| Desarrollo económico; estrategias; instituciones; vigilancia e indicadores; acceso a los recursos
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Políticas de desarrollo económico
La Directriz 2 apunta a promover un desarrollo económico sostenible y de amplia base en apoyo de la seguridad alimentaria, a partir de una evaluación de la situación económica y social y de la inseguridad alimentaria. Las políticas de desarrollo económico deberían ser acertadas, generales y no discriminatorias, y tener en cuenta tanto el desarrollo rural como la pobreza urbana.
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Estrategias
La Directriz 3 preconiza la adopción de una estrategia nacional basada en los derechos humanos para el derecho a la alimentación, que se funde en una evaluación detallada de las estructuras legal, normativa e institucional. Asimismo es fundamental que se incorpore una perspectiva de derechos humanos en las estrategias existentes, que deberían ser transparentes, generales y amplias y prepararse de forma participativa.
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Instituciones
La Directriz 5 destaca la importancia de las instituciones públicas y la utilidad de una institución específica que coordine la aplicación de las Directrices voluntarias.
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Partes interesadas
La Directriz 6 promueve la adopción de un planteamiento basado en la existencia de numerosas partes interesadas para la seguridad alimentaria nacional, con la plena participación de la sociedad civil y del sector privado.
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Acceso a los recursos y bienes
La Directriz 8 indica a los Estados cómo cumplir las obligaciones de respeto, protección y aplicación del derecho a una alimentación adecuada que los Estados han contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados deberían facilitar un acceso seguro, sostenible y no discriminatorio a los recursos naturales, mediante una reforma agraria de ser necesario. En esta directriz se formulan recomendaciones acerca del mercado laboral, la tierra, el agua, los recursos genéticos, la sostenibilidad y los servicios.
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Vigilancia, indicadores y puntos de referencia
La Directriz 17 preconiza el establecimiento de sistemas para vigilar y evaluar la realización del derecho a la alimentación, especialmente con respecto a grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las personas de edad.
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