Español || Français
      AQUASTAT Home        About AQUASTAT     FAO Water    Statistics at FAO

Featured products

Main Database
Dams
Global map of irrigation areas
Irrigation water use
Water and gender
Climate info tool
Institutions

Geographical entities

Countries, regions, river basins

Themes

Water resources
Water uses
Irrigation and drainage
Wastewater
Institutional framework
Other themes

Information type

Datasets
Publications
Summary tables
Maps and spatial data
Glossary

Info for the media

Did you know...?
Visualizations and infographics
SDG Target 6.4
KWIP
UNW Briefs
     

Read the full profile

Bolivia (Plurinational State of)

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

Con el Decreto Supremo 0071 de 2009 se ha creado la Autoridad de Fiscalización y Control Social Agua Potable y Saneamiento (AAPS), que sustituirá la SISAB en sus funciones, y tiene el objetivo de regular las actividades en el sector de agua potable y saneamiento básico para garantizar los derechos de los usuarios y que todos los habitantes del Estado puedan acceder a los servicios, garantizando que el aprovechamiento de los recursos naturales se ejerza de manera sustentable.

El órgano rector del sector de recursos hídricos es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR). Por su parte, los gobiernos municipales autónomos (GMA) y Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado, tienen la responsabilidad de elaborar, financiar y ejecutar proyectos de recursos hídricos y riego, así como la definición de planes y programas relativos de recursos hídricos y sus servicios.

El nivel central y los gobiernos departamentales autónomos tienen la obligación de coadyuvar con las competencias de los GMA. Las funciones de promover asistencia técnica y otorgación de registros y autorizaciones de derecho de uso de agua para riego recae en el Servicio Nacional de Riego; el Fondo de Previsión Social (FPS) y la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) se constituyen en instancias para la ejecución de proyectos.

Gestión del agua

El artículo 373 de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, consagra el agua como un “derecho fundamentalísimo para la vida” y culmina un proceso comenzado en el año 2000 cuando la ciudad de Cochabamba se opuso a la privatización del agua en los días recordados como la “Guerra del Agua”. Según la CPE el Estado debe gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes (Art.374). Los recursos hídricos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas (Art. 373). Sin embargo, la prestación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado se puede hacer por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas (Art. 309). La Constitución abrió campo para las “sociedades público-privadas” o empresas mixtas, un nuevo medio a través del cual las multinacionales del agua y las grandes agencias de cooperación intentan vehicular la privatización del agua.

El Plan Nacional para el Desarrollo (PND) 2006-2010, establece las líneas guías para la reglamentación y la gestión de los recursos hídricos del país. El Estado se empeña a promover la gestión pública y participada del recurso agua poniendo particular atención a las necesidades y a los derechos de las personas con escasez de recursos económicos y de los pueblos indígenas originarios.

El Plan Nacional de Desarrollo del Riego para vivir bien tiene como objetivo desarrollar el riego para contribuir el logro de soberanía alimentaria, generación de excedentes, creación de empleos, incremento del ingreso de las familias organizadas en todos sus estamentos en el área rural, y la reducción de la pobreza mediante el aumento de la producción, productividad y el desarrollo de los complejos agroproductivos. Considera que el acceso al agua es un derecho humano, legítimo, fundamental y de todos los seres vivos, y promueve el uso productivo del agua a través del riego, con equidad, así como la construcción de condiciones institucionales y legales adecuadas.

Existe entre los campesinos una tradición de actuación, cooperación y organización comunitaria muy fuerte. Han desarrollado con el tiempo mecanismos arraigados para la equitativa distribución de los derechos de agua, y han establecido normas para el uso cuidadoso del agua para riego y otros destinos.

Financiación

La expansión del riego en el país ha sido rápida durante los últimos cinco años, con una inversión pública del orden de 20 millones de dólares anuales, que representa la puesta en servicio de algo más de 6 000 ha bajo riego por año. Este incremento se debe principalmente al programa Más Inversión para el Agua (MIAGUA), emprendimiento gubernamental de amplia escala para construir infraestructura para dotación de agua potable a ciudades pequeñas y comunidades rurales, e infraestructura productiva para aumentar el acceso al agua de riego.

Por su parte, el gobierno central a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y el Plan Nacional de Desarrollo de Riego ha impulsado la gestión de recursos de Cooperación Internacional para la implementación de un conjunto de programas con diversas fuentes de financiamiento para intensificar la ejecución de proyectos de riego.

Políticas y legislación

La normativa legal vigente para el manejo y uso del agua en el Estado Plurinacional de Bolivia es:

  • Ley de aprovechamiento y dominio de Aguas (1906)
  • Ley de prohibición de negar el aprovechamiento de agua destinada a explotaciones agropecuarias (1945)
  • Reglamento de aguas para irrigación. Decreto Supremo 2010-67 (1967)
  • Ley del Medio Ambiente (1993)
  • Ley INRA (1996)
  • Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (2000)
  • Ley de Riego (2004)
  • Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010)

En el Estado Plurinacional de Bolivia no existe actualmente una ley marco específica relacionada con los recursos hídricos, la Ley de Aguas de 1906, por el contexto temporal en el cual ha sido promulgada, ha sido prácticamente abrogada. A pesar de la falta de una ley general se han desarrollado normas sectoriales. Por lo que concierne el consumo humano queda en vigor la “Ley de agua potable y alcantarillado sanitario” numero 2066 re-publicada en el 2000 para modificar la contestada Ley 2029 que hizo posible la privatización de los servicios hídricos a través del medio de la concesión.

Para reglamentar el uso del agua en el sector agrícola ha sido aprobada, en 2004, la Ley de Riego 2878 tras un proceso de concertación con las organizaciones de regantes. La Ley 2878 tiene como objetivo administrar los recursos hídricos para regadío, establecer un nuevo marco institucional descentralizado y asegurar los derechos de uso del agua a través de un registro. Los registros sobre las fuentes de agua son concedidos a las familias o comunidades indígenas y locales y tienen como finalidad garantizar el acceso al agua para el uso doméstico o la agricultura tradicional.

     
   
   
             

^ go to top ^

       Quote as: FAO. 2016. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Website accessed on [yyyy/mm/dd].
      © FAO, 2016   |   Questions or feedback?    [email protected]
       Your access to AQUASTAT and use of any of its information or data is subject to the terms and conditions laid down in the User Agreement.