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Ecuador

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

Las instituciones que tienen un papel más relevante en relación a los recursos hídricos y su uso en la agricultura se presentan a continuación:

  • La Secretaría del Agua (SENAGUA), antes de 2013 llamada Secretaría Nacional del Agua, fue creada en 2008 para reorganizar el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) y poner en marcha los procesos necesarios para una gestión integral de los recursos hídricos, con una visión eco-sistémica y sustentable. El CNRH, creado en 1994, era la principal institución encargada de la gestión de los recursos hídricos y el riego en Ecuador antes de la creación de la SENAGUA. El CNRH sustituyó a su vez en 1994 al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI).
  • El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), tiene como primer objetivo apoyar el desarrollo rural y agrícola, así como el desarrollo agroforestal y los sistemas de regadío. Incluye la Subsecretaría de Riego y Drenaje
  • El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) está a cargo de suministrar información sobre el tiempo, el clima y los recursos hídricos del pasado, presente y futuro.

Gestión del agua

Con la nacionalización del agua a partir de la Ley de Aguas de 1972, el INERHI se responsabilizó de la gestión del recurso. Los usuarios debían presentar una solicitud de concesión, lo cual generó conflictos por los derechos de agua que se venían ejerciendo desde hace varios siglos. El Estado nunca pudo controlar todos los sistemas estatales. A día de hoy, por ejemplo, los que deciden sobre el reparto del agua o los padrones de cultivos son las organizaciones locales y los usuarios de los sistemas (MAGAP, 2011).

A partir de 1995 se inició la ejecución de un Programa de Transferencia de los Sistemas de Riego a los Usuarios, con el apoyo financiero del Banco Mundial cuyo objetivo es transferir la administración, operaciones y mantenimiento del Estado a los propios beneficiarios.

El país no tuvo por mucho tiempo un objetivo nacional coherente sobre el agua y su rol en el desarrollo del país. Esto ha llevado durante muchos años a una ineficiencia en la administración del recurso hídrico, generando problemas como la sobre concesión de caudales, o la inexistencia de mecanismos que permitan controlar el agua utilizada por parte de los usuarios. Con la SENAGUA, como la entidad rectora del agua y lo planteado al respecto en la Nueva Constitución de 2008, se han dado los primeros pasos para construir una nueva visión nacional (MAGAP, 2011).

La Constitución de 2008 introduce un nuevo enfoque sobre los recursos hídricos, estableciendo que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable y patrimonio nacional estratégico de uso público; el Estado será responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos; así mismo hace precisiones importantes en cuanto a la gestión del riego y drenaje (Cabrera et al, 2012; MAGAP, 2011). Con esta nueva organización, se creó las nuevas Demarcaciones Hídricas descentralizadas que responden a la nueva lógica de gestión por cuencas hidrográficas, que funcionarán en base a un modelo que les permitirá articularse con otras entidades gubernamentales.

La SENAGUA dando cumplimiento a una de sus competencias formula el Plan Nacional del Agua, que contiene las siguientes líneas de acción: 1) gestión integral del agua; 2) formulación participativa de una nueva Ley de Aguas; 3) creación de una estructura organizativa enfocada hacia una operación por organismos de cuenca; 4) ejecución de balances hídricos para el reparto equitativo del agua; 5) aseguramiento de la calidad del agua; 6) conservación de páramos, riberas y fuentes de agua; 7) solución definitiva de los trámites por concesiones; 8) mejor atención a los usuarios; 9) tarifas diferenciadas, justas y solidarias; 10) diálogo nacional por el agua, comunicación permanente entre las comunidades y SENAGUA; 11) manejo de riesgos hídricos para la prevención de desastres; 12) la nueva cultura del agua; 13) rompiendo fronteras en cuencas binacionales.

El Plan Nacional de Riego y Drenaje 2011-2026 tiene como objetivo general desarrollar los sistemas de riego y drenaje para garantizar la soberanía alimentaria y la agroexportación, con prioridad en la agricultura familiar. Los objetivos específicos son: (a) mejorar la eficiencia y ampliar el patrimonio público y comunitario de riego y drenaje de manera sostenible; (b) fortalecer a las organizaciones comunitarias y de regantes para asumir la gestión de una manera sostenible y eficiente; (c) fortalecer la institucionalidad y las capacidades del sector para impulsar la política integral y redistributiva del riego y drenaje (MAGAP, 2011).

Financiación

Existen tres tipos de tarifas: (i) una tarifa por autorización de derechos de uso y aprovechamiento del agua, a la que están obligados todos los usuarios de agua que consiste en una tarifa anual a la entidad rectora del agua (ahora SENAGUA); (ii) la tarifa básica de riego, estaba dirigida a recuperar las inversiones públicas realizadas en infraestructura, a partir del cobro a todos los usuarios de los sistemas públicos; a día de hoy sólo están obligados a pagarla los usuarios de los sistemas públicos no transferidos, ya que esta disposición sufrió una modificación en la Codificación de la Ley realizada el año 2004; (iii) la tarifa volumétrica está dirigida a cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego. Para los sistemas públicos, su monto anual responde al volumen de agua consumido, que será recaudado y administrado por las organizaciones de usuarios de los sistemas de riego. En el caso de los usuarios de sistemas privados y comunitarios, la cantidad está fijada en los estatutos de sus respectivas organizaciones (MAGAP, 2011).

Políticas y legislación

En 1944, se expidió la Ley de Riego y Saneamiento, que otorgaba responsabilidades más específicas al Estado sobre el riego.

En 1972 se aprobó la primera Ley de Aguas, que sufrió varias modificaciones como por ejemplo en 2004 cuando se aprobó la Ley reformatoria a la Ley de Aguas (MAGAP, 2011 y GWP-SAMTAC, 2003). En 2014, la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

En la actualidad, la SENAGUA, está elaborando el Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador (Iagua, 2012).

Adicional a lo relacionado al agua en la Constitución de 2008, existe un amplio marco legal que dispone acciones relacionadas con el agua. En particular cabe mencionar: i) reglamento general para la aplicación de la Ley de Aguas; ii) código civil; iii) códigos orgánicos de organización territorial, autonomía y descentralización y de finanzas públicas; iv) código penal; v) Ley de Regulación de mercados; vi) Ley de Derechos colectivos de los pueblos negros Afro Ecuatorianos; vii) Ley de Fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado; viii) Ley de Fomento y desarrollo agropecuario; ix) Ley de Gestión ambiental; x) Ley de Minería; xi) Ley Forestal; xii) Ley Orgánica de régimen de la soberanía alimentaria; y xiii) Ley Orgánica de salud (Cabrera et al, 2012).

     
   
   
             

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