Principios rectores

El término “derecho a una alimentación adecuada” deriva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación definió en 2002 el derecho a una alimentación adecuada del siguiente modo: El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano, inherente a toda persona, “a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.”

Esta definición contiene todos los elementos normativos explicados pormenorizadamente en la Observación General nº 12 del PIDESC, que establece lo siguiente: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”

Esta definición contiene todos los elementos normativos explicados pormenorizadamente en la Observación General nº 12 del PIDESC, que establece lo siguiente:

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”

En 2004, tras dos años de debates y negociaciones en el grupo de trabajo, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las Directrices Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. Las Directrices Voluntarias no son jurídicamente vinculantes pero se basan en el Derecho internacional y dan orientaciones sobre la aplicación de obligaciones en vigor. Están destinadas a los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Estados que aún tienen que ratificarlo. Pero también están destinadas a las partes interesadas que trabajan por una mejor aplicación del derecho a la alimentación a nivel nacional.