La Estrategia Nacional de Agroecología (ENA) de Bolivia establece una visión a cinco años para fortalecer sistemas agroalimentarios basados en la biodiversidad, resilientes al cambio climático e inclusivos en las 19 zonas agroproductivas del país. Elaborada por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua (MPSMAyA), con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana a través del programa ProResiliente de GIZ, la estrategia plantea la agroecología como una vía para avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria, restaurar los ecosistemas y abordar las desigualdades estructurales. Se fundamenta en los marcos jurídicos y de planificación nacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales sobre cambio climático, biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.

La estrategia se articula en ocho ejes: investigación e innovación; fortalecimiento de capacidades; manejo agroecológico de la producción agropecuaria y recolección silvestre; sistemas de garantía; mercados y consumo; financiamiento e incentivos; gobernanza y gestión territorial; y equidad de género y generacional. Entre las medidas propuestas figuran la investigación adaptada a los contextos locales, la formación participativa, la diversificación productiva, los sistemas agroforestales y silvopastoriles, la gestión de semillas agroecológicas, los sistemas participativos de garantía y el fortalecimiento de los vínculos entre productores y mercados locales. Se presta especial atención a las mujeres, las juventudes y las personas mayores, mediante iniciativas para ampliar su liderazgo y sus oportunidades económicas.

La implementación contempla la participación del Gobierno central, los gobiernos autónomos subnacionales, las organizaciones de productores, la sociedad civil, la academia, el sector privado y los socios de la cooperación internacional. Un marco participativo de seguimiento, evaluación y verificación permitirá monitorear tanto la ejecución de la estrategia como sus efectos ecológicos y socioeconómicos. Entre los impactos esperados figuran la mejora de la salud de los suelos, la restauración forestal, una mayor resiliencia climática, la diversificación de la oferta alimentaria local y medios de vida rurales más sostenibles. El logro de estos objetivos dependerá de una implementación efectiva, recursos financieros adecuados y una sólida colaboración territorial.