La creación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) en 1995 fue un hito en la legitimación oficial de la agricultura familiar; no obstante, fue solo desde 2003, a raíz de la prioridad política que el gobierno otorgó a erradicar el hambre en el país, que un conjunto amplio y diverso de iniciativas del gobierno ha creado un ambiente institucional más favorable para el desarrollo y la expresión pública de los beneficios de la agricultura familiar para toda la sociedad.

La puesta en marcha del Programa Hambre Cero, la inclusión en la Constitución Federal del derecho humano a una alimentación adecuada (DHAA), la adopción de planes de seguridad alimentaria y nutricional y la implementación de medidas de desarrollo rural sostenible fueron innovaciones institucionales que ayudaron a establecer conexiones conceptuales y políticas entre las iniciativas oficiales dirigidas a fortalecer la agricultura familiar y las estrategias para superar la pobreza rural, y a promover la seguridad alimentaria y la nutrición en el país. Los nuevos arreglos institucionales creados en este periodo contribuyeron a la generación de efectos sinérgicos entre las medidas de asistencia social y los programas de desarrollo económico.

Además de contribuir al fortalecimiento de la red sociotécnica de la agroecología, el conjunto de políticas públicas para la agricultura familiar que tuvo influencia en el territorio a lo largo de las últimas décadas también ha apoyado la conformación de cadenas productivas de cultivos específicos, tales como la papa y el tabaco en el pasado y, actualmente, la crianza de gallinas (pollos) en semiconfinamiento y el desarrollo de la horticultura intensiva. La lógica de la intensificación económica de los agroecosistemas vinculados a estas cadenas tiende a conducir a procesos de simplificación ecológica y a una creciente dependencia de insumos comerciales. Al mismo tiempo, con una mayor especialización productiva, estos agroecosistemas se vuelven más subordinados a relaciones comerciales sobre las que las familias tienen poco o ningún control.

En oposición al argumento central utilizado por los defensores de la modernización agrícola, los análisis económicos comparativos llevados a cabo en la región7 han demostrado que los aumentos del valor de la producción en los agroecosistemas vinculados a esas cadenas no generan necesariamente ingresos agrícolas superiores a los de las familias que no hacen uso de las tecnologías y lógicas económicas propugnadas por el paradigma de la Revolución Verde.