Objetivos de Desarrollo Sostenible

Indicador 5.a.2 - Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de las tierras

El indicador recoge todos los objetivos normativos nacionales, los proyectos de disposiciones, las disposiciones jurídicas y la legislación de aplicación existentes que reflejan buenas prácticas en cuanto a garantizar la igualdad de derechos de la mujer respecto de la propiedad o el control de las tierras. Este indicador de jure medirá los progresos hacia la consecución de la meta 5.a de los ODS.

Meta 5.a

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Nivel de garantía de la igualdad de derechos de las mujeres sobre la propiedad o el control de la tierra en el marco jurídico nacional de determinados países, 2020 (1 = nivel más bajo, 6 = nivel más alto) (en inglés)

Impacto

El indicador 5.a.2 ofrece evidencia de las desigualdades de género en cuanto a la tenencia y el derecho a la tierra. Junto con el indicador 2.5.1, proporciona una base para el desarrollo de políticas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos y recursos.

Principales resultados

Los marcos jurídicos no ofrecen suficientes garantías para la igualdad de género en la propiedad o el control sobre la tierra. Todavía es necesario lograr progresos importantes en la formulación y aplicación de las leyes para realizar los derechos de las mujeres sobre la tierra.

Disponer de marcos jurídicos es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres a la propiedad o el control de las tierras. No obstante, los últimos datos disponibles de 36 países indican que las disposiciones legales incluidas en las leyes nacionales que representan a diversas regiones, así como diferentes contextos religiosos y culturales, no protegen adecuadamente los derechos de las mujeres sobre la tierra.

Por ejemplo, 15 de los 36 países han integrado disposiciones de registro conjunto en sus leyes; en 14 de los 36 el registro conjunto de la propiedad es obligatorio, mientras que solo uno de los 36 países ha establecido incentivos económicos para fomentarlo. Si no se incluye el nombre de las mujeres y sus derechos en el documento de registro de la tierra, los derechos de propiedad de las mujeres no son seguros, sobre todo en el caso de divorcio o de fallecimiento de su esposo o compañero sentimental.

Las características más positivas de los marcos jurídicos que garantizan los derechos de las mujeres sobre la tierra se refieren a la gestión de los bienes conyugales y los derechos de sucesión. Veintidós de los 36 países tienen disposiciones que establecen requisitos de consentimiento del cónyuge para las transacciones de tierras y 25 de los 36 países protegen por igual el derecho a heredar de las parejas casadas y de los hijos e hijas. No obstante, la persistencia de normas sociales y culturales constituye un importante obstáculo para el ejercicio y la reivindicación de los derechos de sucesión, en particular en aquellos países en los que el marco jurídico establece la supremacía del código de estatuto personal o de la costumbre en materia de herencia.

Asimismo, en los países en que se reconoce el derecho consuetudinario, es muy habitual que los derechos de las mujeres no estén explícitamente protegidos en caso de conflicto entre el derecho formal y el consuetudinario, y, por tanto, se vean amenazados por normas patriarcales. Únicamente en la mitad de los países en los que se reconoce el derecho consuetudinario, el principio de no discriminación prevalece en caso de conflicto. Además, en el caso de los derechos a la propiedad, es importante mencionar que las mujeres en uniones de hecho gozan de menor protección jurídica que las casadas y por tanto un gran número de ellas se ven desamparadas. Esta situación resulta particularmente pertinente en cuestiones relativas al registro conjunto, el consentimiento para las transacciones de tierras y los derechos de herencia.

Asimismo, aunque algunos países han adoptado medidas especiales de carácter temporal para apoyar la realización de los derechos de las mujeres a la tierra por ley y en la práctica, en consonancia con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aún queda mucho por hacer. El indicador 5.a.2 de los ODS incluye dos medidas positivas. Una está relacionada con la asignación de recursos financieros para facilitar la adquisición de tierras por parte de las mujeres, y la segunda con el establecimiento de cuotas obligatorias para fomentar la participación de las mujeres en instituciones que se ocupan de la tierra. Solo 12 de 36 países han establecido cuotas obligatorias para garantizar la participación de las mujeres en las instituciones de gobernanza de la tierra. Los datos demuestran que cuando las mujeres participan en los procesos de toma de decisiones, es más probable que se tengan en cuenta sus intereses y prioridades. Por último, solo seis países tienen disposiciones en sus marcos que asignan recursos financieros para facilitar la adquisición de tierras por parte de las mujeres. Estas cifras demuestran que hay que intensificar los esfuerzos para garantizar que las mujeres estén representadas en las instituciones relacionadas con la tierra y que los programas para aumentar la propiedad o el control de la tierra por parte de las mujeres cuenten con recursos financieros adecuados.

Si bien la información contextual indica que, en los últimos tres decenios, muchos países han cambiado sus legislaciones con miras a promover la igualdad de género, los datos de los países que actualmente presentan informes en relación con el indicador 5.a.2 de los ODS muestran que es necesario seguir avanzando para promover los derechos de las mujeres a la tierra en la ley y en la práctica. De hecho, las disposiciones incluidas en los ordenamientos jurídicos de 15 de los 36 países no ofrecen garantías adecuadas para proteger los derechos de las mujeres sobre la tierra (las barras numeradas con 1, 2 y 3 de la Figura 28 representan que las garantías ofrecidas son inexistentes o de niveles muy bajo o bajo). Esta situación resulta aún más acuciante ahora que la COVID-19 parece haber afectado negativamente a los derechos de las mujeres sobre la tierra. Por ejemplo, se han registrado casos de mujeres obligadas a ceder sus tierras tras el fallecimiento de su marido; estas mujeres se ven sometidas a presiones internas para renunciar a sus derechos a favor de miembros más poderosos de la familia o de la comunidad y encuentran dificultades para acceder a sistemas de mediación o mecanismos judiciales de reclamación.

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