Uruguay realiza múltiples esfuerzos para garantizar el derecho la alimentación a toda su población. La FAO apoya dichos esfuerzos.

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal. Ninguna persona debería padecer hambre ni malnutrición y todas deberían tener acceso, a lo largo de su vida, a alimentos inocuos, nutritivos y equilibrados.

Uruguay trabaja para garantizar este derecho a través de diversas políticas públicas que se plasman en instrumentos legales como leyes, decretos y resoluciones ministeriales, entre otros; así como en el trabajo cotidiano de diferentes instituciones, programas y proyectos. En los últimos años, ha habido esfuerzos para avanzar hacia una ley nacional sobre el derecho a la alimentación adecuada.

La alimentación como derecho

El derecho humano a una alimentación adecuada está consagrado en numerosos tratados e instrumentos internacionales. Entre los más relevantes se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) —donde se menciona por primera vez—, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989).

En 1999 las Naciones Unidas, durante el 20.º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, expresaron que este derecho se ejerce cuando “todo hombre, mujer o niño (…) tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. (…) Comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; y la accesibilidad a esos alimentos de forma sostenible y sin obstaculizar el goce de otros derechos humanos.” ^[1]

Los gobiernos, las instituciones y los organismos internacionales tienen responsabilidades para garantizar su cumplimiento, como también de informar a la población sobre dicho derecho. Así, con el compromiso sostenido de actores estatales y no estatales, se puede avanzar hacia su plena realización.

El camino recorrido en Uruguay

Uruguay es un Estado comprometido con los derechos humanos y con el derecho a la alimentación. Adhiere a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la CEDAW, de la CDN y es Estado Parte del PIDESC, entre otros instrumentos multilaterales que se relacionan con este derecho.

En lo que refiere a la legislación nacional, si bien no existe una ley nacional única que centralice el derecho a la alimentación adecuada, un conjunto de leyes conforma el marco legal que permite a las instituciones públicas implementar políticas alimentarias. Estas se ejecutan a través de programas sectoriales de asistencia social, salud, producción y educación.

Entre las instituciones más involucradas se destacan:

• El Ministerio de Desarrollo Social, por su cometido en garantizar el derecho a la alimentación.
• El Ministerio de Salud Pública, por su rol en la salud nutricional de la población.
• El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por su papel en la producción de alimentos.
• El Ministerio de Ambiente, por su cometido en proteger el ambiente y su vínculo con la seguridad alimentaria y nutricional.
• La Administración Nacional de Educación Pública, mediante su Programa de Alimentación Escolar y su labor educativa.

En 2015, el Parlamento uruguayo creó por primera vez una Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación, como expresión local del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Este Frente, integrado por legisladores de la región, trabaja para alcanzar el cometido de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, que busca “de aquí a 2025, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”[2].

Desde entonces, la Comisión Especial se ha reinstalado en cada nuevo período legislativo. En marzo de este año, la Asamblea General del Parlamento uruguayo volvió a conformarla, con la participación de 5 senadores y 10 diputados.

Algunas acciones recientes

En abril el Representante de la FAO en Uruguay, Pablo Rabczuk, se reunió con la Vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, y el Senador Daniel Borbonet. En ese encuentro, Cosse destacó la prioridad que asigna a la seguridad alimentaria y la nutrición en la agenda parlamentaria. Se discutieron oportunidades para recibir apoyo técnico, conocer buenas prácticas de otros países y aplicar recomendaciones de la FAO.

En esta misma línea, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) viene desarrollando un proceso consultivo destinado a aportar insumos al trabajo parlamentario sobre seguridad alimentaria y nutrición. Para ello, creó un Grupo de Trabajo para analizar las propuestas de marco normativo sobre el tema, con participación de diversas entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. La FAO brinda asesoría técnica en seguridad alimentaria y nutricional a este grupo, que trabajó durante todo 2024 y en 2025 tuvo su primera reunión en abril.

La participación de múltiples actores institucionales y sociales en torno al derecho a la alimentación evidencia el compromiso del país con su garantía. La FAO, como en el pasado, continuará acompañando y fortaleciendo estos esfuerzos.

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FAO – Derecho a la alimentación