Indicadores de alimentación adecuada
Uruguay trabaja en herramientas para evaluar el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada de la población.
Técnicos de las instituciones estatales vinculadas al derecho a la alimentación adecuada, académicos, integrantes de la sociedad civil y parlamentarios concurrieron a talleres organizados por el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social (INDA-MIDES) con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para acordar indicadores que servirán de contralor del cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada en Uruguay.
En 2018, la FAO acompañó a las autoridades de Gobierno, al Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay (Comisión Especial por el Derecho a la Alimentación de la Asamblea Nacional de Uruguay) y la Universidad de la República (a través del Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODAA) de la Facultad de Derecho) en la elaboración de una propuesta de Ley Marco de Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional que dote al país de coherencia y andamiaje institucional en esta materia.
La Comisión Especial de Población, Desarrollo e Inclusión aprobó este proyecto de ley el martes 20 de agosto y el texto debe ingresar al plenario de diputados en setiembre. Pretende ofrecer una definición precisa del alcance y contenido de este derecho humano y establece los principios y las obligaciones del Estado y del sector privado, así como los mecanismos institucionales necesarios para su aplicación.
Esta ley busca apoyar una acción coordinada del Estado, ante el problema de la malnutrición que afecta a Uruguay al igual que la región y el mundo y que provoca enfermedades no transmisibles. El 65% de la población uruguaya sufre sobre peso y la obesidad, un guarismo mayor que el regional, donde el 60% de la población padece este problema, recordó Vicente Plata, el Oficial a Cargo de la Representación de la FAO en Uruguay.
“Los uruguayos van cambiando rápido sus hábitos, están incorporando una mayor actividad física, han disminuidos el tabaquismo. Entonces, con decisiones claras, no demoran tanto en cambiar hábitos. Pero tiene que ser una decisión de todos”, dijo Plata en la apertura de los dos talleres celebrados el jueves y el viernes en la sede del Centro de Formación de a Cooperación española.
Rendir cuentas para mejorar
“Apoyo para la implementación del derecho a la alimentación adecuada’’, es el nombre del proyecto regional de la FAO que apunta a acompañar la inminente aprobación, puesta en funcionamiento y seguimiento de la ley de Derecho a la Alimentación Adecuada, en el marco del cual se realizaron estos talleres.
En esa instancia, el Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay, impulsor del proyecto de ley por aprobarse, estuvo representado por el senador Daniel Garín quién destacó que diputados y senadores de las principales fuerzas políticas del país que integran esa comisión asesora del Poder legislativo priorizan “la posición Uruguay por encima de lo que pueden llegar a ser diferencias en tema puntuales de la estrategia”.
“Más allá de reportes internacionales, no tenemos una rendición de cuentas a la ciudadanía en materia de Derecho a una alimentación adecuada, por lo tanto, debemos articular esfuerzo aspara poder realizar esa rendición”, dijo por su parte el director del INDA-MIDES, Gerardo Lorbeer.
En ese sentido, una de las tareas previstas por el proyecto de la FAO es la elaboración de un documento que establezca indicadores que permitan el seguimiento y la rendición de cuentas periódica de la ley marco de Derecho a la Alimentación Adecuada.
El objetivo es “poder generar una batería de indicadores que permitan hacer el seguimiento del Derecho a la Alimentación Adecuada, en el marco de la ley, cuando la ley esté aprobada, pero también si se demora su aprobación”, explicó Luisa Saravia, consultora de la FAO que trabaja junto al INDA-MIDES para el proyecto.
Saravia analizó los documentos existentes e hizo entrevistas con informantes clave, para redactar un documento que se sometió a la discusión por parte de técnicos de las instituciones estatales vinculadas a la temática, académicos, integrantes de la sociedad civil y parlamentarios con el fin de acordar la batería de indicadores.
El objetivo es medir la disponibilidad, accesibilidad, adecuación, estabilidad y la sostenibilidad del derecho a la alimentación adecuada, así como las políticas, programas y otras acciones del Gobierno en esa materia, factores jurídicos e institucionales que la condicionan, así como los recursos públicos que se le asignan.
Saravia señaló que la medición deberá realizarse con una perspectiva de derechos por lo que esta herramienta pondrá especial atención en las personas en situación de pobreza, niños y embarazadas, poblaciones con carencias o enfermedades vinculadas a la alimentación (diabetes, celiaquía) e inmigrantes, en cuanto a su acceso a la Alimentación Adecuada.
Por el Observatorio del Derecho a la Alimentación del INDA-MIDES, Maria Rosa Curutchet, destacó que la futura ley deberá enmarcarse en la perspectiva de “sistema alimentario sostenible”, de acuerdo al trabajo realizado por el ODA. Porque “el modelo alimentario que tenemos hoy está dañando nuestro ambiente. Qué comemos, dónde lo comemos y dónde lo compramos está impactando en la compleja situación a la que nos estamos enfrentando”, explicó Curutchet.
En la apertura del taller, Mercedes Flores, la directora del Centro de Formación de la Cooperación Española, donde se desarrollaron los talleres el jueves y el viernes, destacó que el objetivo Hambre Cero es un tema estratégico para la Cooperación Española y que es en ese marco que trabaja con la FAO desde el año 2006, a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, que apoya el proyecto regional que apoya este trabajo.
En Uruguay, este trabajo es una consecuencia de las mesas de diálogo social realizadas por el MIDES en 2016, durante las cuales surgió la necesidad de contar con la Ley Marco de Derecho a la Alimentación, y de una serie de otras consultorías realizadas por la FAO en materia de Derecho a la Alimentación y Desarrollo Sostenible.