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Nueva la ley de desarrollo rural para Colombia
Fecha de publicación:12/03/2012
País: Colombia

Artículo de opinión
Por: Salomón Kalmanovitz

En la iniciativa del exministro Arias Leiva se extinguía el dominio sobre las tierras si no eran explotadas durante 3 años, algo que favorecía a los que habían usurpado la propiedad de campesinos desplazados o a los que explotaran lotes abandonados. Ahora se mira con cuidado que el derecho de propiedad sea legítimo y que retorne a su anterior dueño cuando existan de por medio acciones violentas en el área así delimitada.

En sentido similar, el desarrollo rural favorecía las llamadas reservas de desarrollo empresarial, poniendo en un segundo plano los intereses de los campesinos, de los indígenas y de las comunidades afrocolombianas sobre derechos colectivos a resguardos y zonas de reserva, vulnerados en especial con respecto a las últimas. Ahora hay un mayor equilibrio y se busca apoyar a los campesinos en sus empresas familiares o comunitarias.

Quizás el proyecto se va un poco en contra del desarrollo empresarial a gran escala al impedir que exista propiedad de los baldíos por parte de personas o empresas extranjeras. Es conocido el apetito de inversionistas brasileños y chinos por la siembra masiva de amplios territorios en la altillanura colombiana, que aprovechan economías de escala. Esto lo podrán hacer si se asocian con nacionales con una participación hasta del 50%.

La nueva ley introduce el concepto de derecho real de superficie, que es controvertido pues permite que un titular ceda el uso de su predio hasta por 30 años a favor de un tercero que lo utilice, goce y disponga de él. En el caso de un desplazado que no quiere volver a su terruño porque persiste el control territorial de facto de los violentos, la persona o empresa que lo esté usufructuando puede negociar un canon de arrendamiento con el propietario legítimo, perpetuando su expulsión y permitiendo que la vida económica siga su curso después de verse violentamente transformada. El desplazado gozará de la renta del suelo y eventualmente puede ejercer su derecho de propiedad.

En el pasado se le reconocía a un propietario sometido a un proceso de expropiación el avalúo comercial del predio en cuestión. Si el Congreso deja la ley tal como está propuesta —lo cual no es nada cierto— el Incoder podrá compensar al propietario con el avalúo catastral, lo cual es apenas justo. Los propietarios rurales han ocultado su riqueza durante toda la historia republicana subdeclarando el valor de sus tierras, evadiendo de esta manera los impuestos que hubieran servido para financiar las infraestructuras y la educación en la mayor parte de los municipios del país. No tiene sentido que paguen impuestos según el catastro y que se les compense con el valor comercial de predios, afectados precisamente por no ser explotados de manera adecuada.

Una iniciativa sobre el impuesto predial rural, contenida en el Plan de Desarrollo, va en la dirección de hacer costoso el mantener tierras ociosas o subexplotadas al aumentar la tarifa mínima que deben cobrar todos los municipios del país. De esta manera, los propietarios que no logren un ingreso superior al impuesto se verán forzados a vender o arrendar. Ello de por sí puede conducir al abaratamiento de la tierra y a que aumente la oferta de alimentos y materias primas.

Palabras clave: desarrollo rural, ley, reforma, Colombia
Publicado por: El Espectador (Colombia)