la capacidad de fijación de 50,379 toneladas netas de carbono, mientras que para las tierras agrícolas y praderas la ganancia en toneladas netas de carbono fue, durante el periodo 2001-2010, de 13,896 toneladas. Como resultado de este cambio en el uso de la tierra, el país perdió la capacidad de fijar 36,483 toneladas de carbono, en un periodo de 10 años, es decir, una perdida promedio anual de 3,648.3 toneladas de carbono.

RIESGO DE DESASTRE

La vulnerabilidad asociada con las múltiples amenazas derivadas de los fenómenos geológicos, antrópicos e hidrometeorológicos (estos últimos exacerbados por el cambio climático) hace que Guatemala se considere como uno de los países con mayor riesgo en el mundo8. Esto, relacionado con las condiciones de inseguridad alimentaria, pobreza y poca capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población, presenta  un escenario poco favorable para alcanzar el desarrollo humano sostenible.

Lo anterior, se evidencia claramente en los US$ 3,784.97 millones de pérdidas económicas que el país ha sufrido desde la ocurrencia del huracán Mitch, en 1998, hasta la ocurrencia de la depresión tropical 12E, en 2011, cuyo número de personas afectadas alcanzó los 2.2 millones para el mismo periodo de tiempo. En promedio durante los últimos 7 años el Estado de Guatemala ha invertido en reconstrucción US$ 100 millones  anuales, monto que se equipara con los recursos asignados a importantes sectores en el país.

Para el sector ambiente el impacto económico de los fenómenos  en Guatemala, tales como: Mitch, en 1998; Stan, en 2005; Ágatha, en 2010; y DT12-E, en 2011,  las pérdidas fueron de 1%, 4%, 17% y 42%, respectivamente, en relación con el total de las pérdidas ocasionadas por evento (K´atun 2032). En ese sentido, se constata que el país es altamente vulnerable a las amenazas inducidas por el cambio climático y la ocurrencia de otros fenómenos naturales..

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1. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2015.
2. La Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria –ELCSA- es ya un módulo en las Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida, a partir del 2011.
3. Las Naciones Unidas consideran que un volumen mayor de 1,000 m3/persona/ano es suficiente para atender las demandas de consumo humano (consumo directo y saneamiento) y las generadas por otras necesidades de los sectores económicos (agricultura, industria y energía).
4. Eliminar una tonelada metrica (tm) de CFC equivale a eliminar una tonelada de PAO.
5. Eliminar una tm de CFC equivale a eliminar 10.6 tm de CO₂ equivalente.
6. Eliminar una tonelada de CH3BR equivale a eliminar 0.6 toneladas de PAO.
7. Eliminar una tm de CH3BR equivale a eliminar 5 tm de CO₂ equivalente.
8. El Índice Global de Riesgo Climático 2015 califica a Guatemala como el noveno país más afectado por eventos climáticos en los últimos veinte años y calcula que en este periodo ocurrieron más de 80 eventos cuyas pérdidas en el Producto Interno Bruto, supera los US$470 millones.  Según la misma fuente, Guatemala ha sido el país más afectado por eventos climáticos adversos de los países de la región,  lo que se traduce en amenaza constante  que limita la capacidad de reacción de las comunidades para recuperarse, afectando a los grupos con menores recursos económicos y  comunidades que carecen de servicios básicos de forma regular.