El Gobierno paraguayo aprueba una ley para dotar al Estado de herramientas que garanticen la restauración, preservación, promoción y defensa de la agricultura familiar.

El Gobierno paraguayo dio un paso importante con la promulgación de la Ley “De Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina”. La Ley Nº 6286 promulgada el 17 de mayo de 2019, reconoce a las actividades productivas realizadas por la agricultura familiar campesina y establece los criterios para identificar al sector productivo.

Ahora, los agricultores familiares ya podrán participar y tener oportunidades en otro tipo de programas que faciliten el acceso a la tierra, vivienda, servicios públicos, a mercados y tecnología, así como a asistencia técnica y financiera para toda la cadena productiva vinculada a este sector.

Jorge Meza, representante de la FAO en Paraguay felicitó la iniciativa del Gobierno paraguayo “el compromiso político es el primer paso para reconocer el rol clave de los agricultores familiares para lograr la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y preservar el medio ambiente”.

De acuerdo a lo establecido en la Ley, es responsabilidad del Estado la reparación, preservación y dinamización de la economía; la protección social y el mejoramiento de la calidad de vida de campesinado y de los pueblos indígenas.

De acuerdo a la Ley, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería se deberá crear el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, que velará por el cumplimiento de las instrucciones previstas en la normativa.

Como contraparte, plantea la creación del Consejo Interinstitucional de la Agricultura Familiar Campesina con la finalidad de representar a las organizaciones campesinas e indígenas, asociaciones y cooperativas de este sector; en la toma de decisiones para la definición, implementación y evaluación de las políticas sectoriales en forma centralizada y descentralizada con los gobiernos locales y departamentales.

Según el Censo Agropecuario Nacional (CAN) 2008, en Paraguay existen aproximadamente 264.000 fincas de la Agricultura Familiar, que representan más del 80% del total de explotaciones agropecuarias del país.

De ahí la importancia que la agricultura familiar campesina sea reconocida por la vía política, “… a los efectos de su recuperación y consolidación, por su elevada importancia para la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo”, de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la Ley.

La Ley Nº 6286 busca contribuir a la promoción de un sistema y modo de vida y producción importantísimo para el país, que preserva la biodiversidad y al mismo tiempo que diversifica la producción de alimentos, de manera a hacerlos sustentables, contribuyendo de manera decisiva a la economía nacional, y a preservar los valores culturales e históricos de las comunidades rurales.

La nueva norma fue presentada por los legisladores Enrique Bacchetta, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Juan Carlos Galaverna, Arnoldo Wiens y el entonces senador Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República.

Parlamentarios contra el hambre

Esta normativa ha sido impulsada por el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), de la Cámara de Senadores, que durante dos años trabajó para instalar el vínculo entre la seguridad alimentaria y la agricultura familiar en la agenda política del país. "Establecer políticas públicas que reconozcan el papel clave de los agricultores familiares campesinos e indígenas para acabar con el hambre es uno de los principales objetivos del Frente", afirmó la senadora Blanca Ovelar, presidenta del FPH.

Los frentes se destacan por su capacidad de impulsar legislaciones y normativas participativas, con el fin de asegurar la calidad de los resultados y la apropiación de la lucha contra el hambre por parte de todas las esferas sociales (poderes del Estado, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales).

Las propuestas y el desarrollo del Frente cuentan con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).