Solo los titulares de obligaciones informados pueden determinar cuáles son los titulares de derechos más necesitados y satisfacer su demanda de seguridad alimentaria.

Es importante que se identifique quiénes son las personas más vulnerables, por el motivo que sea, y se les dote de los medios necesarios para reclamar sus derechos. Requiere igualmente que se detecten y corrijan cualesquiera procesos discriminatorios en las estructuras de gobernanza y poder. Si no se hace frente a estos tipos de obstáculos internos al desarrollo, las posibilidades de que se alcancen los ODM son escasas.

Los planes de seguridad alimentaria deberían basarse en una evaluación socioeconómica exhaustiva de la situación de los distintos grupos por lo que respecta a la realización del derecho a la alimentación con datos desglosados en la mayor medida posible, en función del sexo, edad y grupo étnico, por ejemplo, de modo que se determinen las personas más expuestas a la inseguridad alimentaria y se entiendan los motivos de su vulnerabilidad.

Los grupos de personas que tienden a ser especialmente vulnerables incluyen las personas mayores, los niños de pecho y pequeños, las mujeres embarazadas y lactantes, las personas discapacitadas y enfermas, en particular las que padecen el VIH/SIDA u otras enfermedades crónicas, las víctimas de conflictos, las personas de las zonas rurales cuyos medios de vida son precarios y las poblaciones marginales de las zonas urbanas así como los grupos en situación de riesgo de marginación y discriminación social, tales como las poblaciones indígenas y las minorías étnicas.

Tras la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, se estableció un Grupo de trabajo interinstitucional sobre sistemas de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV) a petición de los Estados Miembros de la FAO, como paso fundamental hacia la consecución de los objetivos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.