21 de septiembre de 2020, Oregon -Michael Fakhri inició sus tareas como relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación en una época de crisis global, marcada por el COVID-19, la explosión de Beirut en agosto y los incendios forestales en Oregón, donde tiene su base de trabajo. Su primer informe temático a la Asamblea General de ONU se centra en las doctrinas del comercio y los derechos humanos.

Por el momento, ya ha entablado diálogo con una variedad de actores, incluidas organizaciones internacionales. En su opinión, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es un actor fundamental en la búsqueda de consenso para responder a los desafíos de los sistemas alimentarios.

Su primer informe temático a la Asamblea General se centrará en el comercio. ¿Podría destacar algunas de las principales recomendaciones de política incluidas en el informe? ¿Qué otros temas quisiera abordar a lo largo de su mandato, en caso de que ya lo haya pensado?

Michael Fakhri: Mi informe comienza con un resumen de las críticas que durante mucho tiempo se han hecho al Acuerdo sobre la Agricultura. Ya sea que se esté a favor de un régimen comercial que priorice el aumento del flujo comercial o de un régimen comercial que aborde los derechos humanos, existe un consenso generalizado de que el Acuerdo no funciona bien: el Acuerdo no es libre ni justo. Al mismo tiempo, la comunidad comercial internacional ha ignorado los reclamos de derechos humanos y la comunidad de derechos humanos no ha presentado una alternativa institucional.

En mi informe combino doctrinas de comercio y derechos humanos y esbozo los principios del derecho a la alimentación que pueden formar la base de un nuevo régimen de comercio internacional en la agricultura. Esto permitirá que las instituciones comerciales aborden los problemas actuales, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la tenencia de la tierra y las condiciones laborales. ¡Estos temas no se incluyeron en ninguna parte de las negociaciones en la década de 1980 que llevaron a la OMC! Además, el Acuerdo sobre la Agricultura no se ha actualizado significativamente desde su promulgación en 1995. Como vimos en las negociaciones ministeriales de la OMC en Bali y Nairobi, los gobiernos solo pueden abordar preocupaciones urgentes sobre seguridad alimentaria de manera temporal en el seno de la OMC El sistema actual está muy desactualizado.

Doy un mapa institucional de cómo cambiar el régimen comercial. Sugiero que pongamos fin al Acuerdo sobre la Agricultura, quedándonos con el GATT, que ofrece mucha flexibilidad para negociar nuevos Acuerdos Alimentarios Internacionales que puedan abordar los problemas del siglo XXI y crear un sistema alimentario equitativo y resistente.

Ahora, la pandemia actual de COVID-19 requiere ser flexible a medida que se desarrollan nuevos acontecimientos. En los próximos meses llevaré a cabo consultas públicas con grupos variados para recibir sus aportes sobre en qué debiera centrarme. En base a las conversaciones informales que ya he tenido, espero centrarme en los derechos de los agricultores, especialmente en los tratados de plantas, los derechos de los trabajadores de la alimentación, los principios de la agroecología, la soberanía y los derechos indígenas, la conexión entre las políticas de biodiversidad y nutrición y el conflicto armado. Por supuesto, un tema fundamental es el cambio climático.

En su opinión, si los trabajadores no están seguros y sanos, nadie lo está. La pandemia ha demostrado que la protección de los trabajadores es clave para detener la propagación del virus. ¿Cuál es su efecto a la hora de garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada?

MF: Los trabajadores del sector alimentario han sido tratados como esenciales pero prescindibles durante la pandemia. Para comprender lo que está en juego, piense en ellos como una categoría amplia, como cualquier persona que elabora nuestra comida. Esto incluye personas en campos, fábricas, tiendas y cocinas. Entonces, cuando la gente habla de “interrupción de la cadena de suministro”, en parte significa que estos trabajadores están demasiado enfermos o asustados para trabajar debido a las malas condiciones laborales. Significa que los/as cuidadores en los hogares, escuelas y hospitales no reciben los recursos necesarios para alimentar a las familias, los niños, los ancianos o las personas enfermas. Significa que se los inmigrantes no reciben protección adecuada. Y muchos trabajadores de la alimentación son mujeres, quienes soportan en cantidad desproporcionada el riesgo y la carga. Cuando los trabajadores de la alimentación se enferman, no comemos. Si no pagamos y protegemos adecuadamente a los trabajadores, entonces no hay nadie que recoja, transporte o cocine nuestra comida.

Es importante recordar es que, aunque el virus COVID-19 es nuevo, los problemas que conlleva no lo son. La pandemia ha exacerbado las desigualdades existentes. A la vista está lo importantes que son los trabajadores de la alimentación y cómo han sido esenciales. Por lo tanto, siempre debemos priorizar sus medios de vida y bienestar.

Las visitas de los relatores a los países proporcionan información de primera mano sobre el derecho a la alimentación y brindan la oportunidad única de identificar cualquier problema y hacer recomendaciones sobre cómo resolverlo. ¿Cuál será el enfoque estratégico de sus visitas a los países para lograr las metas de su mandato?

MF: Es difícil imaginar viajar a cualquier parte en este momento. Actualmente me encuentro preguntando a todas las personas y organizaciones con las que hablo por sus prioridades y opiniones. Por supuesto, quiero asegurarme de cubrir tantas regiones como sea posible. Creo que puedo ser más eficaz en lugares donde hay la sociedad civil es activa.

El propósito de mis visitas no es solo señalar de qué manera país incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos, sino también identificar casos que puedan servir de ejemplo para otros. Así que buscaré lugares que están tratando de llevar a cabo cambios, aumentando las prácticas agroecológicas o trabajando con estructuras de gobernanza como los consejos alimentarios locales o las cooperativas. Las escuelas están demostrando ser lugares clave para garantizar que todos los niños tengan acceso a una alimentación adecuada, por lo que me interesaría ver cómo los diferentes gobiernos conectan a los centros educativos con otras partes del sistema alimentario.

En su último artículo de opinión en Al jazeera, afirmó que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) es el actor "más indicado" para dar respuesta global a los efectos de la pandemia y convertirse en un foro para fomentar la cooperación global desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo sugiere que el Comité pueda lograr que se escuchen todas las voces, situándolas en el centro de las acciones políticas contra el hambre y la desnutrición? ¿Cómo pueden los actores globales participar en las discusiones en favor de sistemas alimentarios más sostenibles?

MF: Esta pandemia está afectando profundamente el derecho a la alimentación y puede empujarnos a una crisis mundial de hambre. El CFS se encontraba en una encrucijada durante la crisis alimentaria de 2008, pero ahora se enfrenta a un momento más significativo. Sigue siendo uno de los pocos espacios multilaterales e inclusivos, en el que participan sociedad civil, sector privado, investigadores y otras organizaciones de la ONU. Pero ante los desafíos que tenemos por delante, especialmente con el cambio climático, me pregunto si el CFS puede realmente empoderar a las personas que trabajan en los campos, vías fluviales, cadenas de suministro y cocinas?

Básicamente, el CSA debería desarrollar asociaciones formales y un puesto permanente con al menos otras tres organizaciones multilaterales que también estén comprometidas con un enfoque basado en los derechos humanos. La OIT es importante, no solo por su rol durante mucho tiempo en el desarrollo de instrumentos legales y políticos en torno a las condiciones de trabajo, sino también porque tiene un sistema inclusivo único de estructura tripartita que aúna representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. Dado que la agroecología es importante en el CSA y se está convirtiendo en un elemento central de los sistemas alimentarios de todo el mundo, el CSA haría bien en desarrollar relaciones formales con las Secretarías del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la Convención sobre Biodiversidad. Estas alianzas aportarían más protagonismo jurídico internacional al trabajo del CSA. También habría que dar mayor peso a los parlamentarios y los gobiernos locales.

Me preocupa que el CFS pueda retroceder y volver a ser solo un espacio para conversaciones donde el único logro son las palabras en el papel. Las crisis son momento para actuar, no para negociar nuevas reglas.

Institucionalmente, esto requeriría dar más autonomía al Consejo, de manera que tenga más autonomía sobre sus propios recursos y presupuesto. Como mínimo, con un apoyo más equitativo de todos los Organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma. E idealmente, un apoyo más regular de una amplia gama de gobiernos.

Desde el punto de vista operativo, el CSA debería centrarse en la implementación de sus herramientas de política ya existentes (o "adopción", en terminología del CSA), lo cual podría lograrse con alianzas con otras organizaciones internacionales, parlamentarios, gobiernos locales u organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional es un instrumento político poco común y bien desarrollado a nivel mundial. La FAO ha trabajado en asociación con organizaciones de la sociedad civil para crear varias guías de implementación y seguimiento. Dado que el tema del acaparamiento de tierras está empeorando durante la pandemia, el CSA podría dirigir más su atención a alentar y ayudar a los países a implementar las Directrices, en lugar de desarrollar nuevos instrumentos que pueden o no ser utilizados.

La próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios es una oportunidad para discutir a un alto nivel global desafíos importantes que están contribuyendo a la exclusividad, ineficiencia e insostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios. ¿Hay algo que le está faltando a esta Cumbre y que puede lograr de manera realista? ¿Cree que podemos esperar que un enfoque basado en los derechos humanos impulse estos debates y acciones de seguimiento?

De En cierto modo, la Cumbre representa algunos elementos de un consenso global: el cambio climático es el tema político definitorio de nuestra era y los sistemas alimentarios son fundamentales para cualquier solución a este; se debe cambiar el sistema alimentario actual; los pequeños agricultores son importantes para cualquier cambio; y los países del Sur Global deben tener un papel destacado en el sistema alimentario. Este consenso surgió de décadas de lucha de sindicatos, movimientos campesinos, pueblos indígenas y grupos activistas ambientales.

Pero esos mismos grupos, junto con algunos gobiernos, desde el principio, han expresado su preocupación por el hecho de que la Cumbre de Sistemas Alimentarios no haya obtenido suficiente buena voluntad. Su principal crítica es que la forma en que se ha elaborado la Cumbre no ha sido transparente ni inclusiva, ha dejado de lado el CSA, ha priorizado ideas del Foro Económico Mundial y ha excluido los derechos humanos.

Me alegra que los organizadores de la Cumbre y yo nos reunamos con regularidad para determinar qué papel puedo desempeñar en el período previo al evento. También me he reunido informalmente con algunos miembros del Comité Asesor. He leído los últimos documentos de organización de la Cumbre y he asistido a diferentes eventos en línea dirigidos por los organizadores de la Cumbre. Todavía no me queda claro cuál es exactamente el propósito de la Cumbre y cuál es el resultado previsto.

Hasta la fecha, parece que los derechos humanos o están excluidos de la mayoría de los aspectos de la Cumbre o están marginados. Al no otorgar a los derechos humanos un papel central, es más difícil para las personas conseguir que los gobiernos y las empresas poderosos rindan cuentas. Esto hace pensar que las soluciones serán solo técnicas, sin tener en cuenta la justicia social: los científicos y los empresarios no van a saber cómo crear nuevas relaciones sociales y ecológicas necesarias para un nuevo sistema alimentario. Además, la agroecología no está presente en la Cumbre. La agroecología es uno de los pocos enfoques que combina la ciencia experimental y el conocimiento tradicional, y considera la dinámica social y ecológica como un tema singular. Varios países muy diferentes de todas las regiones, así como de diferentes organismos internacionales, están comprometidos con la agroecología, por lo que debe abordarse adecuadamente en la Cumbre.

Además, el CFS no es miembro del Comité Asesor. No está claro por qué la Cumbre incluye al CSA, pero sólo al margen. La Cumbre se promociona a sí misma como una "Cumbre del Pueblo y de Soluciones", pero no se basa en los mecanismos de inclusión del CSA ni en sus logros políticos. Actualmente hay mucha energía en torno a la Cumbre, pero tendremos que ver si sale algo de ella.

Acerca de Michael Fakhri y los relatores especiales

Michael Fakhri asumió las funciones de relator especial sobre el derecho a la alimentación en mayo de 2020.

Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregon, donde imparte cursos sobre derechos humanos, derecho alimentario, desarrollo y derecho comercial. También es el director del Proyecto de Resiliencia Alimentaria en el Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales. El Sr. Fakhri es doctor por la Universidad de Toronto, tiene una maestría de la Facultad de Derecho de Harvard, y se licencio en derecho por la Queen's University y en ecología por la Western University.

Como abogado, luchó por los derechos de las personas indigentes y encarceladas en una institución psiquiátrica. Más recientemente, su libro Bandung, Global History, and International Law fue citado por la Corte Internacional de Justicia.

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para monitorear, promover y crear conciencia sobre un derecho humano en particular en todo el mundo, así como para facilitar el debate a nivel global.