La protección social comprende programas e intervenciones que buscan mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de la población, objetivos que se vuelven especialmente relevantes en los países en desarrollo, donde la población más vulnerable enfrenta problemas de malnutrición importantes. La dimensión nutricional de la protección social se aborda a través de un rango variado de intervenciones, que abarcan comedores, programas de alimentación escolar, canastas o vouchers de alimentos, tarjetas alimentarias y transferencias monetarias. En general, estos programas presentan estrategias para hacer frente al hambre y mejorar la situación nutricional de los usuarios, pero no necesariamente establecen estrategias para promover una dieta saludable o canales para asegurar la provisión de alimentos saludables. Aun cuando en algunas ocasiones los programas hacen referencia a dietas sanas o alimentación saludable, los componentes que podrían garantizar el acceso y adopción de dietas saludables son escasos o incluso inexistentes (ver Biermayr-Jenzano, 2020). En particular, los programas de transferencias, cupones o tarjetas, si bien pueden garantizar la disponibilidad de recursos económicos, que suele ser su principal objetivo, no necesariamente garantizan el acceso a la alimentación saludable, por diversos motivos. Esos motivos pueden abarcar desde problemas de diseño de las intervenciones (cobertura, monto involucrado, existencia de componentes educativos en temas nutricionales, condicionalidades), hasta aspectos relacionados con la oferta de alimentos (disponibilidad, precio y calidad, entre otros), o con las decisiones o preferencias de los beneficiarios.