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Uruguay

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

Desde el punto de vista institucional la autoridad de aguas radica en el Poder Ejecutivo y se ejerce a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), más precisamente por medio de la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DINAGUA) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

La DINAMA, dependiente del MVOTMA (creado en 1990), es el organismo rector de la gestión ambiental, y tiene dentro de sus competencias el formular y llevar adelante la política ambiental. Controla la calidad del agua y el vertido de efluentes en los cursos de agua.

Actualmente en una re-estructura de las divisiones de los ministerios la Dirección de Recursos Hídricos (DRH), que hasta 2009 pertenecía al Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), a día de hoy se encuentra dentro de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINAGUA/MVOTMA). La DINAGUA, creada en 2007 dentro del MVOTMA con el nombre de DINASA, tiene, entre sus competencias, que realizar propuestas normativas para el uso y desarrollo sostenible del agua, otorga derechos de aprovechamiento de aguas, aprueba las obras hidráulicas, propone la aplicación de sanciones, arbitra medidas de conciliación entre usuarios, inscribe los derechos en el Registro Público de Aguas y lleva el inventario de los recursos hídricos (IICA, 2010). La DINAGUA incorporó los cometidos de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del MTOP en materia de inventario y administración del agua.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Recursos Renovables (RENARE), gestiona el uso del suelo, aprueba los planes de usos de suelos y aguas para riego, asociados a los aprovechamientos hidráulicos gestionados por la DNH (IICA, 2010).

La Dirección Nacional Minería y Geología (DINAMIGE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) interviene en la gestión de aprovechamientos de aguas subterráneas (IICA, 2010).

La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), es responsable del abastecimiento de agua potable en Uruguay y del saneamiento fuera de Montevideo. Este último es responsabilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo.

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), empresa propiedad del Estado, se dedica a las actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Es la encargada de las Presas Hidroeléctricas. En 1946 se formó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, uruguaya y argentina (Pereira Zabala, 2009).

Desde el año 1970 a la fecha se han establecido 11 Juntas de Riego con jurisdicción en la mayor parte del territorio. Con la Ley de Riego de 1997 se oficializan las Juntas de Riego que son integradas por los usuarios, técnicos de organismos públicos y comunidad en general (IICA, 2010).

La creación de las Juntas Regionales de Riego, incluidas en la ley de riego del año 1997, se debió a los conflictos surgidos en años secos (IICA, 2010).

Gestión del agua

Los derechos de aprovechamiento de aguas públicas se otorgan mediante concesión o permiso. El permiso se otorga para obras menores y las concesiones para aprovechamientos de mayor envergadura. Respecto de las aguas de dominio privado, la Administración dicta una autorización que remueve un obstáculo jurídico para ejercer un derecho preexistente (Vidal, 2003). El país dispone de un sector privado dinámico e interesado en el desarrollo del riego.

A raíz de la sequía de 1988-89 se generó el Programa de Manejo y Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER). Con la ejecución de este Programa se previó rehabilitar o poner en funcionamiento muchos de los proyectos multiprediales construidos por el sector público. El programa se llevó a cabo de 1994 a 2001 con financiamiento del Banco Mundial.

El Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (PREDEG), fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado entre 1998 y 2005, y promovió indirectamente el uso de sistemas de riego en fruticultura y viticultura (Failde, Peixoto y Estol, 2013).

El Proyecto de Manejo Integrado de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica, conocido con el nombre conceptual de Proyecto Producción Responsable (PPR) fue financiado por el Banco Mundial y el GEF (Global Environment Facility, Fondo Mundial del Medioambiente), y ejecutado entre 2005 y 2012. Uno de sus objetivos específicos del proyecto era mejorar el aprovechamiento de los recursos suelo, agua y biodiversidad en las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras (Failde, Peixoto y Estol, 2013).

El Uruguay ha incorporado recientemente nuevas reglas de juego jurídicas e institucionales para lograr una gestión integrada del agua, con la creación de la DINASA (actualmente DINAGUA) en 2007 dentro del MVOTMA que incorporó los cometidos de la DNH del MTOP en materia de inventario y administración del agua; y la posterior elaboración del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos- Agenda para la Acción (PGIRH) de 2009 y la promulgación en 2009 de la Ley de Política Nacional de Aguas (FAO, 2010).

El Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como objetivo disminuir la incertidumbre introducida por el cambio climático en el sector de recursos hídricos en el país (AECID, 2012).

Financiación

El Código de Aguas de 1978 incorporó el concepto de canon de agua para el uso de agua pública, sin embargo, el Gobierno de Uruguay aún no ha establecido una metodología para determinar los cánones para los distintos usuarios, de modo que la extracción de agua sigue siendo gratuita.

El Banco Mundial ha colaborado con el Gobierno de Uruguay en varios proyectos relacionados con los recursos hídricos. En 2000, se aprobó el Proyecto de Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). La primera etapa comenzó en 2001 y el Banco Mundial financió el 73 por ciento de las inversiones. La segunda etapa comenzó en 2007 y finalizará en 2012, cuyo costo está financiado en el 73 por ciento por el Banco Mundial (OSE, 2012).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha apoyó varios proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento desde los años 90.

Políticas y legislación

El Código de Aguas de 1978, establece atribuciones y responsabilidades del Poder Ejecutivo para administrar las aguas del país, en lo relativo a su cantidad y calidad (IICA, 2010).

En 1979 se aprobó el decreto de Prevención de la contaminación de las aguas y en 1981 se aprobó la Ley de Conservación de Suelos y Aguas.

En 1990 y 1994 se aprobaron Leyes de Medio Ambiente sobre Impacto Ambiental (Vidal, 2003).

En 1997 fue creada la Ley de Riego que regula la construcción de obras hidráulicas y el aprovechamiento de aguas para riego (IICA, 2010).

En 1999 se aprobó el decreto sobre las Sanciones por contravención al Código de Aguas.

En 2000, se aprueba el Plan de Gestión del Acuífero Infrabasáltico Guaraní en territorio de la República (Vidal, 2003).

En 2009, se promulga la Ley 18 610 de Política Nacional de Aguas, que tiene por principios (DINAGUA – MVOTMA, 2011) la gestión sustentable e integrada de los recursos hídricos.

     
   
   
             

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