La garantía de los derechos de las mujeres rurales es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Sin embargo, en el caso del uso de la tierra, el agua y otros recursos productivos, las mujeres aún no gozan de un derecho legítimo: igualdad de condiciones con los hombres en el acceso, tenencia y uso.

Y es que en varios países de América Latina y el Caribe persisten leyes y políticas discriminatorias que necesitan ser revisadas para garantizar el acceso de las mujeres a los recursos productivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden verse excluidas de programas y proyectos en función de su estado civil.

Pero tampoco basta con disposiciones legales y políticas adecuadas, si su implementación es esporádica o si no hay presupuestos asignados.

Por eso es indispensable apostar por el posicionamiento de las mujeres en las instancias locales de participación política y toma de decisiones, porque en los territorios rurales de la región todavía existen prácticas culturales desiguales, sistemas de tenencia injustos y también una escasa apertura en los espacios de diálogo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dedica especial atención a esta problemática, y por eso dos de las metas de su objetivo relacionado con la igualdad de género tienen que ver con el acceso, tenencia y uso de la tierra y otros recursos productivos.

Porque desde el punto de vista de la gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, no puede haber sostenibilidad si el uso de los recursos es desigual y si el trabajo de las mujeres no es reconocido económica y socialmente.

Incluso con las brechas que enfrentan, las mujeres rurales tienen un potencial organizativo cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos. Actualmente existen muchos procesos de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.

Si bien persisten los desafíos en la implementación de políticas de acceso a la tierra, existen también ejemplos de leyes, políticas y programas con impactos positivos y que pueden replicarse en toda la región. Estas experiencias exitosas han sido posibles gracias a cambios normativos e institucionales promovidos desde una perspectiva de género.

En Bolivia, por ejemplo, los cambios en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y la Ley de la Reforma Agraria Renovación, permitieron la aplicación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y uso de la tierra a favor de las mujeres, independientemente de su estado civil.

Pero estos procesos no son exclusivamente de orden público: se requiere también de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación y las autoridades locales, entre otros.

Así lo constató una consulta pública realizada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) en 2012, según la cual hay tres áreas básicas para lograr una mayor igualdad en el uso de los recursos productivos: información sobre los derechos en los territorios rurales, movilización social para exigir su cumplimiento y facilitación de procesos gubernamentales para garantizarlos.

En resumen, comprender, reclamar y garantizar el derecho legítimo de las mujeres al uso y tenencia de la tierra y otros recursos productivos.