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Una cosecha ignorada
Fecha de publicación:11/01/2011
País: Chile
Fuente: El Mercurio

Hasta septiembre de 2010, ya se registraban 379 intoxicaciones agudas por plaguicidas en Chile. La OMS asegura que estas contaminaciones provocan en el mundo, anualmente, la muerte no intencional de 355 mil personas. Estudios chilenos afirman que las temporeras expuestas a agrotóxicos presentan un daño genético cuatro veces mayor que alguien que no las ha vivido, y podrían traspasarlos a sus hijos. En el Congreso se tramita un proyecto de ley para regular el uso de los agrotóxicos. Aquí, el lado polémico del fenómeno exportador.  

La primera señal fue el olor. Un aroma profundo, arrastrado, ligeramente agridulce. Margarita Araya lo reconoció de inmediato: lo había sentido antes. "Echaron líquido", se dijo cuando bajó del bus en Las Truchas, un sector del fundo "Nueva Esperanza", al interior de Longaví (VII Región). El resto de los temporeros que venían con ella -un centenar de hombres y mujeres entre los 18 y los 40 años- también notó el aroma. Lo comentaron como si nada. No les preocupó. En el campo de manzanas que debían ralear no había banderas rojas que indicaran peligro.

Era el lunes 23 de noviembre de 2009, pasaban las ocho de la mañana y el día anterior había llovido. El cielo aún estaba nublado y corría una brisa floja. Margarita y sus compañeros sabían que durante el fin de semana habían fumigado el campo con algún pesticida, pero suponían que ya había transcurrido el tiempo reglamentario, que podían trabajar sin peligro. Nadie habló más del olor, ni siquiera cuando se puso denso.

Cerca de las diez de la mañana, cuando el sol iluminó el gris y el calor subió, empezó todo. Margarita -26 años, morena, pelo grueso, mejillas redondeadas- sintió náuseas, la mirada comenzó a picarle y la boca se le resecó. Lo comentó con sus compañeras. Todas sentían algo parecido. Apenas terminaron de hablar, una de las mujeres de su grupo se desmayó. Luego sucedió lo mismo en las otras cuadrillas. En menos de quince minutos por todo el campo había gente en el suelo. Todo era caos. Los jefes del campo pidieron a los que se mantenían en pie que sacaran a los desmayados de entre los árboles y los acostaran al lado de una acequia. Margarita, quien trató de reponerse del malestar tomando agua de unos bidones cercanos, sintió que le faltaba el aire y también cayó al suelo.

De ahí en adelante, recuerda poco. Imágenes sueltas: los jefes del campo subiendo a la gente en unos buses, alguien preguntando si estaban borrachos, los carabineros tratando de entrar al campo que tenía el portón cerrado. Apenas podía respirar, la ambulancia que la llevó al hospital de Longaví, el suero, la mascarilla de oxígeno y el despertar en el hospital de Linares.

-Ahí me dijeron que me había intoxicado con un pesticida, me pasaron un papel, me dijeron que guardara reposo y me dieron de alta pasada las ocho de la noche -dice Margarita, quien llegó a su casa cerca de las diez de la noche y se encontró con su pareja, Eduardo Duarte. Él trabajaba en la misma empresa, pero sólo se mareó y sintió náuseas. "El líquido no me mandó al suelo", recuerda.

Aunque Eduardo preguntó a otros trabajadores por su mujer, sólo supo de Margarita cuando su suegra lo llamó para decirle que ella estaba en el hospital. Quiso ir a verla, pero no pudo. Entonces se quedó para ayudar a llevar a los desmayados -más de 300- a la posta cercana y a una sala de emergencias provisoria en la escuela Marcela Paz de "Esperanza Plan", el poblado cercano al fundo.

-Tampoco pude salir del pueblo para ir a verla. Aquí todo era un desorden de buses, carabineros, cámaras de televisión y periodistas que aparecieron de la nada y preguntaban lo que había pasado y uno no sabía qué explicarles. Nosotros tampoco entendíamos mucho.

Más tarde, ya en su casa, Margarita y Eduardo se enteraron por la televisión de lo que había sucedido. Supieron que habían estado en medio de la intoxicación por pesticidas más grande que ha ocurrido en el campo chileno. También se enteraron que el fundo estaría cerrado mientras se investigara lo sucedido, que los dueños no querían dar declaraciones y que muchos creían que los desmayos sólo fueron una reacción histérica de los trabajadores.

Esa noche Margarita se duchó tres veces y que le costó dormir. No podía sacarse "el olor a líquido" de las narices. Lo tenía impregnado.
 
En febrero de 2010 el Sumario Sanitario Nº 1004/2009 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule identificó al insecticida Pyrinexel como el "líquido" que provocó el desmayo de Margarita y de los otros 338 trabajadores del fundo "Nueva Esperanza". Este producto es un plaguicida organofosforado que usado en forma incorrecta puede afectar el sistema nervioso de los seres humanos y de los animales. El mismo sumario multó a la Sociedad Agrícola El Porvenir S.A. -empleadora de los trabajadores y dueña del fundo- con el pago de 500 UTM (cerca de 18,2 millones de pesos), al igual que la Asociación Chilena de Seguridad que fue multada con 700 UTM (poco más de 25,5 millones), "por no resguardar debidamente la salud de los afectados".

Con el caso del fundo Nueva Esperanza -cuyo gerente general declinó hacer declaraciones para este reportaje- se superaron las 1000 intoxicaciones (casos por persona) por plaguicidas reportadas en 2009. Una cifra alta. Según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (Revep), el promedio anual de intoxicaciones agudas por plaguicidas y otros tóxicos en el país es de 650. Ese 2009 en la VII Región -que tiene más de cinco mil empresas agrícolas- también se reportó la situación del fundo El Antojo, ubicado en el sector rural de la comuna de Yerbas Buenas, donde 60 trabajadores resultaron intoxicados cuando se fumigaban manzanos en un fundo vecino. Más al norte, en la comuna de Coltauco, Rancagua, 40 temporeras fueron fumigadas por un avión mientras efectuaban labores de retoque de uva de exportación.

Los brotes ocurridos en 2010 aún no se oficializan, pero hasta septiembre se habían registrado 379 intoxicaciones agudas por plaguicidas.

-Tras las notificaciones que se oficializan existe una cifra negra que es muy superior, porque sólo se notifica uno de cada cuatro casos de intoxicación. En todo caso no hay que generalizar, porque dentro de las grandes empresas agroindustriales la mayoría cumple con las normativas y la correcta aplicación de los pesticidas -dice la senadora Ximena Rincón.

La parlamentaria presentó un proyecto de ley junto al senador Patricio Walker que prohíbe y regula la importación, comercialización y uso de sustancias consideradas peligrosas o en extremo peligrosas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Chile se encuentran registrados 420 principios activos que están contenidos en las más de mil marcas comerciales que hacen reverdecer el campo y la exportación frutícola. De este catálogo de productos, 41 pertenecen a la categoría Ia y 29 a la categoría Ib: las más cuestionadas por la OMS y que están prohibidas en los países de la Unión Europea y Estados Unidos.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el organismo encargado de regular, restringir o prohibir la fabricación, exportación, importación, distribución, venta, tenencia y aplicación de estos productos en el país. Ignacio Figueroa, ingeniero agrónomo, jefe del Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes del SAG, comenta que anualmente son presentadas alrededor de mil solicitudes de nuevos plaguicidas, y que existen muchos cuyas autorizaciones no son renovadas y son eliminados del listado oficial. Julio Hurtado, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa) asegura que el mercado de agroquímicos en Chile es cercano a los 300 millones de dólares y que las marcas que se comercializan siguen el Código de Conducta de la FAO. "No existe ningún país del mundo donde productos Ia y Ib estén totalmente prohibidos. Aquí se cumple con las normas del SAG y además ya  han pasado por años de desarrollo para cumplir con los protocolos internacionales. Si no los cumpliéramos y los agroindustriales no fueran responsables, Chile no tendría grandes niveles de exportación. Es cierto que muy pocos se alejan de las normas, especialmente en las medidas de precaución para utilizarlos. El asunto no pasa por eliminar los productos, pasa por capacitar a los agricultores para que cumplan con los cuidados y las legislaciones".

Ignacio Figueroa coincide en que la mayoría de las irregularidades las cometen los usuarios. Las más comunes: preparar una mezcla o aplicar un plaguicida sin el correspondiente equipo de protección personal, no respetar el período de carencia del producto (tiempo entre la última aplicación y la cosecha), realizar fraccionamiento de plaguicidas en envases no autorizados o aplicarlos en otros usos. La más recurrente: no respetar los períodos de reingreso al área tratada.

En este grupo, comenta la senadora Rincón, las temporeras son las más afectadas porque cada vez más se integran a estas labores. Según el censo agropecuario de 2007, el número de mujeres que realiza estas labores entre la III y la VIII Región es de 15 mil (de un total de 27 mil trabajadores) y su presencia se ha acentuado en la última década. Un informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) lo comprueba: "Si las temporeras representaban un 25 por ciento de los trabajadores temporales en 1997, la proporción creció a más de un 34 por ciento en 2007".
 
Desde hace dos años Margot Loaiza (55) sólo viste de negro y a diario revisa una manoseada carpeta que alguna vez fue rosada. Ahí guarda documentos, fotos, recortes de diarios, números de teléfonos escritos en trozos de papel, fotocopias algo borrosas y un certificado de defunción.

-Aquí están ordenadas mis penas. Todo lo que tengo sobre la muerte de mi hija.

Margot -pelo entrecano, semblante abatido y caminar lento- vive en una amplia casa con un antejardín cubierto por cemento y paredes amarillas, en los faldeos de uno de los cerros que rodea Tierra Amarilla. Este pueblo reseco y soleado está ubicado a 15 kilómetros de Copiapó. Sus habitantes trabajan en la pequeña minería o en labores relacionadas con los cultivos de uva. Eso fue lo que atrajo a su hija, Cecilia Ortiz, hace 19 años, quien dejó Santiago para trabajar como temporera en una empresa frutícola del sector.

Cecilia Ortiz partió trabajando como recolectora en el campo y durante un tiempo realizó el recorrido que acostumbran a hacer muchas temporeras, quienes se movilizan de norte a sur en búsqueda de trabajo: apenas termina la cosecha de un cultivo en una región, se desplazan a otra.

-Ella lo hizo al principio. Llegaba hasta Rancagua, pero cuando nació la primera de sus tres hijas se quedó trabajando en el Fundo Villa María de Los Loros. Ahí se quedó como supervisora del packing -cuenta Margot Loaiza.

Cecilia trabajó en ese fundo por más de diez años. Partía temprano en la mañana y volvía cuando el sol se convertía en una franja anaranjada tras los cerros parduscos. Dicen que le gustaba, que nunca tuvo un problema con sus jefes y que incluso no dejó de ir durante sus embarazos. Que tenía la camiseta puesta y que el 8 de enero de 2008, cuando una manguera de la cámara de refrigeración reventó y generó una emanación de amoníaco en el packing, ella siguió trabajando.

Aunque el amoníaco es un compuesto químico y en este caso se utilizaba con fines industriales y no como un agroquímico, más del 80 por ciento del que se produce es usado para fabricar abonos. En altas cantidades puede provocar intoxicaciones que se somatizan en las vías respiratorias, ceguera temporal, mareos, vómitos e incluso quemaduras. El protocolo de seguridad dice que en caso de una intoxicación laboral de este tipo, los trabajadores deben ser derivados a un centro de atención médica.

-La explosión fue fuerte, como un temblor y el amoníaco comenzó a salir al lado de la línea donde ella trabajaba, pero a la Cecilia y a los otros trabajadores del packing no los mandaron a la posta. A los supervisores les pareció que se sentían bien -dice Patricia Ramírez, una de las dos trabajadoras que fue derivada con síntomas de intoxicación a un policlínico de la Asociación Chilena de Seguridad donde recuperó la conciencia y la enviaron a descansar a su casa.

Cecilia no tuvo esa posibilidad. Se quedó en el packing hasta entrada la tarde, incluso almorzó cerca de donde explotó la manguera. Esa noche Cecilia llegó muy cansada y se acostó de inmediato sin ducharse ni comentar el accidente. Por la noche vomitó, no pudo ni tragar agua y se afiebró. En la mañana apenas podía moverse.

-La llevamos al SAPU (Servicio de Atención Primaria) de Tierra Amarilla, donde le dieron licencia médica por un resfrío. Como su salud se fue empeorando fuimos a otro centro médico a Copiapó donde le diagnosticaron sinusitis y le dieron descanso por otros siete días, que no cumplió porque uno de sus jefes la llamó a trabajar.

Eso fue el 22 de enero. A la madrugada del día siguiente Cecilia empeoró y la internaron en Hospital Regional de Copiapó. Murió a las pocas horas.

El caso de Cecilia fue tomado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) que lo expuso como emblema en el Tribunal Ético de enjuiciamiento a las malas condiciones laborales que efectuó en 2009. En el texto de presentación de sus antecedentes, los dirigentes de Anamuri aseguran que el informe forense dice que Cecilia Ortiz sufrió fuertes quemaduras en las vías aéreas altas que se complicaron porque no fue derivada oportunamente por sus empleadores a un centro de atención médica. En las versiones que ha dado en su defensa, la empresa agrícola asegura que la muerte de Cecilia se debió a una leucemia aguda que no le había sido diagnosticada. En su familia rechazan esta explicación y muestran exámenes médicos previos que no tienen alteración alguna que se relacione con esta enfermedad.

-Tengo todos los exámenes y quien quiera puede verlos -dice Margot Loaiza y muestra su carpeta rosada. Entonces se queja de que el caso continúa en los tribunales de justicia, que hasta ahora no existe ningún pronunciamiento. Que ya no sabe con quién más hablar.
 
La definición científica de los plaguicidas inquieta. El Consejo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) los presenta "como productos biológicamente activos, intrínsecamente tóxicos, que han sido ensayados en todos sus aspectos antes de ser autorizado su uso y que están destinados a ser aplicados en el ambiente, con el objeto de combatir a organismos capaces de producir daños en la agricultura".

En Chile su utilización comenzó a masificarse con la llamada "revolución verde" que partió en Latinoamérica a fines de los años 50. Una innovación que prometía mejorar la agricultura y ayudar al desarrollo de los países pobres con la introducción de maquinaria, la irrigación controlada y el uso de fertilizantes y plaguicidas artificiales.

Para los expertos, el mayor problema es que estos químicos no son específicos en cuanto a su poder. Su mala utilización o abuso en las dosis permitidas, además de perjudicar a quienes están expuestos en forma directa o indirecta (aplicadores y trabajadores de campo) también aquejaría a los habitantes de las zonas cercanas a los cultivos. La intoxicación puede tener efectos agudos, en cuyo caso se considera como un accidente del trabajo o efectos crónicos y causar una enfermedad profesional.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirman que la intoxicación aguda por agrotóxicos provoca la muerte no intencional de 355 mil personas cada año en el mundo. La mayoría de los estudios internacionales sobre los efectos de los plaguicidas en la salud de las trabajadores coinciden en síntomas como: molestias de las vías respiratorias, enfermedades a la piel, gripes y resfríos frecuentes, cansancio generalizado, dolores de huesos y articulaciones, problemas en la vista y dolores de cabeza. Aunque investigaciones a nivel internacional han encontrado evidencia estadística que sugiere una relación entre el riesgo de malformaciones o problemas fetales en hijos de trabajadores expuestos a pesticidas, el asunto no está zanjado.

En Chile también se han realizado estudios. En 1999 la doctora del Hospital Regional de Rancagua María Victoria Mella publicó un seguimiento prospectivo entre 1975 y 1990 sobre prevalencia de malformaciones entre diez mil nacidos vivos. Su resultado causó polémica: la tasa de malformados por cada mil nacidos vivos era 3,6 contra 1,93 que correspondía a la tasa nacional y el 93 por ciento de los casos se trata de madres temporeras o parejas de obreros que han estado expuestos a agrotóxicos. La doctora Mella no pudo seguir con su investigación, porque "las autoridades de la época le recordaron que su labor no era académica, sino hospitalaria".

En 2003 la bióloga y docente de la Universidad de Concepción Soledad Duk publicó los resultados de una investigación que monitoreó a 64 mujeres temporeras de las zonas agrícolas de la VIII Región (Nacimiento, Negrete, Mulchén y Coihueco). Al comparar el daño genético en las temporeras con un grupo de control (conformado por mujeres que no estaban expuestas de ninguna manera a plaguicidas) las trabajadoras mostraban 4 veces más daño.

-Esto puede indicar mayor riesgo de alteraciones reproductivas (como esterilidad) y traspaso a los hijos -dice la especialista que aún continúa con su trabajo de investigación.

En las entrevistas que realizó en terreno, Soledad Duk comprobó que el contacto entre las trabajadoras y los agroquímicos se producía al cosechar las frutas o porque habían estado en predios aledaños a los sectores donde se fumigaba.

-Muchas también comían en el predio, no usaban equipos de protección y vestían la misma ropa en el campo que en la vida cotidiana, es decir no había ninguna precaución en la contaminación hacia el hogar y los hijos. Algunas mujeres que amamantaban no tenían donde lavarse y le daban pecho a sus hijos con los residuos que tenían en la piel.
 
-Lea estos papeles. Los dejó mi mamá. Ella dice que ahí está lo que tengo.

Miguel Medina habla apurado, con tono agudo y a ratos parece que a destiempo. Nunca mira a los ojos. Su mirada se eleva más arriba, como si quisiera escapar de la silla de ruedas en la que está postrado. Tiene once años, pero su cuerpo representa una edad indescifrable: su tronco es más imponente que sus piernas -encogidas y contrahechas- que están envueltas en una manta. Su amplia frente también no se ajusta con las facciones de su cara de mejillas regordetas y anteojos gruesos.

Entre los papeles -su acta de nacimiento, varias peticiones de jubilación rechazadas por el Compin y un carné de identidad- hay varios documentos médicos en los que repite su diagnóstico: espina bífida (condición congénita de la espina dorsal, o sea la columna vertebral, a la que a veces se denomina como "hendidura o espina abierta"), hidrocefalia, esclerosis severa, problemas en la vejiga, riñones en herradura y un notorio trastorno de aprendizaje.

Miguelito es el segundo de los tres hijos de Paula Caroca y su pareja, Miguel Arturo, quien también era temporero y se suicidó hace dos años. Ahora vive con sus abuelos, porque Paula trabaja seleccionando paltas de lunes a sábado en el campo y los domingos toma su turno como mesera en un restaurante del centro de Pomaire. Una vez a la semana el niño, acompañado de alguno de sus familiares, toma el bus a Santiago para ir a la Teletón o cualquiera de los cuatro hospitales donde se controla. Y es uno de los hijos de obreros agrícolas, que ha nacido con malformaciones y que sigue vivo.

-Hay otros en los sectores rurales de Melipilla, en Isla de Maipo, Lonquén, Curacaví, San Pedro o del mismo Pomaire, pero sus padres no quieren hablar. Dicen que no consiguen nada con las entrevistas -explica Constanza Cerda, presidenta de "Rodrigo Ayuda", una fundación de familiares de niños nacidos con malformaciones por los plaguicidas. Constanza la creó en honor a su nieto Rodrigo Armijo, que nació con tantos problemas que Miguel. Paula Caroca, la madre de Miguel, también pertenece a esta agrupación, pero ahora está alejada.

-No paro. Tengo que juntar plata para Miguelito. Imagine que sólo en pañales gasto casi cien mil pesos y mensualmente gano un poco más del mínimo -dice Paula, quien llegó del campo desanimada. Esperaba un adelanto de sueldo para tener plata para el Año Nuevo.

Cuando entró, Miguel estiró los brazos para abrazarla. Ella le revolvió el pelo con las manos y le dijo: "Te voy a llevar al peluquero".

Paula tiene 31 años y desde los 14 años es temporera. En el antiguo fundo donde trabajó no le preocupó que los aviones pasaran fumigando mientras ella y sus compañeras estaban en el campo. Les parecía incómodo porque quedaban con la ropa y el cuerpo impregnado de pesticidas. Cuando quedó embarazada de Miguel, nada le hizo temer que tendría alguna malformación. Fabiola, su primera hija, había nacido sin problemas.

-Cuando me fui a mejorar, me hicieron una ecografía y los médicos notaron que algo raro me pasaba y me mandaron grave a Santiago. Sólo supe de sus malformaciones cuando ya había nacido y lo estaban operando de su columna.

Paula dice que cuando se lo pasaron para que lo cargara, lo rechazó. No le molesta reconocerlo. Sintió miedo. Sintió que era una carga.

-Empecé a amamantarlo y entendí que era mi hijo, que tenía que quererlo. Él es uno en un millón, un sobreviviente, me dicen los doctores. La mayoría de los niños como él viven muy poco. Por eso cuando quedé esperando a mi tercera hija, temí que otra vez los pesticidas me jugaran una mala pasada. Pero Javiera nació sin problemas. Miguel que ha tenido casi veinte operaciones, ya no entrará más a un pabellón. Ya sólo quiero que esté tranquilo.

El niño levanta la cabeza y la mira, pero sus ojos están en otra parte. En el techo. Lejos.

Cecilia Ortiz sufrió una intoxicación por amoníaco en un packing de Tierra Amarilla. Tuvo vómitos, fiebre y a los pocos días murió, recuerda Margot su madre.

Miguel, el hijo de Paula caroca, nació con malformaciones. "La mayoría de estos niños vive poco. Él es un sobreviviente", dice su madre.

Author: Juan Luis Salinas