FAO, itdUPM, CAC, CEPREDENAC y AECID diseñaron una metodología para minimizar el impacto de las amenazas naturales y contribuir a la reducción de la pobreza y al aumento de la seguridad alimentaria.

En los últimos veinte años, los desastres vinculados con amenazas naturales han aumentado en frecuencia e intensidad y, con ellos, ha incrementado tanto el número de personas afectadas como las pérdidas económicas asociadas. De hecho, el Corredor Seco Centroamericano (CSC) es una de las ecorregiones del mundo más vulnerables a las amenazas relacionadas con el clima. Se caracteriza por períodos de pronunciada sequía, exacerbada por la influencia del fenómeno de Oscilación del Sur de El Niño (ENOS), alternados con fuertes precipitaciones especialmente durante eventos de la Niña. El 58% del CSC se clasifica como un área con efectos de sequía altos o severos.

La periodicidad en la ocurrencia de los choques y fenómenos naturales que afectan la región contribuye a la alta precariedad que enfrentan las poblaciones de los países del SICA. En los últimos 10 años diferentes eventos han ocurrido en la región, afectando la producción, el acceso, la disponibilidad y la estabilidad de los alimentos, así como los ingresos de hombres y mujeres productores y jornaleros. Los niveles de pobreza y la desnutrición en el área son alarmantes y afectan principalmente a las poblaciones rurales y a las comunidades indígenas. La alta vulnerabilidad de la población, junto con la manifestación recurrente de las amenazas naturales, hace de ésta una de las áreas del mundo con un alto riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional.

A partir de esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con la participación de las Secretarías del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ), a través del Plan INTERCOONECTA y su Centro de Formación en La Antigua Guatemala (CFCE Antigua), implementaron en los últimos 2.5 años el proyecto Buenas Prácticas Agrícolas y Evaluación de Daños y Pérdidas para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, para la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas productivos de los países del SICA.

Con la implementación de las acciones de esta iniciativa, se ha fortalecido la capacidad institucional, a través de la transferencia de metodologías y herramientas para una mejor gestión del conocimiento en la planificación, las inversiones y los programas agrícolas nacionales y subregionales. Esta mejora en la generación de conocimiento favorecerá, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad agrícola, la resiliencia ante el cambio climático y el logro de la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable, particularmente en el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de República Dominicana.

Ana Regina Segura, representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) comentó que este proyecto ha representado una buena oportunidad de coordinación entre las diversas instancias, contribuyendo a fortalecer los sistemas productivos de los países del SICA.

Por su parte, el Coordinador subregional de la FAO, Adoniram Sanches Peraci, explicó que esta intervención cobra especial importancia, luego que el más reciente Informe Global sobre crisis alimentarias de la FAO, presentado a inicio de mayo 2021, señalara que, en 2020, la inseguridad alimentaria aguda aumentó significativamente en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, con 11,8 millones de personas en estado de crisis o peor (fase 3 o superior de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, IPC), frente a los 8,1 millones de personas de 2019.

Según este informe, fueron precisamente los graves fenómenos meteorológicos de finales de 2020 los que afectaron a más de 8 millones de personas en toda América Central, impactando en zonas con inseguridad alimentaria que ya habían experimentado varios años de sequía, así como la reducción de los ingresos debido a las restricciones del COVID-19. Previo a estos acontecimientos, entre el 2006 y 2016, el sector de la agricultura en los países en desarrollo había absorbido aproximadamente el 23% de los daños y las pérdidas causados por los desastres inducidos por amenazas naturales.

Bajo este marco, y siendo la agricultura el principal medio de vida de más del 35% de la población mundial, FAO, itdUPM, CAC, CEPREDENAC y AECID consideraron crucial contribuir al diseño de metodologías y herramientas dirigidas a minimizar el impacto de las amenazas naturales y contribuir a la reducción de los desastres, de la pobreza y al aumento de la seguridad alimentaria.

Es así que, como parte de las acciones para reducir la exposición y la vulnerabilidad de los hogares y las comunidades ante las amenazas naturales, las instancias socias en este proyecto recopilaron un catálogo de prácticas potencialmente exitosas que han sido probadas en varios contextos, y que podrán ser difundidas y recomendadas una vez vengan evaluada a lo largo de diferentes ciclos agrícolas, utilizando la metodología desarrollada en el marco del proyecto.

Si bien es cierto que anteriormente la FAO había desarrollado una metodología para el monitoreo y la evaluación de opciones de buenas prácticas para la reducción del riesgo de desastres en la agricultura, la diversidad de los sistemas agropecuarios, de las realidades socioculturales existentes y de las amenazas a las cuales se enfrentan, requirió adaptar dicha metodología a cada contexto, atendiendo a las especificidades y necesidades de los diferentes países y territorios.

En el caso de la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dicha metodología ha sido enriquecida, adaptada y actualizada para incluir la evaluación de las necesidades hídricas y energéticas, que son un aspecto clave en la prevención del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, además se han incluido consideraciones de género y relacionadas con los pueblos indígenas. De esta manera, los países de la región SICA tienen ahora a disposición directrices para el Monitoreo y la Evaluación (M&E) de las buenas prácticas para la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

Adicionalmente, en el marco de esta colaboración, se facilitó el diálogo para el uso de herramientas y habilidades que ayuden a los gobiernos a realizar la recolección y estimación de daños y pérdidas económicas en los subsectores de cultivos, ganadería, silvicultura y pesca para la priorización de necesidades y la toma de decisiones oportunas en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Esta información es un insumo importante para la toma de decisiones de los países, con respecto a los programas de recuperación e inversión social y productiva, y puede complementar otros esfuerzos que se realizan en otros países de la región.

En colaboración con la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) de El Salvador, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras, y con la asistencia técnica del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA), también se realizaron encuestas nacionales para valorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el impacto recibido por la agricultura y los medios de vida, debido a las diferentes amenazas naturales que se han manifestado en estos dos países en tiempos de la pandemia de COVID-19.

Específicamente, las encuestas apuntan a proveer información actualizada que contribuya a realizar un análisis de la situación, orientando a los tomadores de decisiones de los dos países y a la cooperación internacional para atender a las poblaciones más vulnerables. La información de la encuesta ha sido utilizada como evidencia en los análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) de Inseguridad Alimentaria Aguda (IAA) realizados en estos países.