¿Cuánto están “integrados” la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación?
Si se han cumplido todas las condiciones recogidas en las dos listas de comprobación que se muestran a continuación, entonces podemos afirmar que los principios de seguridad alimentaria y nutrición y de derechos humanos se han aplicado efectivamente en la formulación y puesta en marcha de políticas y estrategias.
Seguridad alimentaria | Buena gobernanza y derecho a la alimentación |
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Se identifica la población expuesta a la inseguridad alimentaria y los grupos vulnerables, se describen sus estrategias y actividades en relación a los medios de vida, y se ha realizado un análisis de causalidad para cada grupo. Se identifican las prioridades políticas y medidas operacionales para dirigirse claramente a la población expuesta a la inseguridad alimentaria y los grupos vulnerables. Se han establecido metas, objetivos y referencias de seguridad alimentaria y nutrición (FSN). Existen planes operacionales para alcanzar las metas, objetivos y referencias de la FSN Se han destinado recursos presupuestarios para implementar planes operacionales. Existe un marco institucional en funcionamiento para apoyar la planificación y coordinación intersectorial (entre sectores y entre niveles de gobierno). Las actividades de control se incluyen en los planes operacionales y están financiadas; los sistemas de control utilizan información multisectorial para supervisar el cumplimiento de los objetivos y referencias de FSN, y la aplicación de medidas de FSN dirigidas a la población expuesta a la inseguridad alimentaria y a los grupos vulnerables. | El marco de descentralización debe vincular la financiación local y la autoridad fiscal a las responsabilidades y funciones del gobierno local en la prestación de servicios. De forma que los políticos locales puedan asumir el coste de sus decisiones y realizar las actividades de seguridad alimentaria prometidas (“la financiación tras la función”). Las personas (o sus representantes) pueden expresar sus preferencias de una forma que resulte vinculante para los políticos. De forma que exista un incentivo creíble para que la gente participe. Las políticas y otras decisiones se comunican de maneras fácilmente comprensibles, proporcionando una justificación clara para todos los interesados. La prestación de servicios públicos y la realización de inversiones públicas no discriminan de manera alguna a ningún grupo de población con características específicas como sexo, raza, origen étnico, religión, ubicación, etc. Las personas (o sus representantes) tienen acceso adecuado a la información necesaria para supervisar la prestación de servicios públicos, la asignación y gasto de recursos financieros públicos y la utilización de bienes públicos. Implementación de acciones públicas para reducir la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la vulnerabilidad en un sistema de rendición de cuentas que dependa de información pública y transparente que permita a la comunidad supervisar de forma efectiva la actuación del gobierno local y reaccionar adecuadamente. Las personas (o sus representantes) tienen acceso adecuado a los recursos legales y otros medios para solicitar que las acciones para reducir la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la vulnerabilidad se implementen de conformidad con las normas recogidas en la legislación, cumpliendo la ley y respetando completamente la dignidad humana. |