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Las cifras más recientes de la FAO muestran que alrededor del 14% de los alimentos producidos a nivel global se pierde y esto ocurre en cualquier momento entre la etapa posterior a la cosecha hasta la etapa minorista (sin incluirla). Para América Latina, esto equivale a 220 millones de toneladas de alimentos que se pierden al año, con un costo aproximado de 150 mil millones de dólares estadounidenses. Por estas razones, la FAO ha venido impulsando mecanismos y herramientas para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, entre las cuales la legislación ha demostrado ser un instrumento de apoyo eficaz.

Este nuevo estudio, elaborado en el marco de un proyecto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ofrece un panorama general de los avances legislativos alcanzados en los países de la región, con el objetivo de extraer una serie de criterios comunes que sirvan de base para analizar y clasificar las medidas legislativas ya adoptadas, así como aquellas que figuran en proyectos de ley. Dichos criterios también pretenden ser una guía para los Estados a la hora de desarrollar medidas jurídicas para contribuir con la prevención y reducción de las pérdidas y los desperdicios de alimentos.