Gloria Canclini es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay y es parte de la red Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) apoyada por el Programa España - FAO y el Programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO.

A continuación, su columna sobre alimentación y acciones urgentes a considerar en contexto de COVID-19: 

Encendidas las alarmas, la mirada se vuelca hacia los Estados. Hoy más que nunca se requiere de compromiso político y acciones conjuntas de gobiernos, parlamentos, sector privado, sociedad civil, academia y organizaciones multilaterales, para lograr la mitigación de los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios de la región y Uruguay puede dar el ejemplo.

Hasta ahora, Uruguay ha sido exitoso en el control de la propagación de la epidemia COVID-19, destacándose por el marco institucional y legal de protección social y de bienestar para una población que históricamente le permitió construir políticas de Estado.

Pero mi país se enfrenta al desafío de impulsar políticas públicas que profundicen los avances para corregir la malnutrición en todas sus formas, ya sea por carencia de micronutrientes (hambre oculta) o por obesidad, porque expone a quienes la padecen a mayor riesgo de muerte, a condiciones de salud graves crónicas y a mayor prevalencia de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta.

Ley Marco de Seguridad Alimentaria e instalación de Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay 

Contar con una ley Marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que articule el accionar de las instituciones que tienen competencia en la materia, sería un paso muy importante para desarrollar políticas y estrategias que conformen un sistema alimentario sostenible, que promueva dietas saludables y asequibles, como parte de los esfuerzos necesarios para acabar tanto con el hambre como con todas las formas de malnutrición.

En complemento, la instalación en esta nueva legislatura del capítulo nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC) - estructura plural promovida por la FAO y la Cooperación Española -, significaría un apoyo estratégico muy importante para impulsar legislación a favor del acceso pleno del derecho a la alimentación adecuada, considerando que este derecho está íntimamente ligado al derecho a la vida y a la salud.

De lograrse, ambos avances podrían contribuir a sensibilizar e influir a favor de hábitos y consumo de dietas saludables, con posibles sinergias para la sostenibilidad ambiental, afirmando el principio de “no regresividad” en los avances alcanzados y manteniendo vigentes los desafíos de la Agenda 2030.

En el plano internacional, el compromiso parlamentario de Uruguay en torno a la seguridad alimentaria y nutricional ha sido atendido y respetado desde el momento en que se conformó el FPH-ALC en 2009. Cabe destacar que su primer coordinador regional fue el exlegislador uruguayo José Carlos Cardoso.

Desde este espacio, Uruguay tuvo activa participación en foros internacionales que promovieron normas que contribuyeron a que la región pudiera avanzar en reducir el hambre y la subnutrición.

También desde el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), aliado estratégico del FPH-ALC, Uruguay tuvo activa participación en la elaboración de importantes leyes modelo, que son referencias en la región.

En el contexto actual, donde la inseguridad alimentaria vuelve a estar en las agendas políticas del continente como desafío urgente que atender, Uruguay está por fuera de esos diálogos, cuando podría beneficiarse y aportar ejemplos de buenas prácticas mediante una política que regule el etiquetado de alimentos y una Ley Marco.

Uruguay brilla por su ausencia en estos ámbitos, justo ahora, cuando entre las repercusiones socioeconómicas y sanitarias a escala planetaria provocadas por la pandemia del COVID-19 se pronostica que habrá aumento del hambre y de la malnutrición en todas sus formas.

¿Qué dicen las tendencias? ¿A quiénes afectará más el hambre y la malnutrición?

De acuerdo al reciente informe sobre el “Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo” en 2020, las restricciones en la movilidad, el impacto negativo de la desactivación económica y del comercio local y mundial, sin dudas traerán consigo una pérdida de puestos de trabajo, afectando en mayor medida a los sectores de bajos ingresos, a la mano de obra menos calificada o a quienes obtenían sus ingresos en la economía informal.  

Desde el 2014, crece la cantidad de personas que padecen hambre, que no tienen asegurado un plato diario de alimento, o que no alcanzan a consumir los nutrientes necesarios.

Según el citado informe, el número de personas subalimentadas también aumentó en el 2019, por lo que, de no revertirse las tendencias, la Meta 2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “poner fin al hambre” no podrá alcanzarse.  

En América Latina y el Caribe (ALC), los sectores que ya tenían grandes dificultades para sobrevivir, enfrentarán ahora una emergencia alimentaria y muchos quedarán al costado del camino.

Según el mismo informe, ALC es la región donde “la inseguridad alimentaria está aumentando con más rapidez: del 22,9% en 2014 al 31,7% en 2019, debido a un aumento acusado en América del Sur”.

En esta región, entre el 2015 y el 2019, se sumaron 9 millones de personas subalimentadas (la subalimentación o hambre crónica es la incapacidad de consumir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria) y la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta ahora a casi la tercera parte de la población.

Realidad uruguaya

En Uruguay, pese a ciertos progresos, la inseguridad alimentaria sigue la misma tendencia creciente que en Sudamérica: afecta a más de un quinto de su población (23.2%).

Asimismo, el drástico cambio en la vida de la sociedad y las medidas de distanciamiento social que impuso la pandemia de COVID-19 implicaron más sedentarismo, cambios en la alimentación y en consecuencia un aumento importante en las ya altas cifras de sobrepeso y obesidad, asociadas a la malnutrición.

Esto favorece el desarrollo de patologías que disminuyen la respuesta inmunológica frente a enfermedades como el COVID-19.  

Si comparamos la prevalencia de la obesidad en adultos, Uruguay sigue la tendencia incremental, pero supera a Sudamérica: pasando del 26,0% en 2012 a 27,9% en el 2016, más de 4 puntos porcentuales por encima del 23,0% que alcanzó esa subregión.

Por todo esto: está claro que mientras no se conforme nuevamente la comisión especial de Seguridad Alimentaria y Nutricional u otra instancia parlamentaria que permita una alianza conjunta de legisladores de todos los partidos comprometidos en apuntalar este tema esencial, el país y a la región pierden un importante aporte en este momento clave.

*IMPORTANTE: Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de la FAO.