Análisis del presupuesto
El presupuesto es una manera concreta y objetiva de medir el compromiso de un gobierno y el consenso nacional sobre la realización del derecho a la alimentación. El análisis presupuestario es crucial para evaluar las decisiones gubernamentales sobre asignación y distribución de unos recursos escasos entre prioridades que compiten entre ellas, y si se asignan recursos adecuados a los derechos humanos. El análisis incluye cómo se asignan los fondos y cómo se obtienen los ingresos (p. ej. impuestos). Contar con datos fidedignos es vital para identificar lagunas entre la teoría y la práctica y para lograr los cambios necesarios para subsanar esta deficiencia. Por último, una mayor transparencia del presupuesto puede aumentar la participación pública en el proceso presupuestario. Esto puede a su vez mejorar las políticas presupuestarias, las asignaciones y los resultados en favor de los pobres.
Para garantizar la implementación concreta del derecho a la alimentación, los gobiernos (en colaboración con la sociedad civil) deben elaborar políticas, planes y programas que sean eficaces para abordar las cuestiones alimentarias y promover el derecho a la alimentación, contribuyendo a la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza general (ODS 1) y a poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición (ODS 2). Aquí es donde entra el presupuesto gubernamental, porque las políticas, planes y programas no pueden implementarse sin financiación. Una herramienta a disposición de las instituciones gubernamentales, legisladores y organizaciones de la sociedad civil (OSC), es el análisis y otro tipo de trabajos sobre los presupuestos gubernamentales.
Las decisiones presupuestarias se ven afectadas por actores internos y externos, que persiguen sus metas e intereses específicos, y esto puede dar lugar a intereses que compiten entre ellos para obtener recursos presupuestarios para la realización del derecho a la alimentación.
Análisis del presupuesto público
El análisis presupuestario permite que tanto el gobierno como la sociedad civil evalúen si los recursos del gobierno están siendo utilizados de la manera más eficiente y efectiva posible. Los gobiernos, ONG y organizaciones de la sociedad civil pueden supervisar, evaluar e influir en la realización de este derecho humano mediante:
- la identificación de elementos que sean mensurables en términos presupuestarios;
- el examen de los ingresos y gastos fiscales en relación con la pobreza, la igualdad de género y la realización del derecho a la alimentación;
- la presentación de buenas prácticas para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre cuestiones de planificación y presupuestarias (transparencia), facilitar una participación significativa de la sociedad civil (participación) y presentación adecuada y oportuna de informes (rendición de cuentas);
- la explicación de técnicas para supervisar las tendencias presupuestarias y evaluar si un presupuesto nacional cumple con lo indicado en el PIDESC..
Por ejemplo, si una organización o institución ha decidido que el presupuesto del gobierno es un factor importante en un tema determinado del derecho a la alimentación, y que un cambio en el presupuesto pueda dar lugar a una mejora significativa, los cuatro pasos siguientes serían:
- Articular la hipótesis de la organización o de las instituciones gubernamentales.
- Decidir los enfoques de la labor presupuestaria, así como las metodologías que se utilizarán.
- Hacer coincidir la cuestión presupuestaria con los documentos presupuestarios pertinentes.
- Realizar el análisis presupuestario. El primer paso del análisis será diferente dependiendo de la dimensión del presupuesto involucrado en el caso: ingresos públicos, asignaciones presupuestarias o gastos. La evaluación del impacto requiere “controlar” otros factores que podrían afectar la situación, lo que en algunos casos es muy difícil o incluso imposible. Sin embargo, existe siempre la alternativa de realizar aproximaciones si se utilizan las técnicas correctas.
Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, en particular la Directriz 12 sobre recursos financieros nacionales para apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, defienden que los Estados deben asignar recursos para combatir el hambre y defender la seguridad alimentaria en sus presupuestos respectivos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. La Directriz 12 alienta también a los Estados a “promover programas sociales y gastos básicos, en particular los que afectan a los pobres y los segmentos vulnerables de la sociedad, y protegerlos de los recortes presupuestarios”, y procurar que estos recortes “no afecten negativamente el acceso a alimentos adecuados entre los sectores más pobres de la sociedad “. Dependiendo de la cuestión, muchas otras disposiciones de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación pueden ser pertinentes. Entre ellas, las Directrices 1 (“Democracia, buena gestión pública, derechos humanos y estado de derecho”), 5 (“Instituciones”) y 14 (“Redes de seguridad”) son potencialmente pertinentes para este tema.