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Editorial

Las mujeres rurales, un activo de crecimiento decisivo para América Latina y el Caribe

 

Por Jordi Vaqué, Gestor de Información y Comunicaciones en FAO

 

“Somos conscientes de que este es un momento difícil para América Latina y el Caribe”, afirmaba Lakshmi Puri, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, el pasado mes de febrero en Panamá, apuntando al complicado crecimiento económico de la región y a unas previsiones un tanto desalentadoras para 2017. Y contrastaba esa afirmación con una perspectiva de género: “Es ampliamente reconocido que el empoderamiento de las mujeres puede desatar todo el potencial económico y productivo de nuestras sociedades y economías. La feminización de la pobreza es un impedimento para erradicarla del continente”.

Puri pronunció su discurso en el contexto de las consultas regionales previas a lo que será el 61º  Foro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61, por sus siglas en inglés), que se celebrará a mediados de este mes en Nueva York. El encuentro previo en Panamá tuvo una especial relevancia por dos motivos. En primer lugar, por una numerosa participación de ministras y altos funcionarios en cuestiones de género de 23 países de América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar, porque supuso la adopción unánime de la Declaración de Panamá, un documento que unifica problemáticas, necesidades y propuestas en apoyo a la igualdad de género, llamando a medidas decisivas para facilitar el empoderamiento económico de las mujeres en toda la región. En otras palabras, se confirma que ese vínculo -cada vez más visible- entre mujeres y pobreza tiene un efecto adverso en el desarrollo de las sociedades, condicionando la prosperidad y bienestar de toda la región. Visto así, bastaría con romper ese vínculo para avanzar en la dirección correcta.

Los datos están ahí. En América Latina y el Caribe cerca de un 40% de las mujeres mayores de 15 años no tiene ingresos propios pese a trabajar a diario. De ellas, 8 de cada 10 trabajan en el sector agrícola, un porcentaje que asciende entre las comunidades indígenas, afrodescendientes y jóvenes. La desigualdad económica, social y política entre hombres y mujeres en la región es palpable. Con esto en mente, parece lógico que la Declaración de Panamá proponga la adopción de políticas macroeconómicas que aborden esta cuestión, que contemplen aspectos estructurales, desde la protección social a la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. “Debemos romper los tradicionales obstáculos de acceso a las mujeres a los bienes públicos y privados, al crédito, a la tecnología y a los mercados”, apuntaba Josefina Stubbs, Vicepresidenta Adjunta del Departamento de Estrategia y Conocimiento del FIDA, en una reciente entrevista. “Es absolutamente urgente aumentar la participación de las mujeres y su papel en el proceso de toma de decisiones sobre las inversiones que se realizan en sus comunidades, y que sean sujetos activos en la implementación de estas inversiones”.

 

La región enfrenta una creciente feminización de la Agricultura

Aunque por un lado se habla del enlace entre mujeres y pobreza, también hay que tener en cuenta que el vínculo entre mujeres y agricultura es cada vez más fuerte. En parte a causa de la diversificación de labores, y en parte por la tendencia de los hombres a migrar a las ciudades por trabajo, muchas mujeres toman las riendas de sus familias y las labores agrícolas. Este fenómeno, conocido como “feminización de la agricultura”, es especialmente llamativo en América Latina y el Caribe. No en vano, en 2013 la FAO ya anticipaba un incremento de las mujeres a cargo de explotaciones agropecuarias en la región. En Chile y Panamá, 3 de cada 10 explotaciones estaban en manos femeninas. Sin embargo, el dato no era generalizable: en el extremo opuesto de la lista, Belice, la República Dominicana y El Salvador apenas llegaban al 10%.

La feminización del sector agropecuario supone una serie de ventajas y oportunidades para las mujeres, particularmente en lo que se refiere a su capacidad de toma de decisiones y la participación, el empoderamiento, y la percepción de un salario por su trabajo. Sin embargo, también implica riesgos, como el limitado acceso al crédito y al mercado, a activos como el agua o el equipamiento agrícola, o la tendencia a asignarles puestos de poca responsabilidad y bajos salarios. Podría decirse que la feminización de la agricultura supone una oportunidad en la medida en que las políticas reaccionen a tiempo –promoviendo, protegiendo y acompañando su trabajo. De lo contrario, el hecho de que las mujeres estén al cargo de las explotaciones puede acarrear una situación económica difícil para ellas y a sus familias, a menudo abocándolas a la pobreza y poniendo en jaque la seguridad alimentaria.

 

Mujeres rurales y cambio climático

El cambio climático y sus efectos sobre la agricultura no hacen sino añadir complejidad a la ecuación. Los fenómenos del Niño y La Niña en años recientes, por ejemplo, han traído consigo inundaciones y sequías que parecen cada vez más intensas y frecuentes, afectando en mayor o menor medida los sistemas agrícolas y forestales en toda América Latina y el Caribe. En este contexto las mujeres rurales e indígenas son más vulnerables a la pobreza y al hambre, y la brecha discriminatoria tiende a acrecentarse. La paradoja, sin embargo, es que como principales afectadas, las mujeres son parte de la solución, ya que pueden jugar un papel fundamental en la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático.

Promoviendo una participación más igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, o facilitando su acceso al mercado laboral, se abre la puerta a nuevas aportaciones en la formulación de políticas y en la implementación de medidas específicas. Por el contrario, ignorar sus conocimientos en gestión local o su capacidad para el manejo sostenible de los recursos supone minimizar drásticamente la capacidad de respuesta de los territorios ante los efectos del cambio climático. Mary Robinson, ex primera ministra de Irlanda, asegura que “mediante el reconocimiento de las mujeres de base como agentes de cambio en sus comunidades, la valoración de sus conocimientos y la construcción de su capacidad de adaptación, quienes toman las decisiones pueden desarrollar soluciones climáticas sostenibles a largo plazo a nivel local que fortalecerán a comunidades enteras”. 

 

Un encuentro decisivo

En un mes marcado por el día Internacional de la Mujer, en un contexto global en el que la perspectiva de género se ha convertido en un componente indisoluble en el diseño y gestión de políticas a escala global, el CSW61 afronta el desafío de trazar vías de cambio que trasciendan la agenda política o el discurso de los organismos internacionales. El empoderamiento femenino centra el encuentro, que se prevé fundamentado en las mujeres indígenas, y por primera vez, en el activo económico que supone la mano de obra de la mujer en un mundo laboral cambiante.

En cierta medida, ignorar ese valor supone menospreciar la capacidad de las mujeres para contribuir al desarrollo económico de sus comunidades y sociedades, algo que justificaría el ritmo ralentizado de crecimiento económico de América Latina y el Caribe. En este sentido, José Graziano da Silva, Director General de la FAO, asegura que "todo es cuestión de oportunidades. Las evidencias demuestran que cuando las mujeres cuentan con oportunidades, los rendimientos en sus explotaciones aumentan y también sus ingresos. Los recursos naturales se gestionan mejor. Mejora la nutrición. Y los medios de subsistencia están más protegidos”.

 

 

Jordi Vaqué

Gestor de Información y Comunicaciones en el Centro de Inversiones de la FAO, División de América Latina y el Caribe (TCIC)

 

Foto 1 Alex E. Proimos vía Flickr (CC BY-NC 2.0)

Foto 2 - Ibar Silva via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto 3 - CAFOD Photo Library via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto 4 - moverelbigote via Flickr (CC BY 2.0)

Foto Boletín - Alex E. Proimos via Flickr (CC BY-NC 2.0)

    

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