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Un informe del PNUD y ONU Mujeres alerta sobre la exclusión de las mujeres rurales en Colombia
Fecha de publicación:17/11/2011
País: Colombia
Fuente: Naciones Unidas

Las habitantes rurales de Colombia están excluidas de la vida económica, social y política por ser mujeres, por ser pobladoras del campo y por el impacto desproporcionado que sobre ellas genera el conflicto armado y otras formas de violencia, sostiene un estudio que será divulgado mañana viernes en esta capital por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres. (Club del Comercio: Calle 62 5-88. Hora 9 AM).

 

‘Mujeres rurales, gestoras de esperanza’, es el segundo de una serie de seis Cuadernos complementarios del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 ‘Colombia rural, razones para la esperanza’.

Tres enfoques para revertir un proceso cultural de largo aliento
El estudio atribuye esa triple discriminación a un proceso cultural de largo aliento que les ha asignado papeles, funciones y espacios de acuerdo con su género, cimentando relaciones desiguales de poder y de subordinación a los hombres.

En muchos casos, esa construcción cultural ha sido lastimosamente reforzada por la política pública, lamentan los autores, para quienes todas las acciones y programas futuros deben estar orientadas por el enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque del reconocimiento de los aportes sociales y económicos de la mujer rural a la sociedad, a partir de los avances de las dos últimas décadas y aprovechando los escenarios normativos, institucionales y políticos existentes.

Los tres enfoques suponen, por ejemplo, que las estrategias respondan efectivamente a los obstáculos particulares que enfrentan las mujeres, que se corrijan las políticas y prácticas sociales que desconocen la relación entre el trabajo productivo y las funciones reproductivas de las mujeres y que se apliquen sin restricciones las obligaciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos adquiridas por el Estado.

La trampa de la pobreza
En el mundo rural hay cinco millones de mujeres, que representan el 47,5 por ciento de la población del campo. El 81,6 por ciento de las mujeres rurales jefas de hogar, no tiene cónyuge. Su tasa promedio de desempleo en 2010 fue “explosiva” (9,6%), teniendo en cuenta que de ellas depende todo el núcleo familiar y que están sumidas en una trampa de pobreza más compleja que la de los hombres. De 100 en edad de trabajar, solo 28 lo hacen. Y aunque tienen mayores niveles educativos que los varones, los ingresos de ellos son superiores.

El acceso al mercado laboral
Para acceder a factores productivos, las mujeres rurales deben aceptar condiciones laborales más precarias, bien porque no alcanzan a sobrevivir con parcelas propias (cuando las tienen) o porque no se les reconocen actividades como agricultoras, empresarias, asalariadas o trabajadoras informales, no obstante que el 62,3 por ciento de sus empleos están en el sector de ventas y servicios, el 22,6 por ciento en la agricultura, la casi totalidad de las asalariadas trabajan para la floricultura, miles han logrado reivindicaciones importantes en el acceso a bienes como ganado y tierra, y muchas se incorporan a huertas caseras, parcelas secundarias y actividades de procesamiento.

Sin embargo, la tasa de participación de las mujeres rurales pasó de 21,4por ciento en 1980 a 32,4 por ciento en 2000 –ubicándose desde entonces por encima del promedio latinoamericano– y en forma más acelerada que de las urbanas y los hombres rurales. Pasaron de representar el 11,55 por ciento de la fuerza laboral agrícola en 2006, al 13,8 por ciento en 2009. Aunque positiva, la respuesta es insuficiente, porque también ha aumentado el número de desempleadas, en parte porque no se ha dado prioridad al crecimiento de sectores intensivos en empleo femenino.

A los hombres se les contrata para labores permanentes, con más garantías y contratos estables; a ellas para laborales ocasionales, evadiendo la legislación laboral. Al dramatismo de esos hechos se añade que el cuidado de los hijos y su participación en las actividades cotidianas del hogar –entendido como unidad productiva rural– no se reconocen como trabajado productivo, a pesar de que el 49 por ciento se dedica a los oficios del hogar. La ausencia de estadísticas sobre las mujeres indígenas y afrocolombianas impide, por ahora, diseñar estrategias para corregir la excusión derivada de su condición étnica.

Propiedad y tenencia femenina de la tierra
Con la información disponible, el estudio corrobora que la propiedad femenina de la tierra es marginal. Dos ejemplos lo ilustran: entre la población desplazada, el 64,2 por ciento de los hombres aparece como propietario y apenas el 26,5 por ciento de mujeres; el 56,3 por ciento son herederos y apenas el 32,5 por ciento herederas. En todos los casos la titularidad masculina es más del doble que la femenina y la titularidad conjunta es baja.

A juicio del los autores del informe, las políticas de adjudicación para ellas y de titulación conjunta a las parejas ha producido un aumento “modesto”, pero no han tenido un impacto suficiente para revertir el modelo discriminatorio que favorece el acceso de los hombres a la tierra y otros recursos productivos del campo.

Violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia
Las manifestaciones más evidentes son la violencia intrafamiliar, el desplazamiento forzado, diversas formas de violencia sexual y el reclutamiento forzado. El estudio aconseja diferenciar entre las violencias no asociadas con el conflicto armado y aquellas que sí lo son. Un aspecto que dificultad la comprensión es el subregistro de casos, probablemente por falta de garantías para que las víctimas denuncien, sumadas a barreras derivadas de patrones sociales y culturales de tipo patriarcal, más fuertes que en las ciudades

En la última encuesta de Profamilia (2010), el 11,6 expresó haber sido víctima de alguna manifestación de violencia física por parte de personas diferentes al esposo o compañero; el 28,9 por ciento que alguna vez tuvo pareja, fue víctima del compañero o esposo; y el 52,7 por ciento de alguna forma de control (violencia sicológica); y el 29,8 por ciento dijo haber recibido amenazas.

La violencia intrafamiliar no es aislada o pasajera. Se refiere a años de agresión y episodios constantes de victimización que, por no ser reconocidos por el Estado, generan para ellas enormes riesgos, según Medicina Legal. Su victimización puede ser mayor comparada con la de las mujeres urbanas porque es más difícil para ellas acceder a los servicios de justicia y al sistema de salud. El 8,8 por ciento ha reconocido violación por parte del esposos o compañeros; 5,9 por ciento, por pate de persona diferente (padre, hermano, jefe, desconocido, etc.,). Entre 2004-2008, Medicina Legal registró 160 asesinatos de mujeres rurales y 102 casos de malos tratos a niñas.

Conflicto armado
En relación con las mujeres, los grupos armados controlan su vestimenta y comportamiento y tienden a utilizar la violencia sexual como castigo por las transgresiones a los códigos impuestos, pautas que fomentan estereotipos de género y refuerzan visiones conservadoras y patriarcales.

Una vez reclutadas forzadamente, deben desempeñar papeles de combatientes o informantes y, además, realizar tareas domésticas (reproduciendo estereotipos de género). Muchas son usadas como esclavas sexuales.

La información disponible permite concluir que la violencia sexual asociada al conflicto armado es generalizada y sistemática. Además de la violación, que en muchas ocasiones ha sido grupal contra una o varias mujeres, los grupos armados utilizan la prostitución forzada y el acoso sexual. De estas prácticas no están exentos miembros de la Fuerza Pública. En 2010, la Corte Constitucional constató el aumento de la violencia sexual entre 2007-2009, posiblemente como parte de un “repertorio del terror” y como estrategia de guerra.

Desplazamiento forzado
Las cifras gubernamentales reconocen que en los últimos trece años (hasta 2010), 836 mil grupos familiares, unas 3,6 millones de personas fueron desplazadas, de las cuales el 52,3 por ciento son mujeres. Por la discriminación estructural contra ellas, durante el desplazamiento enfrentan riesgos que los hombres no afrontan y sus roles cambian, acompañados de cargas materiales que deben sortear en forma extraordinaria y abrupta. Con frecuencia se ven limitadas en el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos y quedan expuestas a mayores riesgos frente a diversas formas de violencia.

La mujer desplazada enfrenta mayor dificultad en los procesos de exigibilidad de derechos, debido a que le es más difícil probar la tendencia o propiedad de la tierra. Así queda libre el camino para la expoliación de su patrimonio. Como por lo general los negocios jurídicos son llevados por los hombres, ellas carecen de información completa sobre su predio, el tipo de derechos que tienen y las pruebas de su derecho.

Gestoras de esperanza
Esa descripción de la “precaria situación de la mujer rural” podría generar la idea de que ésta ha jugado un papel secundario o inactivo en las luchas sociales o que ha permanecido relegada en espacios privados o aislada de la participación política. Al contrario –subraya el estudio- se ha convertido en actora política que construye agenda, negocia, emprende batallas políticas y procesos de exigibilidad de derechos.

Por eso, el Cuaderno dedica todo un capítulo para explicar cómo las mujeres rurales se han organizado y movilizado para luchar contra la discriminación, la exclusión y la violencia y, además, contra las políticas públicas caracterizadas por los autores como “marginales, asistencialistas” y tardías pues solo comenzaron a ser formuladas a partir de la década de 1980, a pesar de que la presencia de las mujeres en debates y procesos de reivindicación de derechos comenzó en la década de 1920.

Palabras clave: mujer rural, informe, PNUD, ONU Mujeres, rural