Acabar con el hambre exige un liderazgo que convierta la innovación en un bien público duradero. Los gobiernos tienen la responsabilidad singular de configurar políticas, determinar inversiones y concebir instituciones que garanticen que los sistemas agroalimentarios ofrezcan alimentos asequibles y nutritivos para todos, especialmente ante las perturbaciones relacionadas con el clima, los conflictos y las conmociones económicas. Esto exige una actuación coherente e intersectorial que refuerce la gobernanza, erradique la pobreza y el hambre, reduzca las desigualdades, promueva la agricultura sostenible, amplíe el acceso a alimentos inocuos y nutritivos, defienda los derechos humanos y fomente el desarrollo sostenible.