15 de junio de 2021, Roma -La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado un manual en línea para guiar en la aplicación complementaria de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación y las Directrices voluntarias para asegurar la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE). 

La nueva publicación, titulada "La pesca en pequeña escala y el derecho humano a una alimentación adecuada - Estableciendo la conexión", guía al lector a través de los elementos comunes entre los dos instrumentos voluntarios e incluye ejemplos y enfoques para transformar estas herramientas en políticas y programas sólidos.

En muchas partes del mundo, el pescado es la principal fuente asequible y suficiente de nutrientes y proteínas. Para muchas familias de países pobres, la pesca significa mucho más que una simple comida, es la forma de sobrevivir y ganarse la vida.

Pero a pesar de la contribución sustancial a la seguridad alimentaria y la nutrición, muchos pescadores en pequeña escala siguen estando marginados. Su contribución al desarrollo sostenible no se reconoce, al igual que muchos de sus derechos humanos.

“Las comunidades pesqueras en pequeña escala desempeñan un papel importante en la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, especialmente en las zonas rurales”, dijo Serena Pepino, experta en políticas sobre el derecho a la alimentación de la FAO. “No lograremos la Agenda 2030 si sus derechos humanos no se respetan y protegen”, agregó.

“Las relaciones de poder desiguales, la falta de acceso a los servicios o la poca participación en la toma de decisiones son solo algunas de las limitaciones que enfrenta el sector”, explicó Nicole Franz, oficial de Planificación Pesquera de la FAO. “Si esto no se aborda, la capacidad de alimentarse a uno mismo y a la sociedad en general con dignidad puede verse seriamente amenazada”, agregó.

El primer punto de partida presentado en el manual para la implementación de ambas Directrices basadas en los derechos humanos es identificar quién es quién y quién hace qué en el sector de la pesca en pequeña escala, desde las organizaciones de la sociedad civil hasta los observatorios y legisladores del derecho a la alimentación. También es importante analizar las relaciones de poder y los posibles conflictos entre todas las partes interesadas relevantes.

El segundo paso es realizar evaluaciones basadas en los derechos humanos (legislación, política, programas, etc.). Algunas de las preguntas relevantes en esta etapa es si se han establecido mecanismos de rendición de cuentas y reparación, o hasta qué punto existe conciencia sobre el derecho a la alimentación entre los funcionarios estatales y los titulares de derechos. Se trata de comprender quién (¿quiénes son los más vulnerables?), dónde (¿dónde se encuentran los más vulnerables?) y el por qué (¿por qué los más vulnerables tienen más inseguridad alimentaria?) de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en un contexto determinado. Esto proporcionará un conocimiento esencial para promover cualquier acción legal y política significativa y sostenible.

En tercer lugar, hacer un seguimiento del impacto de las políticas sobre los derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación. Esto permite ver qué medidas aún son necesarias para lograr los resultados y qué tan lejos están las políticas de alcanzar sus objetivos.

Cuarto, empoderar a las partes interesadas mediante el desarrollo de capacidades, como cursos de formación o creación de redes. Esto debe llevarse a cabo de la mano de la sensibilización, para que todos los involucrados en la implementación se familiaricen con el contenido de las Directrices y comprendan su función.

En quinto lugar, las cuestiones de género deben integrarse en la acción política. Hay varias medidas que pueden contribuir a esto, como reconocer los derechos consuetudinarios de las mujeres a los recursos pesqueros o alentar que participen en la gobernanza pesquera.

Dos herramientas normativas únicas

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación fueron refrendadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y aprobadas por el Consejo de la FAO en 2004. Fue el primer intento de la comunidad internacional de interpretar un derecho económico, social y cultural.

Diez años después, las Directrices PPE fueron aprobadas por el Comité de Pesca de la FAO (COFI), convirtiéndose en el primer instrumento internacional basado en derechos dedicado enteramente al sector de la pesca en pequeña escala.

Estas dos herramientas van más allá de la teoría, pues son una guía dirigida todas las partes interesadas para diseñar, monitorear e implementar políticas. Ambas se formularon a través de consultas de abajo hacia arriba y persiguen el cumplimiento de todos los derechos humanos.

Las Directrices PPE, junto con otras herramientas políticas facilitadas por el CSA, incluidas las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y nutrición recientemente adoptadas, las Directrices voluntarias sobre la tenencia (VGGT) y los Principios para la inversión responsable en la agricultura (CSA-RAI) se basan en las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación. Todos hacen referencia explícita y están respaldados por una serie de instrumentos vinculantes y no vinculantes, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESC).

DATOS CLAVE

• Los medios de subsistencia de aproximadamente 120 millones de trabajadores dependen directamente de las cadenas de valor de la pesca de captura comercial.
• El 97% (116 millones) de estas personas vive en países en desarrollo. Entre ellos, más del 90%   trabajan en el subsector de la pesca en pequeña escala y cerca del 50% del total de la fuerza de trabajo son mujeres.
• La pesca en pequeña escala aporta dos tercios de las capturas destinadas al consumo humano.
• Se estima que 5,8 millones de pescadores en el mundo ganan menos de 1 dólar por día.
• Las grandes flotas industriales acaparan los esfuerzos de ordenación pesquera y el interés político. Las políticas deberían desplazar el foco a las necesidades y los desafíos de la pesca en pequeña escala