Los Programas de Administración de Tierras (PAT) en la región de América Latina y Caribe (LAC) cobran una gran importancia a partir de los procesos económicos de privatización y apertura al mercado. La premisa de contar con un mercado de tierras eficiente y transparente motivó la decisión de intentar resolver la informalidad en los derechos de tenencia, característica común en un gran número de países latinoamericanos. Adicionalmente, la premisa de que el título de propiedad permitía reducir la pobreza al facilitar el acceso al crédito e incrementar el valor de la tierra, constituyeron ambas, importantes causas en el surgimiento de los PAT latinoamericanos a finales del siglo XX. En Centroamérica los conflictos de tierras e informalidad en los derechos, legados de las guerras civiles de los años 1970 y 1980 y la implementación de los Acuerdos de Paz, constituyeron razones adicionales en el surgimiento de estos proyectos, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala (ver el surgimiento de los PAT en América Central).

En los últimos 25 años los organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial, el BID, la FAO y otras Agencias Internacionales de Cooperación Técnica bilateral, han provisto apoyo financiero y técnico a los Gobiernos nacionales a fin de mejorar y modernizar los sistemas de administración de tierras. Desde Guatemala hasta Panamá, todos los países centroamericanos han desarrollado proyectos de inversión de largo plazo, es por ello que éstos pueden ser considerados como verdaderos programas. Usualmente los Programas de Administración de Tierra (PAT) que apoya el Banco Mundial, el BID y otros organismos de cooperación en América Central han comenzado como proyectos pilotos que comprenden 3 fases de 5 o 6 años cada una. Financiados mediante préstamos que en ocasiones se extienden por uno o dos años adicionales, completando un período total de intervención de 18 a 20 años. Estos PAT tienen 4 niveles de intervención: I) modificaciones de los marcos legales y normativos nacionales, II) fortalecimiento de las instituciones de administración de tierras y de aquéllas asociadas (Ministerio de Medio Ambiente, Corte de Justicia, etc.), III) fortalecimiento de instancias sub-nacionales para el manejo del catastro y de los procesos de delimitación territorial, como los municipios, las áreas protegidas o los territorios indígenas, y IV) procesos de regularización de la tenencia y resolución de conflictos en beneficio de las familias y de comunidades.

La implementación de los PAT en Centroamérica ha logrado avances importantes en el fortalecimiento de los servicios de administración de tierra, lo que ha motivado su ampliación en casi todos los países donde se iniciaron. Sin embargo, hoy en día no existe completa certeza sobre el grado de alcance de los resultados clave e impactos obtenidos por los PAT. Salvo el caso de algunas fases de los Proyectos, como el PAT I de El Salvador y PAT I de Guatemala, no existen análisis que permitan identificar cuáles opciones de los enfoques utilizados para implementarlas han sido más eficaces, y bajo qué condiciones son más eficientes. Esta situación se debe en parte a la falta de claridad en la definición de los objetivos de los PAT durante su formulación en los primeros años de ejecución, y sobre todo a la falta de una línea de base que integre el valor de los indicadores clave elegidos en el diseño del proyecto, a fin de medir sus impactos en los diferentes niveles de intervención.

La falta de una clara definición de los métodos de evaluación, los cuales han variado con el tiempo y las diferentes fases de los PAT ha constituido asimismo un obstáculo en la medición de los impactos de los Proyectos. La experiencia ha demostrado que lograr la formalización y regularización de los derechos aunada a la eficiencia y buen funcionamiento de los servicios de AT requiere de procesos lentos y evolutivos. La sostenibilidad de dicha eficiencia y buen funcionamiento de los servicios es una condición importante que debe ser considerada desde la fase de diseño de los PAT. En este sentido, contar con un sólido sistema de monitoreo y evaluación permite hacer los ajustes necesarios entre una fase y otra, así como tomar consciencia de los costos que representarán para el gobierno nacional asumir poco a poco la completa ejecución de las tareas realizadas por el PAT.