La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), participó del seminario del Ministerio de Agricultura de Chile “Seguridad alimentaria en tiempos de pandemia, pensando en políticas públicas para el futuro", en el cual el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, comentó acerca del estado actual y futuro de la seguridad alimentaria en Chile. 

Adicionalmente, en la conferencia en línea participaron como expositores el ministro de Agricultura, Antonio Walker y como panelistas los senadores Rodrigo Galilea, Felipe Harboe, el relacionador público de La Vega Central, Arturo Guerrero y Froilán Flores, presidente de Ferias Libres de Chile. La instancia fue moderada por María Emilia Undurraga, directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. La pandemia de COVID-19 representa un desafío para mantener la seguridad alimentaria, de cara al aumento de la pobreza y la pobreza extrema. 

“De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de un derecho humano”, asegura Berdegué. Chile, tiene el deber de garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada por la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 

Proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que la pobreza en Chile podría aumentar hasta un 13,7% en 2020, lo cual daría como resultado una pérdida de ingresos que traería un menor acceso físico y económico a alimentos saludables por parte de los chilenos, creciendo así la inseguridad alimentaria. 

En condiciones normales, 600 mil personas en el país se encuentran privadas de alimentos nutritivos, con inseguridad alimentaria severa. Según el representante regional, a causa de la actual crisis, 400 mil personas adicionales podrían tener inseguridad alimentaria severa y se tendrían dietas menos diversas, más baratas y menos nutritivas. 

Habría, por ende, un aumento del consumo en alimentos altos en grasas, azúcares y alimentos procesados en general, al ser más baratos, junto con una disminución de la ingesta de alimentos de alto valor con mayor cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, tales como el pescado, las frutas y verduras y la carne. 

En un país en el cual tres cuartas partes de la población tiene sobrepeso o padece obesidad, según cifras de la Organización de los Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esto podría traer consigo un aumento de la malnutrición no sólo en la forma de hambre, sino que también un incremento considerable en la obesidad. 

El representante destacó que por dicha razón son necesarias políticas públicas que estén enfocadas en facilitar el acceso de la población a alimentos saludables, así como también, fortalecer el impulso a la propuesta de ley que regula el desperdicio de alimentos. "No es posible que Chile pierda un tercio de sus alimentos cuando tiene 600 mil personas que no tienen cómo alimentarse", enfatizó.

Con el fin de mitigar las consecuencias de la crisis por COVID-19 en la seguridad alimentaria, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la FAO, hoy lanzaron un informe con un decálogo de recomendaciones con acciones urgentes contra el hambre: “Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe”.