México es el décimo país más poblado del mundo, con una cifra que en 2020 alcanzó 127.8 millones de personas, de las cuales 51.2% son mujeres, 77% del total de la población vive en localidades urbanas (23% rurales), 12 millones de personas viven en hogares indígenas -que representan el 10.6% de la población nacional; se identifican 7.4 millones de hablantes de lenguas indígenas, que representan el 6.5% de los habitantes mayores de tres años del país, y 25.7 millones de personas se auto adscriben como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total del país. Además, 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas, que representa el 1.2% de la población a nivel nacional, y el 6% tiene alguna discapacidad.

Economía del país y COVID-19

A pesar de un entorno económico global adverso, la economía mexicana había mantenido un crecimiento moderado en promedio anual de 2.5% entre 1980 y 2018, mientras que en 2019 México cerró con un promedio anual de -0.1% del PIB.

En México, el sector servicios es el mayor componente del PIB (60% en 2018), seguido por el sector industrial (31% en 2018) y después el agrícola (3% en 2018). De la fuerza laboral, se estima que 13% está empleada en la agricultura, 26% en la industria y 61% en el sector de servicios.

El impacto del COVID-19 en la economía, al igual que en otros países, ha sido severo. Para el cuarto trimestre del año, el país registro una caída del PIB del (-)4.6%, respecto al cuarto trimestre del año anterior, siendo las actividades secundarias y terciarias las más afectadas (con -3.4 y -5.3% respectivamente), mientras que las actividades primarias se han mantenido a la alza, con un crecimiento del 4.9% respecto al cuarto trimestre del año anterior, con ello se estima una caída de (-)8.5% del PIB anual con respecto al cierre de 2019.

Las estimaciones ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2021, prevén que el PIB de México tendrá un crecimiento de entre 4.3% y 4.5% con respecto al 2020.

Producción agroalimentaria

Las actividades primarias han tenido un papel relevante para el abasto y la seguridad alimentaria de México. Las medidas tomadas por el Gobierno de México han permitido la disponibilidad continua de alimentos durante todo el 2020. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER pronostica que la producción se incremente en 3.2% respecto al año anterior.

Pobreza alimentaria

En cuestiones sociales, México es ejemplo de la paradoja que enfrentan los países de ingresos medios altos. El perfil ascendente del país en el Índice de Desarrollo Humano (IDH, 0.774, lugar 74) ha dado lugar a logros importantes en el bienestar de su población; sin embargo, los promedios nacionales esconden disparidades.

A nivel nacional, el ingreso per-cápita de las familias urbanas, asciende a 55,495 MXN anuales, mientras que la población rural percibe un ingreso anual promedio de 30,016 MXN. Asimismo, a 2018, 41.9% (52.4 millones) de la población en México se encontraba en pobreza (34.5% en pobreza moderada y 7.4% en pobreza extrema), de los cuales 17 millones están en zonas rurales y 35.5 millones en zonas urbanas.

La pobreza extrema afecta a 17.4% de la población rural, mientras que en zonas urbanas la pobreza extrema alcanza 4.4%, además de los 12 millones de personas indígenas en el país, el 71.9% se encuentra en pobreza.

Del mismo modo, 20.4% (25.5 millones) de la población presenta carencia por acceso a la alimentación. Debido a los efectos socioeconómicos por las medidas de contingencia sobre la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estima que la pobreza a nivel nacional se incremente, en el peor de los escenarios, en 7.9 puntos porcentuales, es decir, que hasta 9.8 millones de personas podrían caer en pobreza a raíz de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Biodiversidad

Respecto al medio ambiente, México es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural en el mundo. De acuerdo con las últimas estimaciones, el país ha perdido alrededor del 50% de sus ecosistemas naturales, con una superficie deforestada de 92 mil hectáreas anualmente en promedio de 2010 a 2015; la contaminación de los ecosistemas y la afectación de los suelos es considerable (el 44.9% de los suelos presenta algún proceso de degradación), y sumado a este panorama se conjuga, además, una creciente presión sobre el uso y disponibilidad del agua que se ha visto mermada por el impacto del cambio climático, teniendo como resultado dos años consecutivos (2019 – 2020) de sequía atípica debido al calentamiento global, mientras que el país es también vulnerable a los impactos de los ciclones tropicales y otros desastres naturales. En este sentido, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, muestra que el 74% de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) reportaron pérdidas económicas por causas climáticas debido a la afectación total o parcial de sus cosechas o animales.

Igualdad de género

Respecto a la igualdad de género, México ha fortalecido su derecho interno y ha incrementado progresivamente recursos públicos para lograr la equidad, con resultados importantes en la vida de mujeres y niñas. No obstante, todavía persisten marcadas brechas en todas las esferas del desarrollo sostenible, debido a múltiples factores de violencia, discriminación y desigualdad. Uno de estos factores es la propiedad de la tierra. Hasta hace poco más de treinta años las propietarias de la tierra sumaban apenas un punto porcentual y ahora representan cerca de 18%, es decir 1,877,000 mujeres rurales que actualmente son dueñas de la tierra, y se distribuyen en 701,000 ejidatarias; 201,000 comuneras; 656,000 posesionarias y 318,000 propietarias privadas.

Política agroalimentaria

La política agroalimentaria del Gobierno de México asume el principio de economía para el bienestar, sustentada en la relevancia de los productores de pequeña y mediana escala, quienes constituyen el 85% del total de productores agroalimentarios, generan más del 60% del empleo contratado y son poseedores y garantes de la agrobiodiversidad.

De cara a la necesidad de reducir las desigualdades, se emprenderá una política diferenciada para atender a los distintos grupos de productores y regiones del país considerando el potencial de los territorios y las necesidades diferenciadas de los productores agropecuarios y pesqueros.