Los gobiernos deberían adoptar medidas a nivel nacional que creen un entorno propicio para que las personas puedan sustentarse a sí mismas de forma digna y establezcan redes de seguridad adecuadas para quienes carezcan de capacidad para ello.

La sociedad civil debería, en un esfuerzo conjunto con los gobiernos, trabajar para promover el derecho a la alimentación y reforzar la capacidad de los titulares tanto de derechos como de obligaciones.

Forma parte integrante de toda estrategia que se aparte del modelo de beneficencia de la ayuda alimentaria y haga hincapié, por el contrario, en entornos propicios que contribuyan a que las personas se sustenten a sí mismas.

1. Centrarse en las personas hambrientas y pobres
2. Realizar una evaluación completa
3. Adoptar una estrategia de seguridad alimentaria adecuada
4. Elaborar una legislación marco
5. Asignar obligaciones y responsabilidades
6. Supervisar
7. Establecer mecanismos de recurso.