24 de noviembre e 2020, Suva/Apia/Roma - 

Fiji se encuentra en la lista de los principales países a donde muchos turistas quisieran viajar cuando las fronteras internacionales vuelvan a abrirse tras el COVID-19. Pero esta imagen icónica como destino exitoso de vacaciones y luna de miel no refleja con precisión la realidad actual del país.

Fiji es un país de ingreso mediano, cuya economía se basa en la agricultura, compuesta principalmente de agricultura de subsistencia (de hecho, más del 80% de los agricultores son pequeños agricultores que viven en zonas rurales).

Como consecuencia de la COVID-19, el turismo pierde miles de empleados y las remesas se agotan, y con ello el sustento muchas familias. Probablemente esto se traduzca en una subida del precio de los alimentos y una bajada de los ingresos familiares, sobretodo para grupos vulnerables como mujeres y niños. A su vez, las dietas saludables se vuelven cada vez menos accesibles, y se acrecienta la obesidad y el sobrepeso, que ya afectan a dos cuartas partes de la población adulta.

El enclave geográfico de los países del Pacífico hace que la lucha contra el hambre y la malnutrición sea todavía más difícil: grandes distancias entre islas, baja densidad de población y riesgos frente al cambio climático. Fiji es un archipiélago de más de 300 islas, lo que aumenta los costes de trabajo y de transporte para los pequeños y medianos productores.

Recorrer los mercados locales es un claro reflejo: junto a productos frescos, que suelen tener un precio alto, especialmente fuera de temporada, los productos importados y procesados son más baratos. La obesidad, asociada con enfermedades

La obesidad, estrechamente vinculada con enfermedades no transmisibles asociadas con las dietas, causa ocho de cada diez muertes en el país, y afecta a uno de cada tres adultos, sobretodo a las mujeres de menos recursos en las zonas urbanas.

Fiji es un país de renta media y la agricultura es la columna vertebral de su economía, compuesta principalmente de agricultura de subsistencia: el 80% de los agricultores son pequeños agricultores que viven en zonas rurales.

Bajo estas circunstancias, Fiji quiere mejorar la vida de las personas y lograr un progreso real para erradicar el hambre y la desnutrición. Así, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha el Plan de Desarrollo Estratégico. El Plan sirve como hoja de ruta, regulando las bases para la toma de decisiones a nivel de país en seguridad alimentaria y la nutrición, así como estableciendo lo que se debe hacer, quién lo ha de llevar a cabo, cómo y para quién. También dicta elementos de política innovadores, aplicando principios de derechos humanos.

Para ello, Fiji trabaja junto al Programa Impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, resiliencia, sostenibilidad y transformación (FIRST), una alianza entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea (UE). FIRST se encargó de reunir a las diferentes partes interesadas, facilitando la revisión del SDP, y en la actualidad apoya su implementación y elabora el monitoreo y la implementación.

El derecho a una alimentación adecuada está consagrado en el derecho internacional, reconocido en las constituciones e incluido en la legislación nacional. Ahora bien, no es suficiente para que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, accesibles, inocuos y nutritivos.

El enfoque legal contra el hambre, el derecho legal a la alimentación, tiene que traducirse en un conjunto de reglas que clarifiquen y especifiquen los detalles que facilitan su correcta implementación.

El escenario: ¡la formulación de políticas en acción!

El derecho a una alimentación adecuada puede estar consagrado en el derecho internacional, reconocido en constituciones o incluido en la legislación nacional. El objetivo es que todas las personas tengan acceso en todo momento a alimentos suficientes, asequibles, seguros y nutritivos que sean culturalmente aceptables y capaces de satisfacer las necesidades dietéticas de cada individuo. Para garantizar la plena realización de este derecho humano, los países deben traducir el derecho a una alimentación adecuada en un conjunto de reglas que se ajusten al contexto, aclarar cómo implementar las acciones y generar efectos duraderos.

El Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) de Fiji pone en primer plano algunos de los elementos que debe incorporar cualquier política que apunte a la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada. ¡Veamos la receta!

1. La base: El derecho a una alimentación adecuada

El PDE contribuye al Plan Nacional de Desarrollo (NDP), el cual fue aprobado por el gobierno de Fiji en 2017 con una visión de 20 años para garantizar el acceso a alimentos adecuados de calidad y valor nutricional aceptables para todos los fiyianos. Este objetivo emana del contenido normativo del derecho a la alimentación, reconocido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1999.

Varias estrategias a nivel de país se están desarrollando para lograr estos objetivos, como prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes e intervenciones centradas en la escuela.

Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Agricultura ha trabajado por garantizar la disponibilidad y la estabilidad de los alimentos. Como parte de la respuesta al COVID-19, el Ministerio ha distribuido paquetes de semillas a las personas para que siembren sus propias verduras y frutas en casa. Con ello aumenta su poder adquisitivo al ahorrar en las compras y les permite tener provisiones en caso de escasez de alimentos. Además, promueve la venta en los mercados locales de alimentos saludables producidos en el país.

2. Múltiples áreas de especialización

El que expertos de diferentes áreas trabajen juntos permite dar un abordaje desde diferentes perspectivas, complementando y uniendo las agendas

El Ministerio de Agricultura se encarga de la implementación del PDE. Al mismo tiempo, es consciente de que para progresar en la SAN se requiere apoyo adicional. La participación de otros ministerios en la formulación del Plan, como el Ministerio de Salud y Educación, son una clara prueba de ello.

La nutrición, que tradicionalmente había estado ligada a sanidad, se ha incorporado en otros sectores, sobretodo a la agricultura, quien lidera este cambio e involucra a otros actores clave de la salud, la educación y el comercio.

“De este modo, se fomenta la coherencia a largo plazo entre políticas, lo que es una ruptura con la forma habitual de operar en el Pacífico, donde la mayoría de los países aún ven la SAN desde una perspectiva sectorial”, explica Eriko Hibi, Coordinadora Subregional de la FAO para las Islas del Pacífico.

3. Varias partes interesadas se sientan alrededor de la mesa

Los Estados son los primeros responsables en la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Al mismo tiempo, reunir la experiencia y los conocimientos de todas las partes interesadas pertinentes, incluyendo el sector académico y el privado, aporta enormes beneficios.

“Una de las ventajas de un proceso tan participativo con aportes del personal de otros ministerios y partes interesadas sectoriales es que las estrategias, los resultados y los indicadores clave de rendimiento del PDE se validan desde una perspectiva más amplia, lo que los hace más legítimos y relevantes”, Señala Ritesh Dass, Secretario Permanente de Agricultura de Fiji. "Además, los actores se sintieron más involucrados, ya que pudieron identificar sus propias contribuciones y logros más al final de cada año".

4. La nutrición agrega valor

El derecho a una alimentación adecuada no consiste solamente en alimentar a las personas, sino también en nutrirlas. También, en tener acceso a alimentos suficientes, en cantidad y calidad, para satisfacer las necesidades nutricionales de las personas y llevar una vida sana. En resumen, una parte muy importante de la salud depende de tener una buena alimentación.

“La primera prioridad del PDE está fuertemente comprometida, no solo con la seguridad alimentaria, sino también la nutrición, entendiendo que se deben tomar acciones desde el sector agrícola para lograr un progreso real hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2”, subraya Dass.

Se ha puesto en marcha la iniciativa de huertos urbanos  (también como respuesta a la crisis de la COVID-19), con el fin de concienciar sobre la importancia de producir y acceder a alimentos locales para el consumo de tubérculos, hortalizas y frutas, en lugar de los alimentos baratos ultraprocesados ​​con alto contenido de sal, grasa y azúcar. Los beneficiarios reciben paquetes de hasta 25 macetas, 5 bolsas de tierra de jardín y semillas para cultivos y árboles frutales; y deben completar los Formularios de Perfil de Jardinero para el monitoreo y evaluación de sus jardines.

5. Monitorear los resultados

El seguimiento contribuye en gran medida a disfrutar del derecho a una alimentación adecuada. Es necesario medir las políticas para verificar y realizar un seguimiento de cuánto han avanzado y si están cumpliendo los resultados esperados.

El PDE contiene un conjunto de indicadores para asegurarse de que no haya inconsistencias en la información y que cualquier cambio en las acciones planificadas se justifique y se comunique a tiempo. Además, el Ministerio de Agricultura ayuda a los funcionarios a fortalecer sus conocimientos para llevar a cabo análisis de datos. La recopilación de la información correcta entrega una visión general del estado de la agricultura y hace que los proyectos o planes sean más factibles y exitosos.

6. Recursos financieros

Las políticas, planes y programas no pueden implementarse sin financiamiento. Los presupuestos son la medida más concreta y objetiva del compromiso de un gobierno con el reconocimiento del derecho a la alimentación.

Obtener los recursos financieros adecuados siempre es un desafío. “Pero estamos mejorando la conexión entre las prioridades del PDE y los presupuestos de los programas para que la asignación de recursos esté en línea con los principales objetivos del Ministerio de Agricultura”, subraya el Secretario Permanente.

De cara al futuro: vía libre para la consolidación del derecho a la alimentación

El diseño e implementación del SDP es sin duda una buena referencia en la región. Pero asegurar la SAN, al tiempo que la COVID-19 se extiende por todo el mundo, requerirá grandes esfuerzos.

“Poner en práctica la agenda de derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación, y abordar los desafíos existentes requiere capacidades y conocimientos adicionales, un mayor nivel de recursos e instituciones fortalecidas que deben estar respaldadas por un fuerte compromiso político en todos los niveles”, expresa Hibi.

Empoderar a los agricultores es fundamental para que sus voces se escuchen en el ámbito de las políticas. Este es el propósito del Consejo de Agricultura y Ganadería de Fiji (FCLC, por sus siglas en inglés), el organismo central del gobierno para el sector agrícola no azucarero de Fiji, compuesto por 15 asociaciones nacionales de productos básicos que representan a casi 60.000 agricultores. El Consejo, en coordinación con los servicios de extensión del Ministerio de Agricultura, facilita las capacitaciones. “Es como tener una lista de compras de los agricultores: identificamos sus necesidades y las alineamos con las prioridades del gobierno”, explica Jiu Daunivalu, directora ejecutiva de FCLC. Si los agricultores tienen el conocimiento, entienden el mercado, la cadena de valor, quiénes son los actores y los facilitadores, etc., son más capaces de reclamar sus demandas y de tener una posición más fuerte, agrega.

Casi el 90% de la tierra es propiedad de indígenas fiyianos (iTaukei), cuya identidad determina la economía familiar. Se enfrentan a la difícil tarea de intentar mantener sus creencias (kerekere) frente a las influencias de la economía de mercado, modernidad frente a tradición. Por ejemplo, en ocasión de una boda, un agricultor debe entregar a la familia la mitad de la cosecha, como obligación moral. Como consecuencia, hay menos producción disponible para el comercio. El Consejo está trabajando para ayudar a los agricultores a encontrar un equilibrio entre maximizar sus ganancias y cumplir con sus obligaciones sociales. La profesionalización y la educación les permiten mejorar sus habilidades y practicar no solo la agricultura de subsistencia sino también orientarse hacia el mercado, comenta Daunivalu.

Desde lo alto de la agenda política, el PDE está impulsando a Fiji a avanzar hacia la realización del derecho a la alimentación para todas las personas. Mientras tanto, la recuperación frente a la COVID-19 puede significar una oportunidad adicional para presionar el botón de reinicio y reconstruir mejor, adoptando un futuro más sostenible.