En los últimos diez años, Uruguay transita por la implementación de políticas públicas que buscan ampliar la capacidad colectiva sobre las formas de ordenamiento territorial, los recursos del Estado y las relaciones con el medio vivo. El mismo impulso produce políticas específicas de reconocimiento y apoyo a la agricultura familiar, como actor fundamental de un futuro rural al que se aspira, con mayor justicia y preservación de una forma de vida rural. Sin embargo, el diseño de ese proyecto compite con otra realidad de la modernización del agro, determinada por la agricultura empresarial en gran escala y la minería, donde la irrupción de grandes capitales no deja mucho espacio para la participación colectiva. El artículo muestra el caso de un país pequeño, con perspectivas agropecuarias, que ha iniciado en la última década políticas específicas hacia la agricultura familiar y la descentralización, pero que tiene que coexistir con una política económica que privilegia todavía a los grandes capitales.