FAO recomienda mejorar sistemas de protección social para proteger poblaciones vulnerables a la inseguridad alimentaria
Informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2020 alerta sobre la gran desigualdad en la distribución geográfica de la malnutrición que afecta a los países de la región
Santo Domingo. – Los programas de protección social deben ser ajustados para mejorar su cobertura en los territorios más rezagados económicamente para que puedan contribuir de manera sostenible a la inclusión social y económica de la población, indicó la FAO en el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2020, lanzado hoy.
El estudio revela que la protección social cumple una función fundamental para impulsar y acelerar los progresos en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, el desarrollo de distintos tipos de territorios y apoya la resiliencia de las personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.
“La protección social tiene el potencial de aumentar el consumo y la diversidad de alimentos en los hogares. Se ha demostrado que las transferencias monetarias conducen al aumento en el número de comidas y a diversificar la alimentación de las familias vulnerables, especialmente en contextos de crisis como la actual pandemia del COVID-19”, aseguró Rodrigo Castañeda, Representante de la FAO en la República Dominicana.
Para el funcionario de FAO, políticas de protección social como las que desarrolla el programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), son un buen ejemplo de cómo abordar las vulnerabilidades económicas y sociales de la inseguridad alimentaria y la pobreza, mediante acciones de protección y promoción de los medios de vida de las familias.
El informe de la FAO alertó sobre la gran desigualdad en la distribución geográfica de la malnutrición que afecta a los países de América Latina y el Caribe, y que en la República Dominicana se sitúan mayoritariamente en la región Suroeste.
Hambre, obesidad y sobrepeso aumentan en la región. En RD desciende subalimentación
El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, publicado de manera conjunta por FAO, FIDA, OPS/OMS, PMA y UNICEF, indica que, durante el 2019, el 7,4% de la población de América Latina y el Caribe vivió con hambre, lo que equivale a 47,7 millones de personas.
Se estima que, en 2030, en la región el hambre afectará a 67 millones de personas, una cifra que no contempla las repercusiones de la pandemia de COVID-19.
En cuanto a la República Dominicana, las cifras registran un descenso en los niveles de subalimentación, al situarse en 5.5%, lo que equivale a 600 mil personas en condición de inseguridad alimentaria.
“Aunque el informe refleja un descenso si lo comparamos con el 20.6% registrado en el año 2000, la única cifra aceptable es Hambre Cero, por lo cual debemos seguir trabajando para fortalecer la seguridad alimentaria de todos los dominicanos y dominicanas”, aseguró Rodrigo Castañeda.
Un dato que llama la atención en el informe es la prevalecía de la lactancia materna exclusiva que ubica a la República Dominicana en el segundo lugar más bajo de la región con un 4.6%, lo que coloca al país muy lejos de la meta de los ODS de aumentar el índice de lactancia hasta un 70% durante los primeros seis meses de vida.
Otras formas de malnutrición como el sobrepeso y la obesidad siguen afectando a la población infantil que registra un sobrepeso de 7.6%, mientras que los adultos alcanzan un 61.2% de sobrepeso y una prevalencia en la obesidad de 27.6%.
El costo de la doble carga de la malnutrición
El informe revela que en para el 2017el costo de la doble carga de la malnutrición en LA República Dominicana ascendió a 1 961,1 millones de dólares, lo que equivale al 2,6% del PIB del país. De estos, 499,7 millones (aproximadamente el 25%) son atribuibles a la desnutrición, y 1 461,4 millones, al sobrepeso y la obesidad.
En cuanto al costo social, el estudio muestra que el 39% de los niños y niñas desnutridos no completa la educación primaria y solo el 12% finaliza la secundaria y que más de 1,6 millones personas adultas padecen diabetes e hipertensión a consecuencia del sobrepeso y la obesidad, generando el mayor costo en salud.
El informe recomienda fortalecer políticas públicas multisectoriales contra la malnutrición, por exceso y por déficit, de manera que propicien la disminución sostenida de las prevalencias de malnutrición a través del abordaje de las causas determinantes del problema.