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Chile

Riego y drenaje

Evolución del desarrollo del riego

Hasta 1930, el principal desarrollo de las obras de riego fue producto del esfuerzo del sector privado. A partir de 1914 el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), comenzó a participar en este sector llegando a los años 60 como el principal agente inversionista en riego. Como resultado de las políticas de ajuste anti-inflacionista y de menor intervención del Estado, el Gobierno redujo sustancialmente a partir de 1975 el presupuesto destinado al desarrollo del riego. Como consecuencia de esta medida, no se construyó ninguna obra grande o mediana de riego en el período 1975-1992 y la superficie bajo riego se mantuvo prácticamente estancada. En esta época se dio término a obras ya iniciadas y se procedió a la reparación de sistemas de riego ya existentes. No obstante, la reducción de la participación del Estado en este período condujo a un notable deterioro de las obras extraparcelarias.

A partir de octubre de 1985, con la promulgación de la Ley 18 450 de Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, se inició una nueva política en el riego y el drenaje. Dicha ley concedía un subsidio sobre el costo de las obras y equipos de riego y drenaje que contribuyeran a incorporar nuevas superficies de riego, rehabilitar y mejorar sistemas con riego deficitario o habilitar suelos agrícolas mal drenados. En 1990 dicha ley fue modificada fruto de una nueva política nacional de fomento del riego, dirigiéndose los principales cambios a subsidiar (hasta el 75 por ciento) obras de riego en el país en favor del riego campesino con recursos complementarios, gracias al convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR), el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

En el período 1986-1996 se habían beneficiado de las ayudas de la ley 18 450 unas 400 000 ha, 22 396 ha de nueva puesta en riego. Sin embargo se estima que la superficie real beneficiada era de 161 877 ha en rehabilitación y mejoras y 19 696 ha en nuevo riego. Esta diferencia es debida a la duplicidad de superficies beneficiadas (i.e. instalaciones en parcela y de captación, transporte, etc.), obras que no tuvieron impactos sobre la producción o superficies que nunca se regaron por diferentes motivos (obras destruidas por inundaciones, pozos sin agua, obras con fallos técnicos o de ejecución, altos costos de operación, abandono de predios, etc.). En la superficie de nuevo riego, la construcción de pozos supuso casi el 40 por ciento de la superficie beneficiada, siguiéndole el riego localizado (21 por ciento) y las obras de conducción (17 por ciento). En el caso de la rehabilitación y mejora, las principales obras desarrolladas fueron la captación en el 53 por ciento de la superficie, la canalización en el 20 por ciento y la distribución en el 14 por ciento.

En el período 1990-1999, con la finalidad de mejorar la seguridad en el recurso y aumentar la eficiencia en el uso del agua, el Estado programó tres grandes líneas de acción en su Política de Regadíos. Estas líneas de acción varían según la cuantía de la inversión del proyecto respectivo y se concentran en las Grandes Obras de Riego, Programa de Obras Medianas de Riego (PROMM), estas dos primeras fundamentalmente dirigidas a las obras de almacenamiento, captación y transporte, y el Programa de Obras Menores de Riego para las instalaciones de distribución y prediales. En lo relativo al sector privado, su acción se limitaba a la Ley de Fomento ya mencionada y al análisis de opciones de participación del sector privado en grandes obras de riego. En este período, la práctica totalidad de las obras ejecutadas han ido dirigidas a incrementar la seguridad de riego en zonas con restricciones hídricas más que al incremento de la superficie bajo riego. Según ésto, se considera que en el período 1990-1999, gracias al Programa de Grandes Obras, se habría mejorado el riego en 12 000 ha con el embalse de Santa Juana e incrementada la superficie en riego en 11 200 ha con la construcción del canal Pencahue. De la misma forma, mediante el (PROMM) se mejoró la seguridad del riego de unas 85 000 ha.

Según la Comisión Nacional de Riego (CNR), considerando los factores clima, suelo y agua, así como consideraciones técnicas, económicas y ambientales, la superficie potencial de riego en Chile se estima en unos 2.5 millones de ha.

De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007), la superficie equipada para el riego en la temporada agrícola 2006–2007 fue de 1 108 559 ha. Prácticamente el 95 por ciento de la superficie se concentra entre las regiones IV de Coquimbo y IX de la Araucanía (Tabla 7 y Tabla 8).





En 2007, del total de la superficie equipada para el riego, el 72 por ciento (801 332 ha) corresponde a superficie regada a través de sistemas tradicionales o por superficie (tendido, surco u otro tradicional); el 28 por ciento restante (307 227 ha) corresponde a superficie regada a través de sistemas tecnificados, dentro de los cuales el riego por goteo representa el 69 por ciento del total (211 184 ha), seguido por el riego por microaspersión que representa el 13 por ciento (38 644 ha) y el riego por aspersión con un 10 por ciento (30 913 ha); por último, se encuentra el riego por carrete con un 9 por ciento del total de la superficie tecnificada, lo que corresponde a 26 487 ha (Tabla 8 y Figura 3). Estas cifras evidencian una importante tecnificación del riego en el país, al compararlas con las cifras registradas por VI Censo Nacional Agropecuario (INE, 1996). En efecto, de la superficie total regada en la temporada 1996-97, el 91 por ciento correspondía a riego por superficie, mientras que el 9 por ciento restante correspondió a riego tecnificado (3 por ciento por aspersión y el 6 por ciento localizado). En riego a presión cabe destacar la superficie por aspersión dedicada al cultivo de la remolacha azucarera en las regiones IX y X y la de riego localizado en cultivos hortofrutícolas (Regiones I, III, IV y V).


Considerando la superficie total de las explotaciones como un criterio de estratificación, se puede señalar que 217 495 ha o un 20 por ciento de la superficie con riego, está en manos de productores con explotaciones de menos de 20 ha (95 170 explotaciones); 281 140 ha o un 25 por ciento de la superficie regada está en explotaciones con una superficie total de entre 20 y 100 ha (19 333 explotaciones); mientras que 609 924 ha o un 55 por ciento se encuentra en explotaciones cuya superficie total supera las 100 ha (6 900 explotaciones) (Figura 4).


En cuanto al origen del agua de riego, se estima que unas 330 000 ha son dominadas desde los embalses existentes, unas 600 ha se bombean de forma directa desde los ríos y cerca de 60 000 ha se riegan a partir del agua de pozos. La superficie restante, se riega mediante la derivación de cauces superficiales. La ejecución de pozos ha correspondido a la iniciativa del sector privado. Hasta ahora, las comunidades de regantes ligadas a captaciones subterráneas no han prosperado, aparentemente por los mayores costos y dificultades técnicas que conlleva la operación y mantenimiento. La reutilización de aguas tratadas se encuentra en estudio como consecuencia de la acción de algunas empresas sanitarias que tienen en sus planes futuros la incorporación de plantas de tratamiento. Sólo existe una planta piloto de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), de carácter meramente experimental.

El papel del riego en la producción agrícola, la economía y la sociedad

La superficie total de cultivos regados asciende a 1 093 813 ha. En términos de superficie, los principales cultivos bajo riego en el país son los frutales y las viñas, que en conjunto abarcan una superficie total de 366 965 ha, representado el 34 por ciento de la superficie total bajo riego. A continuación, se ubican los cereales con una superficie total bajo riego de 181 076 ha, representando el 17 por ciento del total. Las forrajeras anuales, permanentes y de rotación, abarcan una superficie bajo de riego de 383 000 ha y una participación en el total del 35 por ciento (Figura 5).


El costo medio de instalación en la explotación de riego por aspersión alcanza los 2 789 $ EEUU/ha, cifra que aumenta a 3 415 $ EEUU si se trata de la instalación de riego localizado. Respecto al costo medio de la operación por explotación, tanto del riego por aspersión como del riego localizado, las cifras son sumamente dispersas, sin embargo y de acuerdo a lo estimado por actores relevantes del sector, para sistemas de riego por aspersión, estas cifras se situarían entre los 4 000 y los 6 000 $ EEUU/ha al año si se trata de sistemas que utilizan el petróleo como fuente energética, mientras que si se trata de sistemas que utilizan electricidad, la cifra disminuiría a alrededor de los 600 $ EEUU. El costo medio de mantención de equipos de riego por aspersión variaría en torno a los 100 $ EEUU.

La mujer y el riego

La mujer rural en Chile trabaja muy intensamente en actividades agrícolas, especialmente cuando la parcela y la vivienda quedan en el mismo lugar. La mujer tiene una importante participación en el riego. Además, también se encargan del cuidado de la huerta, los frutales, el ganado menor, recolección y la venta de productos. La contribución de las mujeres a la agricultura familiar, donde son trabajadoras familiares no remuneradas, está ampliamente subestimada, debido a que las actividades que desempeñan son consideradas como no económicas (Chiappe, 2005).

La separación de la propiedad de la tierra de los derechos de agua tiene como consecuencia que la tradicional exclusión de las mujeres a la tenencia de la tierra se reproduzca en el acceso a los derechos de agua, la que a su vez se ve potenciada por los obstáculos que enfrentan las campesinas para acceder al crédito, la capacitación y las nuevas tecnologías (CEPAL / Rico M.N. 1998).

Estado y evolución de los sistemas de drenaje

En relación al drenaje, Chile no ha tenido el mismo desarrollo que en el caso del riego. En 1984 Chile contaba con cerca de 10 000 ha, localizadas en la Región IX favorecidas por obras de saneamiento, generalmente obras sencillas de protección contra inundaciones en algunos cauces naturales. Por medio de la Ley 18 450, dentro del programa dedicado a habilitar suelos agrícolas mal drenados, durante el período 1986-1993 se beneficiaron unas 6 800 ha de obras de drenaje.

En Chile existe un total de 2 906 000 ha con mal drenaje y potencial de cambio, superficie distribuida a lo largo de todo el país, pero con una alta concentración en las regiones XIV, X, XI y XII, las cuales abarcan casi el 60 por ciento de la superficie mal drenada con potencial de cambio (CGF Ingenieros Consultores, 2008).

Hasta el año 2008 la superficie total drenada alcanzaba las 22 314 hectáreas, lo que representa una proporción mínima de la superficie total con potencial de cambio, no superior al 1 por ciento, favoreciendo a 1 400 explotaciones. Esta superficie drenada se distribuye entre la IV y la XI regiones, incluyen la Región Metropolitana y alcanza su mayor proporción en las regiones IX, XIV y X donde bordea las 15 000 ha del total (66 por ciento). De la superficie total drenada, el 89 por ciento las obras de drenaje se encuentran vigentes y en buen estado (CGF Ingenieros Consultores, 2008).

En la actualidad, la Ley 18 450 sigue bonificando obras de drenaje con el objeto de incorporar nuevos suelos a la producción agropecuaria del país.

     
   
   
             

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