La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus familiares define los trabajadores migrantes como “toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”. Esta definición incluye a los trabajadores migratorios temporales (por ejemplo, los trabajadores temporeros en la agricultura).

Una definición similar de "migrante para el empleo" también es proporcionada por la OIT en el párrafo 1 del Convenio núm. 97 y constituye la base de las disposiciones de la parte II del Convenio núm. 143.

Según estimaciones recientes de la OIT, hay 150,3 millones de trabajadores migrantes en el mundo¹, de los cuales el 44,3% son mujeres². Sin embargo, en la industria bananera los trabajadores migrantes son predominantemente hombres. Esto se debe a su relativa capacidad de viajar de acuerdo con las responsabilidades familiares, y también debido a la discriminación de género en las oportunidades de empleo para las mujeres en la industria bananera. Los trabajadores migrantes constituyen una población particularmente vulnerable, especialmente cuando son indocumentados.

Ejemplos de perfiles migratorios en la industria bananera global:

• Haitianos en el noreste de la República Dominicana;
• Nicaragüenses en el noreste de Costa Rica;
• Indígenas panameños en el sur de Costa Rica;
• Peruanos del sur del Ecuador;
• Hondureños en Belice y Guatemala;
• Trabajadores de Burkina y Mali en el norte de Costa de Marfil;
• Nigerianos en el oeste de Camerún.

Desafíos enfrentados por los trabajadores migrantes en la industria bananera:

• Inseguridad en el empleo, teniendo mayores probabilidades de tener contratos temporales, menos competitivos (o contratos informales/orales) y mediante  arreglos laborales no convencionales, incluyendo los de trabajo casual³;
• Un poder de negociación mínimo para mejorar sus condiciones de trabajo, sobre todo porque los trabajadores migrantes tienden a ser menos propensos a afiliarse o a crear sindicatos debido al temor a la discriminación, la represión y la deportación (de nor estar documentados). Legislar las restricciones al derecho de los trabajadores migrantes o extranjeros a formar sindicatos o afiliarse a ellos, a menudo basados en requisitos de residencia y principios de reciprocidad, puede impedirles desempeñar un papel activo en la defensa de sus intereses⁴. Las barreras lingüísticas también pueden afectar en gran medida el poder de negociación de los trabajadores migrantes.
• Alojamiento temporal y sub-estándar.
• Acceso limitado o inexistente a la atención sanitaria y seguridad social local, lo que constituye un problema particular en la industria bananera debido a los riesgos significativos para la salud y la seguridad de los trabajadores⁵.

República Dominicana es el mayor exportador mundial de banano orgánico. Se estima que más de 30 000 trabajadores están directamente involucrados en la industria, de los cuales más del 65% son de origen haitiano (aproximadamente el 8% son mujeres), a pesar de que el Código de Trabajo dispone que los empleadores no podrán contratar mano de obra extranjera cuando ésta exceda el 20%, salvo casos puntuales que establece la ley.

El empleo de trabajadores haitianos⁵ en la producción bananera es un fenómeno relativamente reciente, que data del año 2000, como resultado del resurgimiento y expansión de la producción y exportación de banano.

En 2014, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), con el objetivo de legalizar el estatus irregular de los extranjeros residentes en la República Dominicana, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y fortalecer la seguridad nacional del país. Para 2016, se aprobaron cerca de 250,000 registros de extranjeros, de los cuales el 98% eran de trabajadores haitianos.

En el mismo año, una federación independiente de trabajadores rurales afiliada a la mayor confederación sindical del país (FEDELAC-CASC), con una tradición de organización de pequeños agricultores que ganaron sus tierras a través de programas de reforma agraria, comenzó a organizar a los trabajadores agrícolas, en particular en la industria bananera en las provincias de Montecristi y Mao. Estos nuevos sindicatos territoriales registrados en 2015 y 2016 incluyen a varios cientos de pequeños productores de nacionalidad dominicana organizados en un contrato de arrendamiento colectivo con un nuevo actor en la industria, pero también incluyen a varios cientos de haitianos que trabajan en docenas de fincas a través de la Línea Noroeste. La Federación desempeña un papel clave en la implementación del Plan de Regularización y el diálogo y negociación en curso para el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes (y no migrantes) en la industria.