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FAO en Uruguay

Este año “nuestro principal objetivo es aprobar la ley de Derecho a la Alimentación” en Uruguay

La diputada Bertha Sanseverino, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay. Foto: FAO/Marina González
24/01/2018

Parlamentaria contra el hambre piensa que "ampliar al Poder Legislativo el concepto de Gobernanza" es "fundamental". 

Con esa visión, la diputada uruguaya Bertha Sanseverino coordina el Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay desde su formalización, en 2015, como Comisión Especial de Asesoramiento legislativo sobre el Derecho a la Alimentación

Desde 2011, primero bajo el liderazgo histórico del ahora senador José Carlos Cardoso, Sanseverino trabaja junto a legisladores provenientes de diferentes sectores políticos, para hacer del Derecho a la Alimentación un asunto prioritario en la agenda pública.

El pasado 25 de octubre, Uruguay fue anfitrión del VIII Foro de Parlamentarios contra el Hambre, espacio que reunió a los representantes de los 24 frentes que existen hoy en la región.

Al respecto, Sanseverino sostiene que en dicha instancia el tema de la alimentación no sólo tomó un sentido de urgencia a nivel nacional, sino que también en el plano regional y global.

En diálogo con la FAO, la diputada relató los desafíos y oportunidades de los legisladores tanto de Uruguay, como del resto mundo, para responder al Objetivo 2 de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el cual busca la erradicación del hambre y la malnutrición y está vinculado con otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

-          ¿Desde cuándo forma parte Uruguay del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe? ¿Con qué objetivo?

Uruguay siempre ha tenido una mirada hacia el mundo, hacia la comunidad, no solamente latinoamericana, pero hacia todo el planeta. Somos partícipes y siempre valoramos el intercambio internacional, en base al respeto de los tratados y de los derechos humanos en su sentido más amplio.

Somos un país que se caracteriza por haber ratificado la gran mayoría de los instrumentos internacionales. Existe la voluntad de aproximarnos a los desafíos de la región, aunque en Uruguay el no cumplimiento del Derecho a la Alimentación no tiene las mismas implicancias que en varios países de América Latina y el Caribe.

El Frente Parlamentario de Uruguay se formó en 2011, con la característica de ser muy amplio. Reflejaba la representación política, pero entonces sólo éramos diputados. Nació en un momento en que surgieron frentes en varios países y una vez constituidos, participamos de uno de los foros que se hizo en Bogotá, el II Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

Para mí fue la primera oportunidad de ir calibrando el trabajo y los desafíos que supone participar de este Frente regional. Es una instancia que fue creciendo lentamente, pero con bases muy sólidas, porque tiene una apoyatura que difícilmente se ve en otros espacios en desarrollo.

Esa especificidad se debe al apoyo técnico de la FAO, tanto para la organización de los foros como para el enriquecimiento de la agenda que cada país considera que debe llevar a cabo en su territorio, contar con el asesoramiento, con los distintos equipos que tiene la FAO, tanto en la región como en la sede de Roma, es un aporte sustantivo para legislar y analizar experiencias. En particular, en 2011, se pusieron sobre la mesa dos temas muy importantes: agricultura familiar y alimentación escolar.  

-          El Frente uruguayo comenzó siendo sólo de diputados, luego se sumaron senadores y se formalizó en una comisión permanente.

Sí. En Uruguay, recién en 2015, después de un largo trámite llevado adelante desde el Senado, se votó en la Asamblea General la creación de una Comisión Especial de Asesoramiento legislativo, integrada por 15 miembros, 5 senadores y 10 diputados, de acuerdo a la representación con la que cuentan los distintos partidos en el Parlamento hasta 2020. Prestamos particular atención en asegurar la participación de mujeres y la de distintas zonas del territorio.

Tenemos compañeros de Rocha, Canelones, y San José. Nos hubiera gustado tener mayor representación de los 19 departamentos, pero por lo menos no es todo montevideano, así le sumamos calidad a nuestro trabajo.

-          ¿Cuáles son las ventajas de ser la Comisión Especial por el Derecho a la Alimentación?

Cuando hicimos, en diputados, el Frente Parlamentario capítulo Uruguay, teníamos un secretario Ac hoc, pero no teníamos ninguna institucionalidad en la estructura del Parlamento, algo similar a lo que pasa con la Bancada Bicameral Femenina, que sí es un espacio que se reúne, pero no tiene ninguna de las fortalezas e instrumentos con los que cuenta una Comisión.

Crear una Comisión especial nos ha permitido tener secretarios asignados, contar con sala de reunión, con servicio de taquígrafo, de fotógrafo, de trasporte para asegurar nuestra presencia en el territorio y con el apoyo del Parlamento para organizar eventos. Además, presentamos los presupuestos necesarios para el financiero de la actividad y todo eso supone una ayuda y una independencia extraordinaria para poder trabajar en buenas condiciones.

-          En 2017, el Frente Parlamentario uruguayo fue anfitrión del VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. ¿Cómo lo prepararon?

En el Foro que se hizo en México en 2016, fue aprobada nuestra candidatura para recibir ese encuentro. Entonces formamos un grupo de 8 a 10 personas, con legisladores, asesores y secretarios que trabajó muy bien, porque no todos tienen tiempo suficiente.

Gracias al hecho de ser una Comisión, tuvimos apoyo para realizar una serie de actividades, que llamamos Jornadas Preparatorias, para que el Foro no se limitara a recibir legisladores de la región y también lograr una fuerte participación de la sociedad uruguaya en lo que tiene que ver con la Alimentación.

Hicimos una actividad sobre agroecología con agricultores familiares, con fuerte participación de la sociedad civil que se mueve mucho por los temas de Alimentación y nos trajo el dilema de la soberanía alimentaria, que en la región se vive con mucha intensidad.

Tuvimos también una reunión para conocer el compromiso de la Universidad de la República y su Escuela de Nutrición que también fue muy buena porque ahí se presentaron algunas propuestas que está desarrollando esa Escuela en convenio con la FAO en escuelas rurales, y en algunos otros ámbitos, como la alimentación en las cárceles, en lugares de internación como los hospitales.

Por último realizamos un encuentro que para nosotros era clave porque nos permitía  evaluar las políticas públicas dirigidas hacia la primera infancia, infancia y adolescencia. Para esa población estamos desplegando programas muy interesantes. Uno es Uruguay Crece Contigo, para la primera infancia, que implica un trabajo de gran cercanía, con familias en situación de alta vulnerabilidad.

También analizamos los programas de Alimentación Escolar, sus fortalezas, y la necesidad de ampliarlos hacia un sector que cuando sale de la escuela, enfrenta un cambio muy grande al llegar al nivel secundario, que en general  no tiene programa de alimentación.

Después hicimos reuniones técnicas con los dos Observatorios de la Alimentación, el de la  Facultad de Derecho y el de la Escuela de Nutrición, así como con el Instituto Nacional de Alimentación, para analizar el tema de la Ley Marco del Derecho a la Alimentación.

Todas estas actividades convocaron alrededor de 300 personas en total, que se interiorizaron del tema en su conjunto y pudieron quedar en contacto.

-          ¿Qué balance hace del VIII Foro?

El balance que realizo de ese foro es muy positivo. Veníamos de muchos años de descenso de la pobreza y de la subalimentación, que reflejan el compromiso político, de los gobiernos, de la comunidad internacional, de los movimientos sociales. Pero un nuevo informe alertaba de que esa tendencia se estancó y que en otras regiones es mucho peor. Ante esta situación, considero que en el VIII Foro de parlamentarios contra el Hambre, el tema de la Alimentación tomó una dimensión global.

Los temas de reflexión se centraron en buscar las razones del estancamiento: en algunas regiones tienen que ver con la persistencia y la profundidad de los conflictos y hay toda una gama muy amplia de motivos por los cuales los niños estás sufriendo situaciones terribles de hambre. Porque no hay alimentos, o porque hay chantajes para llegar a ellos, hay toda una serie de situaciones.

Esto nos permitió plantearnos hacia donde conviene enfocar nuestros esfuerzos y ampliarlos. Ahí es que aparece la idea de la Primera Cumbre Mundial de Parlamentarios contra la Malnutrición.

-          ¿Cuál es la importancia de esa cumbre prevista en noviembre 2018 y que contará no solo con representantes de América Latina y el Caribe, sino también de África, Asia y Europa?

Esa cumbre es muy importante porque va a permitir que el Poder Legislativo, que en algunas cumbres y temáticas no siempre ha sido lo suficientemente contemplado, adquiera mayor incidencia. En las cumbres internacionales, pocas veces son invitados los parlamentarios, se suele invitar al Gobierno y a la sociedad civil, a no ser que insistamos mucho.

Yo creo que ampliar al Poder Legislativo el concepto de la Gobernanza y de los actores que deben incidir en las políticas públicas y en las leyes, es fundamental. Ahí hay un cambio en el modelo que me parece muy importante.

También lo refuerzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incorporan el Objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), que fue una iniciativa en la que trabajó mucho la Unión Interparlamentaria. Esa gran unión de parlamentarios de todo el mundo trabajó en un proyecto para que los legisladores tuvieran un rol que cumplir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como resultado de ese trabajo, el ODS16 pone en el centro por primera vez en que es necesario construir más democracia, y más paz y que eso es lo que habilitará a los países que sufren del hambre y la violencia estar mejor preparados para salir adelante. Porque aunque los envíos y planes de emergencia son fundamentarles, también se necesitan políticas a mediano y largo plazo, y sobre todo estabilidad.

Para eso hacen falta instituciones muy fuertes. Así que esta cumbre va a permitir avanzar hacia el objetivo de que los Parlamentos sean los lugares donde se informe, pero también donde se planteen soluciones y propuestas, y se haga un monitoreo y un seguimiento.

En ese sentido, existe un documento muy interesante del que los legisladores debemos hacernos cargo para alcanzar el ODS16. Se llama “Los parlamentos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una herramienta de autoevaluación”. Así como la FAO hace el seguimiento del cumplimiento del ODS2, nosotros desde el Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe debemos asegurarnos de que todos los Frentes se hagan cargo de ese objetivo.

-          ¿Qué otras metas se fijan para este año 2018?

He leído con mucha atención e interés el Plan SAN CELAC, que se elaboró con el apoyo técnico de la FAO. Tiene varios capítulos sobre los cuales hay que trabajar, pero me parece que lo fundamental para nosotros parlamentarios es insistir en el compromiso político que implica ese plan. Es del 2015 y es la síntesis de un trabajo que viene desde mucho antes, y debe seguir vigente y debe seguir teniendo un rol constante de guía para todos los parlamentarios.

 Yo creo que este año hay que retomarlo con mucha fuerza, porque incluye muchas herramientas que van a permitir resolver las situaciones que estamos viviendo a nivel regional.

-          ¿Cuáles son los desafíos que se plantea el Frente Parlamentario en Uruguay?

Este año nuestro principal objetivo es la aprobación de la ley Marco del Derecho a la Alimentación. Es una ley que ayuda a tener institucionalidades más claras. Propone crear una institucionalidad sobre la cual recaiga la responsabilidad, puede ser un gabinete especial, un Consejo consultivo, o alguna otra instancia colectiva que asegure el cumplimiento de una serie de tareas y que se ocupe de recopilar datos de la situación alimentaria de la sociedad.

 La idea nuestra es que la protección de este derecho reviste de un carácter social de altísima significación, que va más allá de la pobreza y el hambre, que implica dotarnos de herramientas que permitan una alimentación más saludable, que abarca muchos otros temas. Un tema que nos interesa mucho es ver cómo se puede facilitar el acceso a una buena alimentación.

Otro tema central es el respaldo a un sector aún minoritario y en desarrollo que tienen todo nuestro respaldo: la agricultura familiar y la agroecología. Allí es necesario trabajar teniendo en cuenta que van a convivir distintos modelos y que para que puedan convivir, deben tener zonas de protección, para evitar los choques.

-          ¿Eso también implica hacer un seguimiento a la aplicación de la Ley de Compras a la Agricultura familiar?

Eso también me parece muy importante para este año. El Estado brinda alimentación a los niños en las escuelas, a las personas recluidas, las que están internadas en sanatorios y hospitales. Ya tenemos la ley para que parte esas compras se hagan a la Agricultura Familiar, ya hay avances interesantes y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) utilizó esos mecanismos con mucho éxito cuando hubo inundaciones en el litoral el año pasado.

Ahora es necesario facilitar la implementación y que las autoridades que quieran apelar a estos mecanismos no se sientan frenadas por trabas en el procedimiento, sino que se logre la agilidad y trasparencia que amerita esa norma.

Aunque ya tenemos mucho avanzado, también queremos hacer más en lo que tiene que ver con las pérdidas y desperdicios de alimentos.

-          ¿Cómo piensan abordar el tema de las pérdidas y desperdicios este año?

Probablemente se presente un proyecto de ley, pero es un tema más complejo. Sí lo vamos a poner en la agenda, porque ya existen soluciones muy solidarias y humanitarias, que atienden el final de la cadena. Pero el tema es mucho más amplio.

-          ¿La idea es poder atender ese asunto desde un punto de vista más institucional?

Sí y poder establecer qué es lo que se pierde en las cosechas, en los traslados, a ingresar a los lugares de venta. Ya se presentó un proyecto de ley que estaba muy acotado a la recuperación de productos invendidos para encaminarlos hacia bancos de alimentos. Pero nosotros apuntamos a una ley mucho más completa, que seguramente no se termine de aprobar antes de que termine el año.

-          Este año va a estar marcado por la continuidad y profundización del trabajo conjunto entre los Observatorios del Derecho a la Alimentación (ODA) y el FPH en Uruguay.

Nosotros tenemos en el ODA un gran aliado. Primero porque acá a fines de 2016 se hizo un encuentro del ODA de América Latina y el Caribe que convocó a académicos de toda la región en un encuentro muy interesante, y además, ahora tenemos los nuestros, en la Escuela de Nutrición y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Se firmó un convenio con la FAO, y el ODA de la Facultad de Derecho está trabajando sobre dos temas que para nosotros son muy importantes.

Uno es la ley marco del derecho a la Alimentación: ya hicimos un conversatorio para preparar ese proyecto de ley y poder aprobarlo este año. El otro es precisamente el análisis de la aplicación de la ley de reserva de compras a los agricultores familiares del que ya hablamos.

Es una ley que se ha desarrollado en particular en el departamento de Canelones, porque –y eso es muy importante- cuando hay instituciones del Estado, en este caso del gobierno departamental, que se involucran seriamente se avanza más, y en ese departamento hay muchos emprendimientos de agricultura familiar que trabajan y han logrado muy buenos avances.

 Así que analizar la aplicación de esa ley es uno de los compromisos del ODA. Todos estos son insumos que podremos llevar a la cumbre de Madrid en 2018.