AGRONoticias América Latina y el Caribe
 

Sostenibilidad y competitividad sistémica

 1.      Contexto y principales conceptos

Tal como se definió en el Informe Brundtland de la ONU (1987), el desarrollo sostenible es aquél capaz de atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, y capaz de garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Ese triple equilibro del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) es lo que se conoce como la Triple Vertiente de la Sostenibilidad.

Es a comienzos de los años 60 del pasado siglo cuando comienza la preocupación sobre los riesgos asociados al crecimiento basado meramente en necesidades económicas, y sobre la insostenibilidad de ese modelo de desarrollo por sus elevados costes ambientales y sociales. En las últimas décadas el concepto ha ido tomando fuerza y consenso social hasta transformarse en un concepto institucional definitorio de las más modernas democracias.

A pesar de que la idea de la Sostenibilidad como única estrategia posible para hacer frente a los riesgos planteados por la sobreexplotación de los sistemas naturales que nos sustentan está hoy muy extendida y cuenta con un consenso teórico generalizado, aún siguen vigentes planteamientos que equiparan desarrollo a crecimiento económico, y que consideran que mayores cuotas de consumo equivalen a mayores índices de bienestar. Este tipo de consideraciones ignora que los límites de los recursos naturales existen, y que la acción humana ha sobrepasado muchos de ellos y ha generado devastadores efectos sobre el medio ambiente, tales como el cambio climático, la desertificación, la lluvia ácida, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la generación de residuos, etc. Una vez se han vulnerado los mecanismos ecológicos de autorregulación de estos sistemas, su recuperación no es viable desde un punto de vista económico; y, además los efectos sobre la naturaleza han dejado de tener una escala local, para tener una escala global. Así, el concepto de huella ecológica (cities’ecological footprint) se refiere al modo en que sistemas altamente consumidores (como son las ciudades del mundo industrializado) impactan sobre otros sistemas muy lejanos, obligándoles a organizar sus procesos productivos no tanto sobre la base de sus propias necesidades o intereses, sino atendiendo a las condiciones del mercado.

Este cambio de paradigma obliga a intensificar la búsqueda de modelos alternativos y viables que permitan evitar los riesgos del modelo dominante, intensivo en el uso de recursos naturales no renovables, que mide el éxito únicamente en unidades monetarias y de rentabilidad económica y que genera fuertes desigualdades.

En ese sentido, el aprendizaje en valores, en visiones sistémicas de la realidad, o los avances en la democracia participativa forman parte de este compromiso colectivo hacia la sostenibilidad.

 

2.      La Unión Europea: Hacia un crecimiento inteligente, sostenible e  integrador

La Estrategia 2020, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2010, tiene por objetivo fortalecer la política de Europa y la solidaridad entre los Estados miembros y de la Unión, eligiendo un modelo desarrollo sostenible y de economía social de mercado para la próxima década. Ese modelo se basa en tres prioridades que se refuerzan mutuamente:

Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

 Para la UE, el crecimiento sostenible supone construir una economía que aproveche los recursos con eficacia, que sea sostenible y competitiva, que aproveche el liderazgo de Europa en la carrera para desarrollar las tecnologías verdes, y que, al mismo tiempo, ponga  freno a la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no sostenible de los recursos. Estos objetivos se traducen en tres campos de actuación concretos:

Competitividad: Mantener el liderazgo en el mercado de tecnologías verdes como medio de garantizar un uso eficaz de los recursos en toda la economía.

Lucha contra el cambio climático: reducir las emisiones significativamente y con más rapidez que en el decenio anterior y explotar plenamente el potencial de nuevas tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono.

Energía limpia y eficaz: Alcanzar los objetivos de un 20% de generación de la energía a partir de fuentes renovables, y del 20% de mejora de la eficiencia energética, lo que supondrá una disminución notable de las importaciones de petróleo y gas, y una creación de empleo directa, estimada en más de un millón de puestos de trabajo.

 El desarrollo de los objetivos se prevé a través de las llamadas “Iniciativas emblemáticas” que recogen una serie de medidas a adoptar en dos niveles, por la Comisión Europea, y por los Estados miembros.

 

3.      Desafíos para el desarrollo sostenible de América Latina y Caribe

El análisis de los avances, así como de viejos y nuevos retos del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe pone de manifiesto la necesidad de una agenda para el desarrollo post-2015 más ambiciosa y acorde al potencial de la región. América Latina y el Caribe pueden crecer con mayores niveles de inclusión, protección, participación e igualdad social, mayores niveles de inversión productiva, más generación de empleo de calidad,  mayor sostenibilidad ambiental y mayor resiliencia ante los desastres. Para ello, es necesario remediar las enormes disparidades existentes en la región mediante sociedades más integradas en torno a dinámicas productivas, con sinergias sociales y territoriales positivas.

El Informe preliminar “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo. Post-2015 y Río+20”, ofrece a los gobiernos de la región las grandes orientaciones que podría adquirir la nueva agenda para el desarrollo:

Es preciso mantener el foco en las brechas pendientes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La región está cambiando.  Los asuntos emergentes deben ser atendidos en la nueva agenda para el desarrollo.

Para enfrentar nuevos y viejos desafíos se requiere un nuevo modelo de desarrollo basado en un cambio estructural para la igualdad y la sostenibilidad ambiental.

El umbral mínimo de bienestar se ha elevado. El cambio se asienta en políticas de Estado con vocación universalista (protección social, salud, educación y empleo), con derechos y de calidad.

La política y las instituciones importan. El cambio hacia el desarrollo sostenible exige señales adecuadas que se deriven de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales. El sector privado es corresponsable.

Necesitamos medir mejor. Es preciso establecer formas más variadas de medir los avances, que complementen al PIB, con el fin de informar mejor las decisiones para el desarrollo sostenible.

La gobernanza global para el desarrollo sostenible debe construirse. Se ha de privilegiar la coherencia de políticas globales para el desarrollo sostenible, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, el fomento de la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de los mecanismos de participación social.

 

4.      Elementos metodológicos de la sostenibilidad ambiental.

Es difícil definir un “sistema sostenible”, por la complejidad de conceptos que abarca. Aplicar los principios rectores del desarrollo sostenible significa adoptar una estrategia trasparente y compleja, que contemple tanto elementos de prospectiva como de evaluación.

En los diversos acuerdos internacionales que han definido el concepto de desarrollo sostenible, se han ido estableciendo los principios base de la sostenibilidad ambiental. El principio de precaución es sin duda uno de los más importantes. Fue conceptualizado por primera vez en la Declaración de la Conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente, y ratificado en el Programa de las Naciones Unidas (Cumbre de la Tierra) en 1992. En el art. 15 de la Declaración se establece que: “Con el fin de proteger el medio ambiente, el enfoque de precaución debe ser ampliamente utilizado por los Estados de conformidad con sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe ser razón para postergar la adopción de medidas adecuadas y eficaces, incluso en relación con los cargos, destinadas a impedir la degradación del medio ambiente”.

El principio de precaución se desarrolla por otra serie de principios complementarios:

Principio de transparencia

El principio de transparencia tiene el objetivo de permitir a los involucrados en el proceso de evaluación que tengan acceso a las informaciones necesarias para la toma de decisión.

Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad ha sido incorporado al principio de precaución con el objetivo de adecuar las medidas decisorias a la dimensión de los hechos en análisis. “Las medidas consideradas deben permitir alcanzar el nivel de protección adecuado”.

Principio de no discriminación

Requiere que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente, y que las situaciones diferentes no se traten del mismo modo, al menos que tal tratamiento esté justificado objetivamente.

Principio de coherencia

El principio de coherencia se caracteriza por la inexistencia de contradicciones o incompatibilidades intolerables cuando se aplica el principio de precaución en situaciones similares.

Principio del examen de las ventajas e inconvenientes y de la acción u omisión

Las ventajas e inconvenientes de la acción o de la falta de acción deben ser considerados y evaluados.

Principio de revisión

La ciencia aporta cada día nuevos datos y pueden surgir evidencias para justificar la revisión y modificación de las medidas y decisiones tomadas.

Principio de inversión de la carga de la prueba

Aquél que propone un producto o desarrolla actividades potencialmente peligrosas debe probar, aunque no siempre, la ausencia de riesgos.

La Evaluación de Impacto Ambiental representa el modus procedendi para llegar a la aplicación de los principios mencionados hasta ahora y proceder a la toma de decisiones.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se ha establecido otro principio fundamental para poner en práctica las estrategias de desarrollo sostenible: el principio de “quien contamina paga”. Este principio se basa en la idea de que los costos para prevenir y reparar los daños ambientales deben ser sufragados por la parte responsable de los daños y no por la comunidad.

 

5.      La competitividad sistémica.

La forma en que los distintos espacios utilizan sus recursos resulta determinante para poder considerarlos territorios sostenibles, entendiendo que son aquellos que basan su desarrollo no sólo en un compromiso con la sostenibilidad, sino también con la innovación y la justicia social.

La nueva generación de políticas públicas en el ámbito territorial propone un desarrollo territorial inteligente, basado en un enfoque sistémico, en el que se consideran por igual la sostenibilidad, la buena gobernanza, la colaboración, la responsabilidad social o la capacidad de aprender.

El concepto de competitividad sistémica territorial (Esser y otros, 1996) ayuda a incorporar una visión integrada de los retos que los territorios tienen planteados en estos momentos, al abrir  el foco estratégico desde la competitividad privada o sectorial hasta la competitividad de todos los actores y todos los sectores del territorio, en el convencimiento de que sólo una productividad social alta permite incrementar tanto la calidad de vida de sus habitantes, como los niveles de rentabilidad individuales y, como consecuencia, la posición estratégica del territorio en un marco global.

La competitividad sistémica trata de tener en cuenta todos los factores que influyen, de alguna manera, en las actividades económicas que se desarrollan en un territorio, y que exceden en mucho de las puramente mercantiles o económicas: abarca desde las capacidades institucionales, hasta las condiciones de trabajo, la seguridad, la justicia, la transparencia, el capital relacional, las redes, la calidad de vida, el respeto al medio ambiente.

Evidentemente, los retos que plantea un enfoque sistémico como el planteado, representan mayores niveles de exigencia institucional, de colaboración entre sectores y entre distintos niveles administrativos del territorio; de responsabilidad social; de capacidad de alcanzar compromisos; así como de marcos económicos, financieros y laborales sólidos y transparentes.

Es preciso que la nueva agenda para el desarrollo sostenible y la competitividad sistémica se conciba como una cuestión global, del conjunto de las naciones, y no sólo como un problema de los países en desarrollo.

 

6. Enlaces y fuentes de referencia

Informe Brundtland, Naciones Unidas.

Banco mundial y medio ambiente

Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo. Post-2015 y Río+20. Versión preliminar . abril 2013

Rueda, S, et al. Libro Verde de Sostenibilidad urbana y local en la era de la información. Gobierno de España.

Esser, K. et al. Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política. Revista de la CEPAL, Santiago 1996, No. 59, pág. 39 – 52.

Echeverri, R. y Echeverri, A.: “El enfoque territorial redefine el desarrollo rural”.

Alburquerque Llorens, F: Reflexión estratégica sobre nuevos ámbitos de Intervención de las agencias de desarrollo local.  

Biblioteca virtual OIT.