La Organización Internacional de Trabajo (ILO) definen el desarrollo económico local (DEL) como “un proceso de desarrollo participativo que formenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento de los recursos y ventajas comparativas locales en el contexto global, con el objetivo final de estimular la actividad económica y crear empleo decente”. El enfoque DEL toma como unidad de actuación al territorio y no a la empresa o el sector agrario aislado, y depende principalmente de la capacidad para introducir innovaciones, en su sentido más amplio, en el interior de la base productiva y tejido empresarial de un territorio.

Aunque los bajos costes de producción representan una de las principales ventajas competitivas, la competitividad empresarial depende de tres tipos de actuaciones (Albuquerque, 2004):
1) las realizadas al interior de la empresa en la introducción de innovaciones tecnologicas y en búsqueda de eficiencia organizativa y de gestión y calidad en la producción
2) las llevadas a cabo con la red de proveedores y clientes que conforman la cadena de valor a la que pertenece la empresa; y
3) las orientadas a construir el “entorno territorial” propicio para el acceso a los servicios de desarrollo empresarial

En este sentido, el concepto de “competitividad territorial”  insiste en que no compiten las empresas aisladas, sino el conjunto de redes empresariales y eslabonamientos de las cadenas productivas, así como el territorio, en la medida que éste se dota del capital social e institucional favorable a la introducción de innovaciones (IADB, 2008).

La dimensión DEL enfoca de manera integral el desarrollo empresarial y empleo, y considera no sólo la innovación de la base productiva y tejido empresarial en el ámbito local, sino también formas de producción asociada,mejora de las redes territoriales de apoyo a la producción, segmentación de mercados, valor agregado, calidad y diferenciación de la oferta productiva, cualificación de los recursos humanos locales, cooperación de actores públicos y privados locales, y mejora de la coordinación institucional entre los diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas.

Dentro del “entorno territorial” propicio para el emprendimiento se incluyen dimensiones como: costes asociados al inicio de un negocio o emprendimiento, acceso a nuevas tecnologías, asistencia técnica y acompañamiento (mentoría y coaching), obtención de permisos (ambientales, sanitarios), acceso a créditos e incentivos, costes asociados al mantenimiento de actividades etc. Trabajar en el impulso al emprendedurismo pasa por el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades emprendedoras (conocimientos, habilidades y comportamientos), las cuales permitirán a los emprendedores rurales aprovechar más y mejor las oportunidades, así como prepararlos para enfrentar los desafíos de un entorno cambiante, que reta a los emprendedores hacia una permanente gestión del cambio; donde ser capaz de adaptarse y de transformarse, es la clave para la continuidad de las iniciativas empresariales.

Las administraciones públicas en sus distintos niveles, poseen competencias en materia de empleo y promoción socioeconómica. Un buen conocimiento de sus políticas de actuación, programas y medidas puestas en marcha, y de la articulación entre las mismas, permitirá optimizar los resultados con relación al impulso de los emprendimientos rurales en el territorio. Por otra parte, es importante la coordinación y alineación entre estrategias e inversions de distintos actores relevantes (donantes, organizaciones no gubernamentales, y de la sociedad civil, sector privado, y el mismo sector público) del territorio. En la preparación de los Planes de Desarrollo, ya sea a nivel municipal, departamental, regional o nacional, conviene considerer las iniciativas en marcha, con objeto de evitar duplicidad, maximizar los recursos disponibles, y contribuir a la creación de capital social en el territorio. En muchas ocasiones, las municipalidades, departamentos y regiones optan por elaborar Planes de Desarrollo Económico Local (PDEL), dentro del proceso de planificación estratégica.

Tanto el sector público como los agentes privados, empresariales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), “brokers” y el conjunto de la sociedad local, deben ser capaces de abrir espacios de concertación estratégica para construir la institucionalidad político-administrativa del desarrollo económico local y dinamizar estos procesos.

Los gobiernos locales desempeñan un rol decisivo como animadores y facilitadores para el impulso de iniciativas de desarrollo económico local; y convenios público-privados-sociales facilitarán la implementación de las mismas. A pesar de la importancia de que el sector público dote a todo el proceso de la suficiente perspectiva de medio y largo plazo y facilitará los procesos de movilización y participación de actores locales, la realidad es que el sector público regularmente trabaja con una perspectiva no mayor al periodo de gobierno. El sector privado, ONGs, “brokers” apoyará la ejecución de las iniciativas así como la apropiación y continuidad de las mismas, independientemente de los posibles cambios de las autoridades locales.

Para la elaboración del Programa de Desarrollo Económico Local es importante:

1. realizar un análisis de las realidades sociales y productivas de un determinado territorio (por ejemplo un diagnóstico de los niveles educativos, organizativos, conocimiento de mercados);
2. identificar y priorizar los problemas que dificultan el desarrollo económico de la población (niveles de formación/educación; fallas de mercado; escala y asociatividad; infraestructura productiva);
3. examinar cuales son las ventajas comparativas y los activos disponibles (disponibilidad de recursos naturales en el territorio o disponibilidad de tierra, agua, bosque, paisaje, y clima apropiado; programas de cooperación internacional); y
4. diseñar las iniciativas y acciones que permitan el desarrollo y transformación productivo (asistencia técnica, entrenamiento capacitación y acompañamiento; centros de tecnología e innovación; servicios financieros; ecosistemas de emprendimientos).

Los servicios de desarrollo empresarial constituye una cuestión fundamental desde el punto de vista del DEL

Gestión Sostenible Rural (GRS)
La Red Rural Nacional Española finació un proyecto impulsado por dieciocho Grupos de Desarrollo Local de Cataluña, Baleares y Aragón. El objetivo del proyecto era fomentar la cultura empresarial entre las organizaciones – públicas y privadas – del medio rural. Para alcanzar este objetivo, se aplicafon dos enfoques:

1. Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones productivas comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores o partes interesadas (Libro Verde de la RSE. Comisión Europea. 2001). Establece en las empresas políticas que garantice su desarrollo sostenible y, por extensión, la de los territorios donde se ubican.
2. Territorios Socialmente Responsables (TSR): Favorece la inter-cooperación y la creación de sinergias entre territorios rurales sostenible. Tiende a la sostenibilidad afrontando proactivamente sus retos económicos, sociales y ambientales, a través de estrategias colaborativas y el compromiso multilateral, con soluciones eficientes que creen valor para todas las partes, gestionando los propios activos tangibles e intangibles y alineándolos hacia una visión sostenible del territorio (Josep Maria Canyellas)

Los resultados estimados del proyecto fueron: (i) al menos 18 territorios rurales incorporan la RSE en las estrategias de desarrollo; (ii) aproximadamente 600 empresas implantan los valores y y las políticas de RSE; (iii) 10.000 personas sensibilizadas y 2.000 personans formadas en RSE y (iv) se crea un nuevo perfil de técnico en el mundo rural: El tutor de RSE.

A nivel cualitativo, la aplicación de la GSR como proceso metodológico para la concesión de ayudas aporta valor añadido en las estrategias de desarrollo local en la medida que las dota de: (i) un eje transversal común: la RSE, como garantía de desarrollo equilibrado; (ii) carácter sostenible (el uso de los recursos públicos no comprometa las opciones de desarrollo futuro); (iii) innovación en las formas de gestión; (iv) carácter participativo y solidario; (v) potencial de transferencia y (vi) mecanismos sólidos para asegurar la igualdad de oportunidades; la mejora de las condiciones socio laborales y la preservación del medio ambiente a partir de una sistemática para analizar la situación de las personas y les políticas ambientales en las organizaciones e incorporar acciones de mejora.
Var más en:
Catálogo de soluciones innovadoras para aumentar las oportunidades de las personas de baja cualificación que viven en zonas rurales (Rural up, 2013).