La pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania han puesto en evidencia los enormes desafíos a los que se enfrentan los sistemas alimentarios globales. Para atender las necesidades de los afectados ante una mayor situación de hambre y malnutrición, es necesario eliminar los desequilibrios de poder que se dan en la gobernanza de los sistemas alimentarios mundiales (es decir, en instituciones, en la formulación de políticas, leyes y regulaciones, y en costumbres, supuestos y otras influencias que interfieren en la toma de decisiones con respecto a los sistemas alimentarios).1 Estos desequilibrios se han acentuado especialmente en las últimas décadas, al aumentar la participación de las empresas en los procesos de gobernanza agroalimentaria global. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios (UNFSS) de 2021 marcó un antes y un después en la influencia que las empresas ejercen en la gobernanza alimentaria pública. El hecho de que los dirigentes de la UNFSS aceptaran la participación corporativa dio pie a las empresas agroindustriales a sostener que su lugar en la toma de decisiones de interés público era legítimo. Muchas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y expertos de sistemas alimentarios se inquietaron profundamente, pues lo entendieron como una apropiación de la gobernanza alimentaria global por parte de las empresas que podría perjudicar al bien público, así como socavar el derecho de las personas y comunidades a participar en la toma de decisiones y tratar con los responsables de esta en sus propios términos