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Editorial

La primera ley de pesca artesanal del mundo busca proteger a los pequeños pescadores de América Latina y el Caribe

9 de cada 10 pescadores en América Latina y el Caribe trabaja en el sector de la pesca artesanal o de pequeña escala. La cifra es muy representativa de la importancia de este tipo de pesca dentro del sector en la región –que emplea a 2,3 millones de personas, pero también lo es de las condiciones de vida que muchas de ellas enfrentan a diario. La pesca artesanal es una forma de sustento para millones de familias, en su mayor parte rurales y de comunidades indígenas, y representa una fuente de subsistencia esencial para la región. Además, un buen número de técnicas y sistemas tradicionales de pesca que emplean son fruto de una herencia cultural y social de gran valor.

Sin embargo, hoy la sobreexplotación de los recursos, los efectos adversos del cambio climático y el poco reconocimiento institucional ponen a estas personas en una situación delicada. Sus formas de subsistencia, a menudo dependientes del medio, se ven constantemente amenazadas por circunstancias ajenas. Según Alejandro Flores, Oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO, “es fundamental fortalecer medidas de ordenamiento pesquero y dar reconocimiento a los derechos de las y los pescadores artesanales dado el contexto de alto dinamismo en la pesca mundial, caracterizado por menores volúmenes de captura derivados de procesos climático-ambientales y de sobreexplotación”.

A la luz de esta problemática, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) dio en junio vía libre a una ley sobre la pesca artesanal, la primera en el mundo, que tiene como objetivo definir un marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional sobre esta actividad. La llamada “Ley Modelo de Pesca Artesanal o Pesca en Pequeña Escala” nace para actuar como referencia normativa para los países de la región, animándoles de alguna forma a replicarla en el desarrollo de sus propias políticas nacionales. De lograrse, no sólo se estaría dando reconocimiento y protección a millones de personas, sino que supondría instaurar una legislación cohesionada y firme para el sector a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe.

Sostenibilidad e Inclusión

En un esfuerzo para promover sistemas pesqueros eficientes, equitativos y sostenibles a largo plazo, el documento entiende que “los recursos pesqueros, los usuarios y el modo de gobernanza interactúan entre sí, afectando al sistema como un todo”. Así, la ley bascula entre el enfoque social, medioambiental e institucional “para garantizar la sostenibilidad de los servicios ambientales en los ecosistemas donde se practica la pesca”.

Menciones a la inclusión social, a la tenencia y a las cadenas de valor evidencian el paralelismo con la agricultura familiar, que en América Latina y el Caribe acusa problemáticas similares. Son antecedentes comunes, por ejemplo, la necesidad de un uso más sostenible de los recursos naturales, combatir la desigualdad de género o favorecer la inclusión de jóvenes y comunidades indígenas en la toma de decisiones. “En este sentido”, añade Alejandro Flores, “la ley de pesca incluye acceso equitativo a los recursos pesqueros por la flota artesanal, con políticas diferenciadas para garantizar la equidad en materia de género y de derechos de los pueblos originarios”.

Qué es la pesca artesanal o de pequeña escala

El Parlatino la define como actividad de pesca que emplea predominantemente el trabajo manual autónomo en la captura, recolección, transformación, distribución y comercialización de recursos pesqueros marinos o de aguas continentales, practicado generalmente por individuos, grupos familiares o comunitarios u organizaciones asentadas en comunidades costeras o rivereñas, desde embarcaciones con poca autonomía, con artes y técnicas de pesca de mínima tecnificación, cuyas dimensiones varían de acuerdo con la definición de las respectivas legislaciones nacionales. Representa el medio de vida principal de las comunidades costeras y rivereñas, incluyendo mujeres y pueblos originarios y contribuye de forma significativa a su seguridad alimentaria e ingreso familiar.

El documento también fomenta la inclusión de pescadores artesanales en los sistemas de protección social –contributiva o no, y promueve la seguridad ocupacional, especialmente en el caso del buceo. Esta práctica ha sido el objeto de discusiones este año, ya que ejemplifica las arriesgadas condiciones que enfrentan a diario quienes la emplean, y la presión que sufren para lograr las cuotas de pesca –a menudo obligándoles a bucear a una profundidad cada vez mayor. Ante la necesidad de un marco normativo y de políticas que garantice la seguridad en las operaciones de pesca de buceo, la nueva ley se alinea con las directrices de trabajo digno de la FAO, la OIT y la Organización Marítima Internacional (OMI).

Promover una legislación uniforme

Esta ley supone un nuevo avance desde la entrada en vigor el año 2016 del primer gran acuerdo internacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR), el llamado Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto. Promovido por la FAO, el acuerdo cuenta ya con la adhesión de 12 países de América Latina y el Caribe, algunos de los cuales ya han comenzado a aplicar medidas. La nueva ley de pesca artesanal se alinea con él, otorgando un mayor reconocimiento legislativo y social a los pescadores artesanales.

 Hay que esperar, sin embargo, a que los países la implementen, y ver hasta qué punto lo hacen. Lograr un consenso entre todas las partes implicadas no está exento de dificultad. En palabras de Alejandro Flores, “El mayor reto serán los procesos de ordenamiento con participación social permanente, donde los sectores industrial, artesanal, los pueblos originarios, la academia, las instituciones y otros actores se involucren en las decisiones teniendo como faro el bien común, la equidad, la pesca basada en los derechos y la sostenibilidad de los recursos pesqueros”.

Fotografía de Gian Cornachini via Flickr (CC BY 2.0)

    

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