9 de diciembre de 2021, Roma- Antes de la pandemia de COVID-19, alrededor de 388 millones de alumnos recibían comidas escolares en 161 países, lo que convirtió a estos programas en la red de seguridad más extensa del mundo. Sin embargo, la situación ha cambiado tras el cierre de escuelas provocado por la pandemia, dejando a millones de niños sin acceso a lo que, para muchos, era la única comida nutritiva del día. Esto ha interrumpido su disfrute del derecho a una alimentación adecuada, ha puesto fin a una década de crecimiento mundial en los programas de alimentación escolar y ha contribuido al aumento de la inseguridad alimentaria.

En el contexto de la pandemia y en el marco de la reciente Cumbre sobre sistemas alimentarios de las Naciones Unidas, se lanzó la Coalición de comidas escolares para revertir esta tendencia en 2030 y restablecer el acceso a estas redes de seguridad vitales. El grupo está integrado por más de 60 países, liderados por Francia y Finlandia, con el apoyo del PMA, FAO, UNICEF, UNESCO, OMS y otras organizaciones. La coalición tiene como objetivo impulsar la recuperación de los programas existentes, ampliar su cobertura para los más vulnerables y mejorar su calidad.

Estos compromisos surgieron ante el impacto de la crisis, pero no es la primera vez que los líderes alzan la voz para garantizar que todos los niños puedan acceder a alimentos nutritivos, seguros y adecuados.

Los programas de comidas escolares, junto con intervenciones complementarias como la educación alimentaria y nutricional, las políticas ambientales alimentarias y el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, han provocado cambios importantes para el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, en particular el derecho a alimentación adecuada. Pueden contribuir a combatir el hambre y mejorar la calidad de la dieta y las prácticas alimentarias de los niños. También pueden apoyar sus derechos a la salud y la educación, ya que fomentan la asistencia a la escuela y ayudan a prevenir el trabajo infantil. Especialmente en el caso de las niñas, ya que cuando se combinan con otras intervenciones específicas, estos programas pueden ayudar a reducir el riesgo de matrimonio infantil, embarazos precoces y violencia de género, a la vez que abordan el ciclo intergeneracional de desnutrición.

“Las políticas integrales de alimentación escolar basadas en derechos no solo fortalecen los derechos de los niños y las comunidades locales, sino que también pueden marcar una gran diferencia en el bienestar de las personas, las naciones y sus economías a largo plazo”, dijo Juan Carlos García y Cebolla, líder del equipo de la FAO sobre el derecho a la alimentación. “Pueden ayudar a reducir la pobreza y la desnutrición en todas sus formas, ayudando a los países a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus ambiciones climáticas”, agregó.

Los programas integrales de comidas escolares también pueden ayudar a otros grupos a disfrutar de sus derechos humanos. Por ejemplo, estos pueden empoderar a los pequeños agricultores o las mujeres productoras si se vinculan a programas de apoyo a la agricultura e iniciativas de mercado y adquisiciones locales.

Además, loa programas de comidas escolares que respetan el medio ambiente y la biodiversidad también pueden generar y promover prácticas de producción más sostenibles que ayuden a abordar los efectos del cambio climático, una serie amenaza para el derecho a una alimentación adecuada.

La aplicación de los estándares de derechos humanos en este tipo de programas requiere un enfoque inclusivo, multisectorial y multidisciplinario, que contempla varias áreas, como la agricultura, la salud, la educación y la protección social.

“Las comidas escolares y otros alimentos disponibles en la escuela representan una parte importante de la dieta de los niños y adolescentes en todo el mundo. Por lo tanto, es esencial que sean aceptables, deseables y estén alineados con sus prioridades nutricionales y las posibilidades del sistema alimentario local, a la par que todo el entorno alimentario escolar debe ser coherente con lo que los niños aprenden sobre dietas saludables. Definir pautas y estándares de nutrición para la alimentación escolar puede facilitar todo esto, que representa una herramienta clave para apoyar el derecho a la alimentación de este grupo de población vulnerable”, explicó Fatima Hachem, Oficial Superior de Nutrición de la FAO.

Varios instrumentos de derechos humanos establecen obligaciones para que los países implementen leyes y políticas que cumplan con los derechos del niño. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Observación General N. 12 del CESCR y la Convención sobre los Derechos del Niño. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación, adoptadas por el Consejo de la FAO en noviembre de 2004, también proporcionan recomendaciones de políticas relacionadas, incluso sobre nutrición, educación e inocuidad alimentaria